Posible aplicación del artículo 155 CE ante los retos independentistas: Una mirada al pasado

JUAN JOSÉ ESCUDERO |

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. (Artículo 155 CE)

La constitución es nuestra Carta Magna, sí, pero además, es un ente blindado, una fortaleza jurídica inexpugnable gestada en el año 1978. Cualquier intento independentista, ya fuere catalán, vasco o extremeño choca frontalmente con este texto legal.

Ya en 1978, los llamados padres de la constitución decidieron hacer un texto duradero, asentado sobre “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” tal y como dice el artículo 2 CE. y con un sistema de modificación total o parcial tremendamente garantista en su Título X, así el artículo 168 CE, en un exceso, a mi entender, de salvaguardas legales exige para la modificación parcial o total de la Constitución, afectando esta al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, una aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes, tras la composición de la nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y por último exige, además, este artículo, el sometimiento a un referéndum para su ratificación.

Junto con el aperturismo democrático iniciado en 1976 con el nombramiento de Adolfo Suarez como Presidente del Gobierno, resurgieron en la escena política diferentes sujetos cuyo objetivo era, y sigue siendo hoy, la independencia de determinadas partes del Estado, en general, sin mucha contemplación ni respeto por el marco constitucional vigente; y en ocasiones con total desprecio por la vida de las personas y la construcción de una sociedad libre y en paz.

Ante esto, lo que nuestra Constitución ofreció fue un sistema unitario difícilmente expugnable dotado de herramientas tales como el mencionado artículo 155 CE.

Este, que complementa las facultades de control ordinario del artículo 153 CE, supone un plus de policía y control coercitivo ante un incumplimiento por parte de las instituciones de las comunidades autónomas ante el llamado Interés General. No fue novedad, ni mucho menos, este artículo 155 CE,  se inspira claramente en la figura de la llamada “coerción federal” (Bundeszwang), prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn[1]. Los textos son prácticamente idénticos lo cual resulta cuanto menos curioso. El legislador opto por una solución más light (permítaseme la expresión) que las adoptadas en las constituciones de otros ordenamientos jurídicos complejos como es el caso de Italia[2] (artículo 126) o Austria[3] que plantean en su intervención estatal o federal la suspensión e incluso supresión de los órganos territoriales en caso de conductas gravemente atentatorias contra la lealtad federal e institucional.

Así las cosas, en el marco jurídico, poseemos una herramienta que dota de plenipotencia con el beneplácito del senado para que, en última instancia, se acalle una desobediencia mayúscula y extraordinaria por parte de una determinada Comunidad Autónoma. Por suerte o por desgracia no ha sido utilizada desde que fue incluida en nuestra Constitución en 1978 y por tanto, la aplicabilidad y las repercusiones de la misma se mueven en el pantanoso terreno de la ciencia (jurídica)-ficción.

Remontándonos a la realidad histórica española, no nos encontramos en la actualidad exentos de ejemplos pasados sobre cómo tramitar crisis derivadas de la deslealtad de determinadas instituciones del Estado.Con las salvedades historico-políticas pertinentes y a pesar de encontrarnos ante ordenamientos jurídicos sumamente diferentes, podemos retrotraernos a la situación de Cataluña en 1934.

companys

El día 6 de octubre de 1934 el President de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán desde el balcón del Palacio de la Generalitat llamando a los catalanes al cumplimiento del deber y de la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat, que desde ese momento rompía toda relación con las “Instituciones Falseadas”.

Tras los posteriores actos bélicos por parte del Ejército, que culminaron con la rendición de Companys, el Gobierno Central optó por hacer recaer la Presidencia accidental de la Generalitat y todos los poderes del Consejo Ejecutivo en manos de militares y por Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de noviembre de 1934 se estableció la asunción por parte del Gobierno de la República de todas las funciones de Orden Público que habían sido traspasadas a la Generalitat el 15 de noviembre y 8 de diciembre de 1933 y 24 de enero de 1934.

Tras esta situación absolutamente excepcional, con posterioridad se fueron recuperando, por parte de Cataluña, las funciones autónomas de manera paulatina culminando éstas en febrero de 1936, en que se aprobó el Decreto-Ley de 26 de febrero, por el que se autorizaba al Parlamento de Cataluña reanudar su actividad y, por tanto, a designar un Gobierno para la Generalitat.

Estos hechos, que a pesar de las salvedades obvias nos suenan a todos familiares nos permiten elucubrar y tejer una red de posibles acontecimientos que dieran lugar a la aplicación de este artículo 155 CE.

  • Si el Presidente de la Generalitat llamase al pueblo catalán a la desobediencia institucional respecto a España, y, con ello, a la exigencia de sometimiento única y exclusivamente a un proto-estado catalán, de ser aceptada esta orden por la población catalana, estaríamos ante el perfecto ejemplo de manual para la aplicación del artículo 155 CE.
    • No hay que olvidar las responsabilidades que pudieran devenir de la vulneración de según qué intereses jurídicos y que provocare la aplicación del Título XXII del Código Penal (de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del estado y relativos a la defensa nacional.)
  • Aunque por suerte resulta una posibilidad remota, cabe recordar que el primer escollo con el que esta decisión se encontraría, partiría de la posible acción bélica, invocada al albur del artículo 2 y que, bajo el mando de Felipe VI, actual Rey de España (puesto que es el Mando Supremo conforme a lo establecido en el artículo 62[4] CE) podría devenir en una trágica acción ofensiva por parte de las Fuerzas Armadas con el objetivo de garantizar esa unidad indisoluble del Estado. Esto podría tener dos consecuencias lógicas, el ejército podría acallar por siempre el sentimiento del pueblo catalán o por el contrario sería el revulsivo perfecto para magnificar el sentimiento de exigencia de una libre determinación de Cataluña.Son sobradas las razones éticas, políticas y lógicas que pudiéramos esgrimir en contra del uso de la fuerza militar, pero no es objeto de esta elucubración alcanzar dicha meta.
  • Dejando de lado esta poco recomendable actuación militar, podría el Presidente del Gobierno central invocar entonces el artículo 155 CE y, tras no haber sido escuchada su prédica por parte del Presidente de la Generalitat, o de haber sido escuchada, no haberse tenido en cuenta, podría solicitarse esa plenipotencia coercitiva al Senado que, tras aprobar por mayoría absoluta la invocación del artículo, daría carta blanca al Gobierno de España para efectuar, a mi entender, estas posibles medidas:
  • En primer lugar, y al igual que pasó en 1934 podría España retrotraer cualquier actividad encaminada a la vulneración de ese interés general, derogando aquella normativa que fuera en contra de los intereses del Estado, llegándose a una situación previa al devenir de los acontecimientos.
  • También podrían producirse cambios en aquellos organismos relevantes, pudiendo nombrar cargos el Gobierno de España de manera excepcional durante este periodo convulso, destituyendo a aquellas personas o suprimiendo aquellos organismos que chocasen frontalmente con el interés general.
  • En tercer lugar, se podría disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones de nuevo, siendo esto un arma de doble filo que podría llevarnos de nuevo a la situación original y repetirse de nuevo todo lo anteriormente citado.
  • En cuarto lugar, y puesto que no existe precepto legal alguno que lo imposibilitare, podría el Gobierno de España suspender temporalmente la autonomía de Cataluña, recuperando las competencias que se hubieren venido derivando y centralizando todos los poderes en el Gobierno del Estado. Con el tiempo, al igual que ocurrió con los hechos de 1934, podría gradualmente proceder a la “reautonomización” de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Sin duda el panorama que resulta de la aplicación del artículo 155 es desolador e incierto. Máxime cuando parece que la única respuesta que puede dar ante un conflicto de estas magnitudes es una mordaza temporal que difícilmente podría paliar los problemas actuales.

No obstante, y volviendo a lo dicho al comienzo, el duro cascarón que protege nuestra Constitución de una posible modificación, obligaría a la búsqueda de un consenso forzado y necesario para dar cabida a todos ante los nuevos retos que plantean los nuevos tiempos.

[1]Artículo 37. Si un Land no cumpliere los deberes federales que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el Gobierno Federal, con la aprobación del Bundesrat, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Land al cumplimiento de dichos deberes por vía coactiva federal. Para la ejecución de las medidas federales coactivas, el Gobierno Federal o su representante tiene el derecho de impartir instrucciones a todos los Länder y a las autoridades de los mismos

[2]Artículo 126.Se acordarán por decreto razonado del Presidente de la República la disolución del Consejo Regional y la remoción del Presidente de la Junta que hayan realizado actos contrarios a la Constitución o incurrido en violaciones graves de la ley. Podrán así mismo la disolución y la remoción ser acordadas por razones de seguridad nacional.El decreto se adoptará, oída una Comisión de diputados y senadores constituida para las cuestiones regionales, según las normas establecidas por ley de la República.

Podrá el Consejo Regional expresar su desconfianza en el Presidente de la Junta por medio de moción razonada, firmada por la quinta parte, como mínimo, de sus componentes, y aprobada por la mayoría absoluta de los componentes. La moción no podrá ser discutida antes de haber transcurrido tres días de su presentación.Se considerarán dimitida la Junta y disuelto el Consejo por aprobación de la moción de

desconfianza en el Presidente de la Junta elegido por sufragio universal y directo, así como por remoción, impedimento permanente, muerte o dimisión voluntaria del mismo.El mismo efecto surtirá en todo caso la dimisión conjunta de la mayoría de los componentes del Consejo.

[3]Artículo 100.Toda Dieta Regional podrá ser disuelta, a instancias del Gobierno federal y con la aquiescencia del Consejo federal, por el Presidente federal. La conformidad del Consejo Federal se acordará en presencia de la mitad de sus componentes y por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. No podrán tomar parte en la votación los representantes del Estado cuya Dieta Regional se trate de disolver.

[4]Artículo 62. Corresponde al Rey H) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

BIBLIOGRAFÍA:

  • García de Enterría, Eduardo
    La ejecución autonómica de la legislación del Estado / Eduardo García de Enterría.–1ª ed–Madrid :Civitas, 1983
  • Muñoz Machado, Santiago
    Derecho público de las comunidades autónomas / Santiago Muñoz Machado.–1ªed–Madrid :Civitas, 1982-198
  • Tolivar Alas, Leopoldo
    El control del Estado sobre las comunidades autónomas / Leopoldo TolivarAlas ; prólogo por Eduardo García Enterría.–Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local, 1981
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Juan José Escudero

Juan José Escudero Martínez, nacido en Pravia (Asturias) en 1989. Vicepresidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés y codirector de la revista digital El Sol de Pravia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Jurisprudente y Abogado colegiado en Ilte. Colegio de Abogados de Madrid.

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