Dos cuestiones sobre los pactos

DANIEL GUERRA SESMA | En medio de la vorágine creada por los resultados electorales del 20-D, se está especulando sobre los posibles pactos para la formación de gobierno. A grandes rasgos, las tres opciones que se plantean son las de un acuerdo entre el PP y Ciudadanos (163 votos) con la abstención del PSOE; un acuerdo entre PSOE, Podemos e IU (161 votos), o ir a nuevas elecciones.

Las dudas atenazan al PSOE, que parece tener claro el rechazo a la opción PP-C´S, pero no tanto a un acuerdo con Podemos que provoca reticencias precisamente entre  dirigentes regionales que presiden algunas CC.AA. gracias a su apoyo. Si realmente el PSOE lleva su doble rechazo hasta el final, la única opción será la del adelanto electoral. Ello beneficiaría a Podemos y al PP, precisamente los partidos que no quiere o duda en apoyar. Cualquier decisión que adopte el Partido Socialista será difícil y le supondrá críticas internas y un coste electoral, pero tendrá que decidir entre poner en primer lugar su propio interés o el interés general del Estado. Y los demás también.

Mientras se van aclarando -si es que se aclaran- estas opciones de gobierno, hay dos variables que no se tienen suficientemente en cuenta y que merecen un comentario. En primer lugar, la exagerada trascendencia que se da al posible acuerdo del PSOE con Podemos cuando el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Según el artículo 90.2 de la Constitución, los proyectos de ley aprobados por el Congreso pueden ser vetados o enmendados en segunda lectura por la Cámara Alta. Si es así, el Congreso puede eliminar el veto o aprobar las enmiendas para que el proyecto se convierta en ley tras su publicación en el BOE. Es decir, que la última palabra del proceso legislativo siempre la tendrá el Congreso. Pero a nadie se le escapa que ir aprobando unos proyectos de ley que han venido rechazados total o parcialmente por el Senado provocaría una disfunción en el proceso legislativo, pudiendo llegar a la crisis institucional. Esta sería una situación habitual con un gobierno de PSOE y Podemos.

En segundo lugar, dos voces muy autorizadas han expresado un punto de vista que me parece discutible. Jonás Fernández (La reorientación de Europa y las elecciones españolas, Cinco Días, 17.12.2015) e Ignacio Sánchez Cuenca (¿Pactar qué?, infoLibre, 30.12.2015) han destacado que un Gobierno de izquierdas podría orientar la balanza del Consejo Europeo hacia políticas más progresistas. El artículo 119 del Tratado de Funcionamiento define la política económica aplicable en la UE, de corte neoliberal, y los artículo siguientes -hasta el 126- señalan que las políticas económicas de los Estados deben coordinarse en el Consejo, al igual que los presupuestos nacionales son supervisados por la Comisión antes de su aprobación en aplicación del Semestre Europeo. Esto significa que los Estados Miembros de la UE han perdido su soberanía económica en beneficio de las instituciones europeas.

La tesis que se defiende es que un gobierno de izquierdas español se sumaría a los de Portugal, Italia, Francia o Grecia, entre otros, para forzar un cambio de política económica en Europa, dominada por el austericismo de Alemania y otros Estados del norte. Sin embargo, esta posibilidad debe ser contextualizada en los siguientes términos:

1º.- Es cierto que en Portugal se ha constituido un Gobierno de izquierdas entre el PS, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista. Pero no es menos cierto que el PSD (centroderecha, en la oposición) ha apoyado la polémica venta del banco público BANIF al Santander con un rescate estatal de 3.000 millones de euros, y que los aliados de izquierdas del PS han votado en contra. Ello presume un acercamiento entre PS y PSD en materia económica, posiblemente inevitable para que la Comisión supervise el presupuesto portugués, en este momento paralizado.

2º.- Es cierto que Syriza es una coalición de izquierdas que planteaba un cambio en la política económica de Europa. Pero no es menos cierto que en septiembre tuvieron que repetirse las elecciones, a las que se presentó con un programa mucho más respetuoso con los principios europeos, y que, no obstante, mereció nuevamente la confianza de casi la mitad de los votantes griegos.

3º. Es cierto que en Francia y en Italia gobiernan partidos socialdemócratas (PS y PD, respectivamente). Pero no es menos cierto que los socialistas franceses aprobaron en 2014 una nueva política económica de signo liberal inspirada por el ministro de economía, Emmanuel Macron, y que el Gobierno italiano de Mateo Renzi sigue los mismo pasos con la aprobación, entre otras, de una reforma laboral (la Jobs Act) que ha merecido una fuerte protesta sindical y una escisión de su partido por la izquierda, a pesar de que públicamente defiende una política diferente a la sostenida por Alemania.

Si a eso añadimos que el partido socialdemócrata alemán (SPD) gobierna con la democracia-cristiana (CDU) de Ángela Merkel, no parece que una mayor presencia de gobiernos socialdemócratas en el Consejo sugiera un cambio destacable en la política económica europea. Los parámetros de la discusión no son tanto sobre otro modelo económico como sobre una mayor flexibilidad en los criterios de estabilidad. La incorporación de un gobierno progresista del sur más no va a cambiar nada importante si los partidos socialdemócratas, una vez en el poder, aplican políticas liberales o pactan con la derecha, por ejemplo, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española.

Veremos si la socialdemocracia decide cambiar de política y con ello la de la UE. Ahora se debate entre respetar el Pacto de Estabilidad o primar el crecimiento y la inversión, confiando sobre todo en la efectividad del Plan Juncker, en la unión fiscal y en la ampliación de la política intervencionista del BCE, recientemente avalada por el TJUE con base en el informe del abogado general Pedro Cruz Villalón (sentencia disponible aquí). Sin embargo, y después del renuncio de Syriza, sólo Podemos contaría con fuerza suficiente para  condicionar un gobierno nacional desde la izquierda. Escaso bagaje para forzar un cambio de rumbo en Europa.

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Daniel Guerra Sesma

Politólogo. Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración (UNED). Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla. Autor de "Socialismo español y federalismo, 1873-1976" (KRK Ediciones y Fundación José Barreiro, Oviedo, 2013) y de "El pensamiento territorial de la Segunda República Española" (Athenaika, Sevilla, 2016).

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