La Libertad Condicional en Derecho español

JORGE ALEXANDRE GONZÁLEZ | Se votaba en el mes de marzo, en el Parlamento Vasco una proposición no de ley (lo que podríamos llamar una propuesta general) para que se instase al cumplimiento de la ley en relación con la concesión de beneficios penitenciarios a presos condenados por delitos de terrorismo. Dejando al margen ahora las valoraciones políticas del resultado de la votación (en la que venció el no… parece ser que algunos no saben diferenciar hacer política de hacer cumplir la ley) lo que pretendo es hacer una brevísima revisión sobre el régimen penitenciario y el acceso a la libertad condicional en Derecho español. 

En España el régimen general penitenciario y la libertad condicional se encuentran regulados en:

1.- Constitución Española (CE): en realidad no establece más que un límite a las penas de prisión, el más conocido por la opinión pública, y es que las mismas tengan como objetivo la “reeducación y reinserción social” (art. 25.2 CE). Esta máxima se repite en la Ley Orgánica General Penitenciaria que señala que el “tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados” (art. 59.1 LOGP).

2.- Código Penal (CP): se limita a regular el acceso al beneficio de la libertad provisional y los períodos mínimos de permanencia en prisión (principalmente arts. 90 a 93 CP).

3.- Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y Reglamento Penitenciario (RP): ambas normas, con predominio de la primera, son el marco básico de la legislación penitenciaria en el ordenamiento jurídico español.

Sentadas estas bases intentaré dar una visión general del proceso de acceso a la libertad condicional en España:

1º – Al recluso, al entrar en prisión, se le impone un grado penitenciario.Generalmente el Segundo Grado (aunque podría ser calificado directamente en Tercer Grado). Esta decisión la toma Junta de Tratamiento del centro penitenciario en función de las condiciones del sujeto y de las disposiciones contenidas en la LOGP y el RP.

2º – Si cumple una serie de requisitos establecidos en la LOGP el preso puede progresar al Tercer Grado. Esta decisión la toma la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Los requisitos más importantes, además de un mínimo de cumplimiento en prisión son que “el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales”, junto a ello hay que observar otras cuestiones como “las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera” o “las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura”, “la estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición” (LOGP 72.5).

Además, en los casos de delitos vinculados al terrorismo se exige que los presos “muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades” (LOGP 72.6).

Cumplidas estas premisas, se podrá progresar al preso al Tercer Grado penitenciario, lo que implica un régimen de semilibertad, en general poder pasar el día fuera de la cárcel.

3º – Una vez en Tercer Grado, si cumple otra serie de requisitos esta vez recogidos en el Código penal, se le puede conceder la Libertad Condicional. Esta decisión la toma el Juez de Vigilancia Penitenciaria y exige el cumplimiento de una serie de requisitos: a) que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario; b) que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta; y c) que hayan observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social (art. 90 inciso 1º CP).

Además, en los casos de terroristas, en una redacción similar a la de la LOGP, el Código Penal establece que “se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades” (art. 90 inciso 2º CP).

La excepción de los enfermos graves para acceder a la libertad condicional:

El artículo 92.3 CP establece una excepción a todas las reglas anteriormente señaladas y es que si “el peligro para la vida del interno, a causa de una enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá, previa en su caso la progresión de grado, autorizar la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final”.

La progresión en grado a la que se refiere el Código penal (ya hemos visto que es necesario estar en tercer grado para acceder al beneficio de la libertad condicional) también se concede por un procedimiento excepcional ya que si existe peligro para la vida del interno, a causa de una enfermedad se puede pasar al Tercer Grado sin cumplir ningún requisito previo de los que hemos señalado anteriormente y tan solo con un informe médico (art. 104.4 RP). La determinación de la gravedad del enfermo debe partir de los supuestos recogidos en la Circular de Prisiones 1/2000 que son básicamente: 1) que el riesgo de muerte estimado sea superior al 10% en el plazo de un año o superior al 50% en cinco años, a pesar del tratamiento seguido; 2) que el preso presente un índice de Karnofsky (indicador que predice la evolución en pacientes cáncer) menor o igual al 50%; 3) que el recluso esté infectado por el VIH en diversos estadios (A3, B3 o C); y 4) cuando presente un trastorno psicótico crónico con actividad sintomática a pesar de haber seguido tratamiento durante más de seis meses, o con deterioro intelectual.

La jurisprudencia ha señalado que en estos casos no será necesario el cumplimiento de ningún otro requisito para conceder la libertad condicional más allá del informe médico que acredite el estado de salud. Es decir: ni será necesario el llevar cumplido un mínimo de la condena, ni el pago de los daños causados, ni en el caso de los terroristas haber pedido perdón o haber colaborado con la justicia. Esto es así en base a razones humanitarias, que se han justificado en que el cumplimiento de los principios de humanidad y el derecho a la dignidad de las personas tienen que predominar sobre cualquier otra consideración legal (interpretación del art. 10.1 CE), de tal forma que junto al derecho a la vida, la dignidad humana reclama el derecho a una muerte digna. Dice la jurisprudencia también que la pena no cumple ya la finalidad de resocialización del penado cuando este se encuentra en situación de grave enfermedad. Además puntualiza dos extremos importantes y es que no se puede interpretar que el enfermo grave e incurable es el que se encuentra en un estado preagónico y que el último periodo de la vida de un ser humano es el más difícil de afrontar física y psíquicamente y por ello exige unas condiciones emocionales, materiales y personales que son incompatibles con la situación de reclusión.

Votación del Parlamento Vasco sobre el cumplimiento estricto del CP y la LOGP (13/03/2014)

Resumiendo: la libertad condicional es el penúltimo paso (el último sería la libertad definitiva) de un camino penitenciario que todos los presos tienen el Derecho -no la obligación- de recorrer (hay presos que por su determina forma de ser o de actuar se pasan en Segundo Grado toda su condena). Cada etapa de este camino exige una serie de requisitos generales para todos los presos y, por la especial amenaza terrorista que ha sufrido nuestro país y la gravedad de los hechos derivados de la misma, en el caso de personas condenadas por terrorismo una serie de requisitos extras para poder avanzar en el camino penitenciario. Además, por motivos humanitarios, nuestro ordenamiento jurídico prevé un sistema excepcional de acceso a la libertad condicional.

En definitiva, cuando alguien, partido político, asociación o particulares piden, con razón, “que se cumpla la ley para la concesión de beneficios penitenciarios”simplemente están diciendo que se cumplan estos requisitos que he señalado. Vamos, que tampoco es para tanto, ni creo que debiera para dar excesivos debates políticos ni interpretaciones torticeras. Hay unos requisitos, bastante objetivos, y hay que cumplirlos. Sin más. Es cierto que lo mío es el Derecho y no tanto la política, pero de verdad que no entiendo como algunos políticos votan en contra de algo tan sencillo como hacer cumplir lo que dice la ley.

Para una visión general del Sistema Penitenciario Español recomiendo leer este enlace.

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Jorge Alexandre González (Madrid, 1985), es Doctor cum laude en Derecho por la UCM, así como Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos y Máster en Derecho Público. Experto en Compliance por la UC3M y la UPF, ha centrado su carrera en los ámbitos del Derecho penal y constitucional. Abogado de profesión, ha sido colaborador honorífico del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UCM y fue Secretario General de Grupo en el Congreso durante la X Legislatura.

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