A propósito del proyecto de reforma del Código Penal: el delito de financiación ilegal de partidos

JORGE ALEXANDRE GONZÁLEZEn el frenético debate político y social sobre la corrupción que vivimos a diario, llama la atención que hasta hace pocas fechas no se haya planteado de forma seria y razonada la estructura y alcance que debería tener un hipotético delito de financiación ilegal de partidos políticos. Aprovechando la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos en el Congreso de los Diputados, así como el de Reforma del Código penal, se abre la puerta a la introducción definitiva de este tipo penal. Y es que, observando la realidad que nos rodea y los múltiples casos de corrupción, lo que otrora pudiese verse como una medida populista hoy en día parece que es, a todas luces, necesaria.

De hecho, aunque poco se ha reflexionado desde esta perspectiva, en el caso de las sociedades de capital privado, aunque con otras nomenclaturas, siempre ha existido la persecución de actividades que suponían una financiación ilegal de las mismas. Muy diversos tipos del Código penal responden, en parte, a la necesidad de controlar el patrimonio de compañías privadas, desde aquellos destinados a controlar la adecuada relación con la Hacienda pública, hasta los que persiguen el blanqueo de capitales, pasando por los delitos de fraude a la seguridad social o el falseamiento de las cuentas de las entidades. En todos estos casos se trata de perseguir aquellos comportamientos gracias a los cuales una empresa obtiene un beneficio patrimonial (financiación) realizando actividades delictivas que perjudican los intereses de terceros. Intentan, en definitiva, poner las herramientas necesarias para alcanzar los ideales de justicia y equidad.

En el caso de los partidos políticos, además de poder darse la mayoría de los supuestos delictivos anteriores, cuando actúan de forma contraria a los intereses generales se produce lo que yo llamaría un plus de peligrosidad en sus acciones. Este plus deriva fundamentalmente de dos cuestiones diferenciadoras que atañen exclusivamente a los partidos políticos. La primera de ellas es la relacionada con el hecho de que la mayor parte de su financiación legal proviene directamente de las arcas del Estado. Viven, como se suele decir, de los Presupuestos Generales del Estado, de los impuestos de los ciudadanos. La segunda cuestión diferenciadora, teóricamente más relevante, es la relativa al papel fundamental que juegan en el Estado Social y Democrático de Derecho. Debido a ello es lógico pensar que al igual que la existencia y relevancia de los partidos políticos se enraíza en la propia Constitución (art. 6 CE), este último hecho determina que sobre esos mismos partidos políticos deba ultimarse una sistema de garantías que permita su control y un desempeño acorde a la importancia de sus funciones. Así, existe una Ley de Partidos que encomienda al Ministerio de Interior su inscripción tras la verificación de una serie de requisitos o una Ley de Financiación de Partidos Políticos que encomienda al Tribunal de Cuentas que supervise su actividad financiera; pero -al margen de algunas excepciones ligadas a la ilegalización de partidos-, nunca ha existido un nivel de protección penal contra actividades especialmente graves llevadas a cabo en el seno de los mismos.

En esta línea, cabe preguntarse qué extremos deben ser revisados, en sede penal, para colmar este vacío, llevando a la legislación penal aquellos supuestos en los cuales un partido político ha obtenido un beneficio económico de forma irregular. Llevar al ordenamiento jurídico-penal estos supuestos, lejos de vulnerar el principio de mínima intervención, garantiza la igualdad de oportunidades de los partidos políticos y una competencia sana entre los mismos, gracias a la cual pueda construirse una democracia de alta calidad. No es, por tanto, un problema de ‘mera contabilidad’ o de ‘riqueza del partido’; sino que la financiación ilegal de un partido político, en los casos más graves, atenta contra la esencia misma de la Democracia, es decir, la oportunidad de todo grupo de ciudadanos, constituidos como partido, de acudir en condiciones de igualdad a los procesos electorales.

De esta forma, parece que una propuesta legislativa articulada en este sentido debe tener presente diversas situaciones que la realidad ha demostrado perfecta y desgraciadamente posibles. En primer lugar parece idóneo tipificar como delito que los responsables de los partidos políticos, su tesorero o el propio partido cuando se le traslade la responsabilidad penal, acepten donaciones, condonaciones u operaciones asimiladas que ya estén previstas como infracción administrativa de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, cuando se sobrepase de forma grave el límite permitido en la citada Ley. Se utilizaría en este caso un sistema similar al de los delitos contra la Hacienda pública, de tal forma que no todas las donaciones ilegales serán penalmente relevantes, sino aquellas que superen significativamente las cantidades permitidas, dejando para el régimen administrativo sancionador aquellos casos en los que la donación ilegal sea cuantitativamente inferior.

Sería necesario abordar, en segunda instancia, la respuesta penal ante otros hechos estrechamente vinculados con el anterior, tales como el falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, la llevanza de doble contabilidad o, finalmente, que se hayan cometido irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del partido. En definitiva, lejos de improvisaciones innecesarias se trataría de extender la estructura de los delitos societarios, consolidada tanto en nuestro Código penal como en los países de nuestro entorno y aplicar sus previsiones a las cuentas de los partidos políticos como si de otras sociedades se tratase.

Finalmente, y ante la posibilidad de que el partido político o sus dirigentes fuesen capaces de escapar al control anterior, cabría la introducción de un supuesto destinado a castigar el hecho de que, a posteriori, se demostrase la existencia de cuentas o patrimonio (en España o en el extranjero) que no se encontrasen debidamente recogidos en la contabilidad del partido y cuyo origen además no se pueda justificar en función de la actividad habitual del partido, su régimen de financiación o los informes del Tribunal de Cuentas.Como se observa este supuesto exigiría que se cumpliesen dos requisitos: 1) la no declaración del patrimonio por parte del partido y 2) la imposibilidad de justificar el origen de dicho patrimonio. De esta forma se colmaría el principio de mínima intervención ajustando la respuesta penal proporcionalmente no sólo al hecho de no declarar unos bienes que debieron ser declarados, lo que podría suponer una infracción de carácter administrativo, sino además que, en función de la actividad del partido, no se pueda justificar el origen de los mismos.

Todos los supuestos expuestos resultan complementarios a fin de penalizar las llamadas ‘Cajas B’ de los partidos políticos que tanto han dado que hablar en los últimos años. De tal manera que si el primer supuesto persigue evitar donaciones significativamente irregulares, el segundo supuesto tipifica la llevanza de una doble contabilidad y el tercero se encarga de tipificar la existencia de un patrimonio oculto no justificado.

Un texto articulado además, debería prever la forma de asignación de responsabilidad en función de la descentralización orgánica y territorial de los propios partidos, algo habitual en grandes partidos políticos. Así, cabría determinar que si un partido político funciona con plena autonomía financiera en una parte del territorio -típico en los partidos políticos- serán los miembros de esa dirección territorial o los encargados de la tesorería de esa parte del partido los responsables del delito de financiación ilegal. Esta medida de asignación de responsabilidad estaría matizada de tal forma que si los miembros de la dirección jerárquicamente superior hubiesen permitido, participado u ocultado dicha financiación ilegal éstos serían igualmente responsables.

Finalmente, la propuesta debe tipificar expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, que si la financiación ilegal pudiese achacarse a una absoluta falta de control del propio partido político en su conjunto, éste podría ser condenado por los delitos anteriores a penas que, en la línea de los delitos societarios, irían desde el pago de una multa hasta la disolución del propio partido, pasando por la inhabilitación para obtener subvenciones públicas.

Desde un punto de vista crítico, la mayor duda se suscita en el lugar en el cual deberían introducirse estos tipos penales dada la desgastada estructura de nuestro Código penal, o incluso si deberían ser delitos especiales previstos y penados en la propia Ley de Financiación de Partidos, a semejanza de lo que ocurre con los delitos electorales recogidos en la Ley Electoral; cuestión por otra parte bastante excepcional en nuestro Derecho penal. Esta discusión, que podría suscitar una extensa reflexión, no puede escindirse del debate relativo a la situación actual en la que se encuentra nuestro Código penal de 1995 que, tras alrededor de una treintena de reformas, ha quedado absolutamente superado por la realidad penal del siglo XXI, ya no sólo en cuanto al catálogo de acciones punibles, sino a su propia esencia: su estructura y buena parte de sus principios rectores originarios han sido fuertemente modificados. Todo ello hace difícil compatibilizarla exigencia de una escrupulosa técnica legislativa, como sería deseable, con la necesidad de regular ciertas situaciones con las que no contaba el legislador de 1995.

En todo caso, y en conclusión, la regulación del delito de financiación ilegal de partidos políticos al margen de su mejor ubicación, debe ser capaz de cubrir todos los aspectos fundamentales reclamados por la sociedad. A saber, el falseamiento de cuentas, la existencia de un patrimonio no declarado dentro o fuera de nuestras fronteras y la posibilidad de que sean los propios partidos políticos los responsables de estos tipos penales. Es, en definitiva, una reforma lógica y cada vez más fuertemente reclamada por la sociedad.

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Jorge Alexandre González (Madrid, 1985), es Doctor cum laude en Derecho por la UCM, así como Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos y Máster en Derecho Público. Experto en Compliance por la UC3M y la UPF, ha centrado su carrera en los ámbitos del Derecho penal y constitucional. Abogado de profesión, ha sido colaborador honorífico del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UCM y fue Secretario General de Grupo en el Congreso durante la X Legislatura.

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