Necesidad de límites

RAFAEL DOMINGO | Lo que hace unos años parecía ser un inimaginable escenario político en Italia se ha consumado. Silvio Berlusconi ha sido expulsado del Senado al ser condenado a cuatro años por fraude fiscal, de manera firme.

Debería ser esta noticia motivo de reflexión sobre los límites de la inmunidad de los representantes políticos en nuestra democracias representativas. El origen de la misma se remonta a la lucha de los representantes del Parlamento con el Rey en el caso de Inglaterra y la lucha de los Diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 y la Corte en Francia, para salvaguardarse de las acusaciones con las que les apartaban los poderes ejecutivos en cuanto no seguían sus postulados y deseos legislativos. En nuestro país, nuestro ordenamiento constitucional nos indica en el artículo 71 lo siguiente:

En los modernos sistemas democráticos la opción entre democracia directa y democracia representativa está definitivamente resuelta a favor de esta última. Sin excluir determinadas instituciones de aquella, el ejercicio de la soberanía popular se instrumenta fundamentalmente a través de los representantes. De esta manera los parlamentarios vienen a gestionar este depósito de la soberanía (art. 66.1) y, de manera mediata, actualizan derechos fundamentales de los propios ciudadanos (art. 23.1). Esta realidad innegable conlleva a dar la máxima importancia y realce a la función parlamentaria ejercida por los representantes o parlamentarios. Para asegurar esta función los diferentes ordenamientos constitucionales suelen diseñar un estatuto propio del parlamentario -más o menos amplio según los países- que tiende a reforzar y proteger el libre ejercicio de aquella. A este conjunto de instituciones (inviolabilidad, inmunidad, fuero, asignaciones, etc), que pueden darse conjuntamente o no, se le puede denominar como la esfera de protección personal de la representación.

Aquí es donde cabe la necesaria reflexión para saber ver que, en la actualidad, en un clima de desafección importante hacia el sistema político en su conjunto, y particularmente hacia determinados personajes públicos, cuya lista ya va siendo bastante extensa, estas normas de “protección personal de la representación” puede que sean percibidas por la ciudadanía como un conjunto excesivamente protector de comportamientos indignos con la necesaria virtud pública que debe ser exigida a nuestros representantes.

Podemos hacer un análisis paralelo con el caso reciente de la condena, también a cuatro años y por motivos fiscales, del que ha sido un muy perdurable cargo público en la Comunidad Valenciana, Carlos Fabra. Hay otros ejemplos, de diverso “pelaje político”, pero éste creo que sirve como corolario de la degeneración ética a la que se puede estar llegando en España, pues, habiendo sido acusado por delitos graves de trafico de influencias y cohecho, y solamente condenado por los delitos contra la Hacienda Pública, se ha jactado de ello, sintiéndose “muy satisfecho” por el fallo del tribunal.

Esta actitud, añadida a la previa y reiterada artimaña legal de retardar todo lo imaginable los procesos judiciales, conforman una visión pesimista de la aplicación de la Justicia en los casos en los que están acusados personajes públicos. Debiera ser perentorio introducir mecanismos de control, tanto internos como externos mucho más eficaces en los funcionamientos orgánicos de las instituciones públicas, así como en los partidos políticos, que aun siendo de carácter jurídico privado, tienen tanta importancia pública evidente, reconocida constitucionalmente, como hemos visto. Además, deberían buscarse las herramientas necesarias para articular una rendición de cuentas de los responsables electos mucho más acorde con lo que la ciudadanía exige, que no es solo el paso por el veredicto total de las urnas, cada cuatro años. La pulsión indignada de la calle podría ser motivo añadido para ver que es imprescindible dar pasos en este terreno, aprovechando la ventaja que aportan las nuevas tecnologías, en el momento histórico actual.

Lo que hace noticia del caso de Silvio Berlusconi o de nuestro paisano Fabra es que resultan ser casos excepcionales, sabiendo que no es habitual que gente tan renombrada e importante, acabe siendo “carne de banquillo”, y mucho menos, sentenciados por ser culpables de unos delitos fiscales. Encima, la ciudadanía se queda con la sensación de que se libran de mayores condenas debido a su “habilidad” en manejar los tiempos y los procedimientos.

Esta situación va en perjuicio del sistema en su conjunto, de manera clara, aunque también es cierto que aporta algún signo de esperanza, pues la impunidad absoluta, que es lo que persiguen determinados individuos, no se está produciendo por mucho que cada caso de los que tenemos noticias, parezca ir en contra de esa realidad. En este caso en concreto, parece que la Fiscalía Anticorrupción va a recurrir en casación la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, por entender que se ha cometido una “infracción de ley”, defendiendo su propuesta inicial de 13 años de condena por los delitos de cohecho, trafico de influencias y fraude fiscal.

Dejemos que la Justicia acabe su camino, pero ello no obsta para concluir que es necesario que los límites de la impunidad sean cada vez más estrechos, en todo lo referente al sistema democrático representativo, abriendo las posibilidades de un mayor y mejor control ciudadano. Todo lo que impida ese objetivo será motivo añadido para dar pábulo a los argumentos de los enemigos, no ya de la representatividad política, sino del mismo sistema democrático en general. Los signos de populismo y de mensajes que van en la línea de un neo-fascismo renaciente no permiten ninguna broma en estos temas.

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Rafael Domingo

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