La regulación de las encuestas electorales

ley-encuestasANNA-CLARA MARTÍNEZ | El artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) regula las encuestas electorales y establece la normativa aplicable entre el día de la convocatoria de las elecciones y el día de la celebración de las mismas.

El apartado primero del citado artículo dispone que aquellos que realicen encuestas o sondeos, deberán incluir en su publicación la siguiente información de carácter obligatorio:

  • Órgano encargado de realizar el sondeo o la encuesta.
  • Características del sondeo o de la encuesta: sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y la fecha de realización del trabajo de campo en cuestión.
  • El texto íntegro con las cuestiones que se han formulado y el número de personas que no han contestado a las mismas.

Por otra parte, la Junta Electoral Central es el órgano encargado de velar porque los datos e informaciones de los sondeos y encuestas publicadas sean ciertas y no contengan ningún tipo de falsificación, ocultación o modificación deliberada, así como que presenten el contenido obligatorio. De este modo, si hubiese algo que rectificar, los medios informativos que hayan difundido o publicado el sondeo en cuestión están obligados a, en un plazo de 3 días, efectuar las rectificaciones requeridas por la Junta Electoral Central, anunciando el motivo de las mismas. No obstante, si existe disconformidad con la resolución emitida por la Junta Electoral Central, esta puede ser impugnada, mediante recurso, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.

Finalmente, dispone la LOREG que, durante los cinco días anteriores al de las elecciones, está prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación. Igualmente, si algún organismo dependiente de las Administraciones Públicas realiza, en periodo electoral, encuestas sobre intención de voto, los resultados deben ser puestos en conocimiento de las entidades políticas concurrentes a las elecciones en el ámbito territorial que abarcare la encuesta en un plazo de 48h, si así se solicitase.

El hecho de limitar la publicación de encuestas hasta los 5 días previos a las votaciones, es un tema que no ha estado exento de polémica. En países europeos como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda o Reino Unido, entre otros, dicha prohibición no existe. En Estados Unidos, tampoco. Es más, en Estados Unidos no existe ninguna regulación acerca de la publicación de encuestas. Los ciudadanos ya saben, en su mayoría, distinguir entre cuáles son aquellas encuestas buenas o cuáles son mediocres, existiendo, igualmente, páginas web que otorgan una nota o valoración sobre la calidad a la encuesta o sondeo publicado.

Lo que esta prohibición conlleva es que, a pesar de que no se permita la publicación, la realización de encuestas y sondeos continúe efectuándose. Por tanto, sólo una parte pequeña de la población tendrá acceso a los mismos, es decir, la compañía o casa de sondeos que los realice y el partido político que los encargue, así como aquellas personas a las que el partido decida remitirles dicho sondeo o dicha encuesta. Además, como en la LOREG no se prevé nada sobre Internet, otra parte de público puede lograr tener acceso a encuestas de su territorio publicadas en medios de comunicación de otros países, desconociendo su fiabilidad o garantías. Aun así, esto resulta discriminatorio pues estos datos sólo son accesibles a un pequeño colectivo de la población y, entre partidos competidores, también resultan desiguales ya que sólo aquellos con buena financiación consiguen tener sondeos los cinco días previos a los comicios electorales. Finalmente, los medios de comunicación nacionales también salen perjudicados pues, al no poder difundir ningún tipo de sondeos o encuestas, los medios de comunicación extranjeros adquieren más ventaja.

Por tanto, consideramos que en este sentido la LOREG debería ser revisada para poder establecer una posible actualización de esta prohibición.

 

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Anna-Clara Martínez Fernández

Licenciada en Derecho (Universidad Pompeu Fabra), licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en Abogacía (Universidad de Barcelona) y Máster en Política y Democracia (UNED). Actualmente, trabajando de abogada especializada en derecho administrativo y colaborando en distintas publicaciones. Tiene especial interés por los temas de comportamiento electoral y de educación.

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