Función de compliance y partidos políticos en España

JORGE ALEXANDRE GONZÁLEZ | Tiende a confundirse en España los conceptos de compliance y de cumplimiento normativo. Sin entrar ahora en disquisiciones sobre el alcance de un concepto u otro, y con el objeto de entender mejor las siguientes líneas, cabe señalar que el compliance es ‘algo más’ que el cumplimiento normativo. Es, en realidad, el sometimiento a aquellas normas de origen legislativo, pero también a aquellas otras autoimpuestas, derivadas de unos estándares superiores a los exigidos por la ley. Frente al concepto clásico de Derecho positivo (hard law), se añade el cumplimiento ético, la responsabilidad social corporativa, etc. (soft law).

Compliance

Sentada esta base simplificada del contenido de la función de compliance parece sencillo deducir que en el ámbito de los partidos políticos esta función se desarrolla -primitivamente-en muy diversos ámbitos. Los partidos tienen que observar una serie de aspectos puramente normativos, como pueden ser los relativos a su financiación, la protección de datos personales de sus afiliados y simpatizantes o, más recientemente, la prevención penal. Junto a estas previsiones se empiezan a implantar otra serie de compromisos de autocumplimiento que no vienen exigidos por las normas vigentes. Así comienzan a desarrollarse códigos éticos o de buenas prácticas, que junto a las normas de Derecho positivo, elevan los estándares exigidos por las mismas y tratan de completar, dentro del partido, la función de compliance desde un punto de vista teórico (la exigencia de dimisión a un cargo público del partido imputado por corrupción sería un ejemplo clásico de este segundo grupo, pues no es una previsión legalmente establecida, pero sí autoimpuesta en algunos partidos políticos). Hasta el momento no todos los partidos han desarrollado estos códigos éticos, y dentro de los partidos que sí han desarrollado estas normas internas encontramos códigos muy sencillos y otros bien desarrollados.

En todo caso, decimos que la función está ‘teóricamente’ presente en los partidos políticos porque hoy por hoy -en la práctica- no existe una verdadera función de compliance dentro de los mismos que pueda ser denominada como tal y tampoco existe en el seno de los mismos un chief compliance officer responsable de la misma. En cambio, lo que sí existe son una suerte de normas y procedimientos dispersos que afectan a unas u otras cuestiones, a veces de carácter imperativo -especialmente si se tratan de obligaciones derivadas de la ley- y otras de carácter autoimpuesto -derivadas de esas normas de soft law– y que en el mejor de los casos son supervisadas por diferentes responsables, generalmente sin una estructura jerárquicamente definida, y todo ello cuando no son directamente ignoradas en el seno del partido (caso del imputado por corrupción que no es obligado a dimitir, o es recolocado en otro cargo, contraviniendo el propio código de buenas prácticas del partido).

Por poner un ejemplo de esta ‘desorganización’, la última reforma de LO 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos establece que el responsable de la gestión económico-financiera tendrá como obligaciones la elaboración de las cuentas anuales y su presentación ante el Tribunal de Cuentas, la supervisión de los responsables de la gestión económico-financiera de nivel autonómico y provincial y las funciones en materia de ordenación de pagos y autorización de gastos que en su caso señalen los estatutos del partido (art. 14 bis 4 LO 8/2007). Tendrá, por tanto, una clara posición de garante sobre los posibles delitos de financiación ilegal que se pudieran cometer en el seno del partido de acuerdo con la nueva redacción del artículo 31 bis del Código penal. Ejercerá, en una cuestión muy específica, como compliance officer en el ámbito de la financiación ilegal y otros delitos conexos. En cambio carecería de sentido que esta misma persona respondiera en condición de garante de todos los tipos penales aplicables a un partido político o a sus miembros. Basta imaginar al concejal de un partido determinado que recibe una dádiva para tomar una decisión en uno u otro sentido; o el responsable del fichero de afiliados o simpatizantes que revela información sensible de este fichero incurriendo en un delito de revelación de secretos. Estos actos quedarían claramente fuera de su labor de control.

Ello no obsta, como es lógico, para que el partido deba cumplir las previsiones del artículo 31 bis en cada área que pueda resultar afectada en el seno del partido. El problema se deriva de que sin la existencia de una función de compliance debidamente organizada, el control puede devenir en una tarea compleja, ineficiente y, en el peor de los casos, descontrolada, de tal forma que acarre en un futuro una sanción penal para el propio partido. En todo caso, es importante añadir a esto, que no sólo las sanciones penales pueden evitarse con una función de compliance debidamente implementada. Tener un sistema de compliance completo puede evitar, por ejemplo, daños reputacionales al partido derivados de un sistemático incumplimiento de obligaciones éticas, que pueden tener tanta o más relevancia en el mismo que una condena penal.

En definitiva, duplicidades, ausencias de control o desconexiones entre departamentos que vienen poco a poco corrigiéndose en el ámbito empresarial privado creando una verdadera función de compliance, apenas han comenzado a ser corregidas en el seno de los partidos políticos. Por ello, sería conveniente que los partidos políticos comenzasen por establecer sistemas para la gestión del cumplimiento (CMS por sus siglas en inglés) conforme a estándares generalmente aceptados, y organizar en el seno de los mismos una verdadera función de compliance, independiente y convenientemente dotada en recursos materiales y de personal, más si cabe cuando una parte sustancial de los recursos económicos de los que se nutren provienen de fondos públicos, y los legítimamente interesados por sus actividades, al contrario que en las empresas privadas, pueden llegar a ser eventualmente todos los ciudadanos.

Si entidades privadas cuyos intereses no dejan de ser particulares establecen este tipo de políticas de control y cultura de compliance, los partidos políticos -que forman parte esencial de nuestro sistema constitucional y realizan funciones básicas de canalización de la participación ciudadana- deben seguir ese mismo recorrido, sentando las bases de un sistema de control y responsabilidad de los partidos políticos -y sus miembros- en lo que podríamos denominar una arquitectura democrática del siglo XXI.

 

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Jorge Alexandre González (Madrid, 1985), es Doctor cum laude en Derecho por la UCM, así como Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos y Máster en Derecho Público. Experto en Compliance por la UC3M y la UPF, ha centrado su carrera en los ámbitos del Derecho penal y constitucional. Abogado de profesión, ha sido colaborador honorífico del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UCM y fue Secretario General de Grupo en el Congreso durante la X Legislatura.

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