Competitividad, Crisis Fiscal y Estado del Bienestar

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZEl estado del bienestar es insostenible, nos dicen en la prensa especializada. Y probablemente lo sea con las políticas que se están llevando a cabo desde los años 80, fruto del dominio de la escuela neoclásica, tanto en la política como en las universidades.

El rasgo principal de este pensamiento es el de conseguir inculcar en los gobernantes y la población que el Estado debe limitar su tamaño y actividad porque, de otra forma, el sector privado no puede crecer, generar riqueza y empleo. La paradoja de esta “verdad colectiva” es que la crisis económica, que se inició en 2007 y que prosigue en la actualidad, nos ha dejado pruebas más que evidentes de la falsedad de este razonamiento.

No es baladí esta limitación del Estado, ya que se elimina la posibilidad de que el Estado pueda destinar parte de sus recursos a generar actividad, ingresos y riqueza, así como le impide regular de forma efectiva evitando comportamientos indeseados en los mercados e incitando actividades socialmente deseables.

El principal problema al que nos enfrentamos es que, mientras que la desregulación del sistema financiero ha generado una alta inestabilidad económica desde los años 80, las políticas de austeridad, las políticas monetarias deflacionarias, han vaciado de herramientas a los Estados para hacer frente a las crisis. Los Estados no han impulsado la economía real cuando ha sido necesario, más allá de evitar el colapso financiero inyectando masivas cantidades de dinero en el sistema y rescatando bancos cuyas pérdidas han sido asumidas por los Estados.

Las políticas neoliberales han llevado a los Estados a la búsqueda de la competitividad mediante el abaratamiento de los costes de producción, centrándose principalmente en las bajadas de impuestos y las bajadas salariales. Desde esta perspectiva se compite preferentemente vía precios en lugar de especialización en productos de alto valor añadido. Esto lleva a los países a una carrera por la devaluación de sus condiciones sociales para poder competir con otras áreas económicas menos desarrolladas.

Esta situación genera un clima de competitividad fiscal entre Estados a la baja. Dicho de otro modo, el uso de la bajada de impuestos como una política que impulse el establecimiento de grandes empresas en dicho territorio. El problema de esta política de dumping fiscal es que cuando todos los estados de una misma región compiten entre sí de la misma forma, el resultado es una minoración de los ingresos públicos mientras que su competitividad relativa no aumenta.

Por otro lado, existe la tendencia a la competitividad vía bajada de salarios y precarización, lo que provoca la erosión de las bases de cotización, amén de condiciones laborales que generan insatisfacción en la población.

Tanto por la competitividad fiscal como por la competitividad vía bajada de salarios lo que resulta es una reducción de ingresos para cubrir los gastos necesarios para mantener el Estado del Bienestar.

Por este motivo, las reformas que han venido impulsando los distintos gobiernos pretenden adaptar el Estado del Bienestar al nuevo entorno. Esto no es otra cosa que menos Estado del Bienestar. Los resultados son una reducción importante de la cuantía de la prestación media en pensiones, disminución de la cobertura y cuantía de las prestaciones por desempleo, así como de la cobertura sanitaria y su no universalidad, junto con recortes indiscriminados en la partida asignada para la atención a la dependencia y educación.

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Los Estados del Bienestar fueron diseñados en una época en la que el papel del Estado era fundamental para la consecución del objetivo del pleno empleo, y se vinculó su evolución a la de un mercado laboral pujante. Sin embargo, en un contexto actual en el que el pleno empleo no es una prioridad para el Estado, sumado a la baja actividad económica, altas tasas de desempleo y envejecimiento de la población, el Estado del Bienestar se antoja insostenible.

Llegado a este punto nos preguntamos si para “salvar” el Estado del Bienestar hay que hacerlo irrelevante o, por el contrario, hay que cambiar las políticas de base.

Lo primero que hay que hacer es recuperar el papel del Estado, retornar a la idea de Estado fuerte cuyo objetivo principal es el pleno empleo. La prioridad debería ser que la población pueda desarrollar una vida digna y se generen los recursos necesarios para prestación de unos servicios públicos universales y gratuitos. De esta forma, recuperar la legitimación de un Estado activo.

Es necesario cambiar la perspectiva de forma que oriente la competitividad hacia una mayor inversión en educación y formación que generen trabajadores y empresarios cualificados capaces de adaptarse a las necesidades del entorno de forma responsable; unas políticas de I+D que impulsen la industria y una mejor disposición a competir en sectores de alto valor añadido; la inversión pública en infraestructuras que permitan a las empresas operar de forma más eficiente y una menor dependencia energética que abarate los costes de producción. El gasto social debe verse no sólo como un gasto, sino como una inversión, teniendo en cuenta el factor productivo de la inversión social.

La política fiscal es la principal herramienta de los Estados para conseguir este objetivo del pleno empleo. Partiendo de una política presupuestaria bajo los principios de suficiencia y sostenibilidad, la reforma fiscal progresiva debe de garantizar la financiación necesaria. Sin embargo, en un contexto en el que la globalización económica ha avanzado rápidamente mientras que la globalización política se ha quedado estancada es cada vez más difícil obtener dichos recursos. La ausencia de unos acuerdos fiscales mínimos a nivel supranacional impide que se puedan obtener ingresos vía impuestos a las multinacionales, que destinan ingentes cantidades de recursos a la elusión fiscal. Por lo tanto, parte importante de la solución a los problemas que se achacan al Estado del Bienestar viene por una fiscalidad común a nivel Europeo.

¿Cuánto habrá que esperar para que la Unión Europea de los primeros pasos hacia un Pacto Fiscal por el Estado Social Europeo?

 

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José Manuel González

Profesional economista con un perfil internacional y altamente tecnológico. Apasionado de la tecnología y la innovación, con interés en las energías renovables y la responsabilidad social corporativa. Me motiva la investigación y la política económica. Ser emprendedor es una necesidad vital. Especialidades: Economía, Tecnología, Consultoría, Ventas, Marketing, Responsabilidad Social Corporativa, Investigación, Economía de la Salud.

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