La realidad del trasvase Tajo-Segura

GUSTAVO MARTÍN | N-320. Lunes 24. Una caravana de unos 150 coches recorría la distancia comprendida entre los municipios de Sacedón y Alcocer. Pitidos y cientos de gargantas acompañaban el trayecto al filo de la tarde. Y es que, por segunda vez en un mes, la recién constituida Plataforma Ciudadana en defensa de los embalses de Entrepeñas y Buendía volvía a movilizar a los vecinos de la comarca. ¿La razón? La de siempre. Los pantanos están secos. El transvase Tajo-Segura ha dilapidado los recursos hídricos de la zona y amenaza con desecar el río en su parte media. 

Al final del recorrido, en la plaza de Alcocer, los convocantes leían un manifiesto. En él  hacían constatar que solo son ciudadanos que piden sus derechos tras 35 años de mala gestión y un modelo de desarrollo del que Levante disfruta a su costa. Pero ese dato, el de 35 años, no es solo el del principio de lo que lo que a priori parece una agonía vecinal. También es el punto que marca la culminación de un proyecto desacertado que se remonta a los años 30, en plena Segunda República.  

Allí, el que fuese Ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, defendió la necesidad del trasvase Tajo-Segura conforme el proyecto de Manuel Lorenzo Pardo. El objetivo planteado por el ingeniero madrileño era el de erradicar y potenciar los desequilibrios hidrográficos existentes entre la España húmeda del Norte y la España seca del Sur. Pero la falta de presupuesto y, sobre todo, el estallido de la Guerra Civil fueron dos de los detonantes que impidieron su construcción.

Con el crecimiento económico del Estado tras la posguerra, el proyecto retomó nuevamente el interés de la autoridad. En la dictadura tecnócrata, la idea de un gran acueducto que conectase el Tajo con Levante volvió a rondar la alta esfera administrativa, acrecentándose ésta con la construcción de los embalses de Entrepeñas y Buendía para nutrir de energía a Madrid.

Finalmente, en 1969,  comenzaron las obras de lo que sería un proyecto de ingeniería hidráulica previsto para una realidad hídrica muy diferente a la de nuestros días. Y es que, el trasvase, que pensaba trasladar 600 hectómetros cúbicos anuales de agua y llegar en una segunda fase a los 1000, no contemplaba, entre otros factores, la posibilidad del descenso de la aportación pluviométrica que en los años sucesivos sufriría la península. Así, en 1971, y obviado cualquier modelo de validación científica, quedó aprobada la llave legal para que el proyecto pudiese arrancar sin ningún tipo de traba. Una norma, la 21/1971, que consideraba a la cuenca del Tajo como “excedentaria”.

Un mes de marzo de 1979, con Joaquín Garrigues a la cabeza del ministerio de Obras Públicas, el agua partía desde la cabecera del Tajo a 292 kilómetros al sur. El lanzamiento de una botella de champan contra un muro de hormigón se convirtió en el símbolo de la inauguración de un proyecto que con los años traería problemas sociales, económico y sobre todo ecológicos para la cabecera del  Tajo y una parte importante de su cuenca. 

Treinta años después de aquello, el libro ‘Tajo. Historia de un río ignorado’ así lo constataría, mostrando datos alarmantes de lo que para muchos expertos empieza a parecerse a lo sucedido en el mar de Aral. El riguroso trabajo llevado a cabo por los científicos, destacaba entre otras pesquisas como la cabecera del río había perdido desde que se planificó la obra un 47% de sus aportaciones. 

Pero todo no quedaba ahí. En la misma línea, otras publicaciones incidían en el origen de tal descenso subrayando hechos cuanto menos desatinados. Así, en el curso 2013-2014, según las fuentes aportadas, fueron trasvasados aproximadamente unos 474 hectómetros cúbicos. Ese mismo año, las aportaciones que recibieron los embalses de Entrepeñas y Buendía fueron de 734 hectómetros cúbicos. De esta forma, del total del agua que llegó a los pantanos pasó mayor cantidad por la tubería del acueducto que por el propio río.  

A golpes con la leyes

“No me van a doblegar defendiendo el derecho de la población de mi región a beber”,  dijo a la salida de una reunión en el ministerio de Obras Públicas el que fuese presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Y es que en el verano de 1994, en un periodo de intensa sequía para la península, la situación del trasvase había provocado otro conflicto más entre las comunidades de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia.

Entonces, el ministro del ramo, Josep Borrel, intentó mediar para que las tres comunidades gobernadas por los socialistas llegasen a un acuerdo. Pero poco o nada se consiguió de aquellos intentos.

Tendrían que pasar unos años y unos cuantos quebraderos de cabeza  más para que el Partido Popular, en 2013, cerrase el conflicto en falso con el conocido Memorándum del Tajo. Un acuerdo aprobado sin debate parlamentario, firmado en secreto y contemplado fuera del Plan Hidrológico del Tajo que en ese momento estaba en fase de información pública.

El citado Memorándum, que fue convenido entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha,  Valencia, Extremadura, Madrid y Murcia, todas gobernadas por el PP, y el Gobierno Central, también en manos del PP, establecía entre otras normas la de un caudal mínimo de 400 hectómetros cúbicos —240 era la reserva de agua exclusiva anterior— en los embalses de Entrepeñas y Buendía para que el agua pudiese ser trasvasada. Además, según la ley, en el caso de que no se cumpliese la cantidad de agua a trasvasar los regantes levantinos tendrían que ser indemnizados.

Pero aquel acuerdo, incluido en la Ley de Evaluación Ambiental, fue tumbado por el Tribunal Constitucional. Las Cortes de Aragón interpusieron un recurso al quedar fuera del pacto y no contar con que por su territorio concurría una mínima parte de la cuenca del Tajo. Así, la magistratura declararía nulos cinco de los siete puntos recurridos. Entre ellos la disposición final tercera, la que declaraba excedentaria toda el agua por encima de 400 hectómetros.

Pero  ni una cosa ni otra paró la intencionalidad y de esta forma, la controvertida Ley de Montes dejó un hueco para que finalmente fuese estampado y de tapadillo el núcleo principal de lo que fuera el Memorándum. Ni la realidad del momento, ni el Tribunal Constitucional pudieron bloquear así la ruta marcada por el Gobierno de Mariano Rajoy en cuanto a la vida y uso del Tajo-Segura.   

Un verano difícil

El río Tajo da cobertura hídrica a diez millones de personas, siete en España y tres en Portugal. El descenso de su caudal no solo ha afectado a la cabecera del río, sino que también a toda la cuenca. A su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina los niveles de caudal, en mínimos históricos, han provocado que los horizontes de contaminación se disparen.

En este verano, los embalses de la cabecera del Tajo estaban ya por debajo de los 400 hectómetros cúbicos (límite permitido para traspasar), cuando ambos pantanos cuentan en su conjunto con una capacidad de 2.443 hectómetros cúbicos. El 15,9 % del total de su capacidad, de la que buena parte la constituyen sedimentos y fangos, está muy por debajo del 47% que en agosto marcaban los embalses del Segura. Según estadísticas de la confederación hidrográfica, la reserva era unos 200 hectómetros cúbicos más baja que el año pasado y otros 200 inferior a la media de los últimos cinco años. 

Igualmente, datos facilitados por diversas fuentes revelaban como mientras que Murcia, Alicante y Almería se han convertido en la denominada huerta de Europa, aportando unos 100.000 empleos alrededor del trasvase  y unos 2.364 millones al PIB, la comarca que comprende el llamado Mar de Castilla está prácticamente entrando en un proceso de desertificación medioambiental y económica.   

Y todo esto, parecen ser solo antecedentes de lo que sigue. A este recopilatorio de hechos desoladores, también se le sumaban nuevos acontecimientos recientes. El viernes 31 de julio, el Boletín Oficial del Estado publicaba un nuevo trasvase de 20 hectómetros. La firma del documento, que estaba fechada el día 27,  era autorizada tomando como referencia un informe realizado el día 1 del mismo mes. En él se recogía un nivel de agua embalsada superior al de los de los días del trasvase que, según diferentes informaciones en poder de la consejería de Fomento, estaría por debajo del límite de 400 hectómetros cúbicos permitido. 

Así, como respuesta a los pasos del Ejecutivo central, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobaba la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. En éste se contradecía la versión del ministerio que asegura que el umbral de los 400 hectómetros tiene cinco años de transición y que actualmente el mínimo no trasvasable es de 306 hectómetros cúbicos.  Y todo esto, sorprendentemente, tras ser aprobada una nueva derivación de agua de 15 hectómetros cúbicos en el Consejo de Ministros del viernes día 28 de agosto.

 

 

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Gustavo Martín

Licenciado en Comunicación Audiovisual. Analista político y periodista. En la actualidad estudia guion para cine y televisión en la ECAM y políticas en la UNED.

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