¿Deberíamos de racionar el servicio sanitario?

CAROLINA GARCÍA HERVÁS | Hay dos razones moralmente aceptables para racionar los recursos sanitarios. Por una parte, los recursos pueden ser empíricamente insuficientes. Por otra parte, los recursos podrían ser suficientes para cubrir todas las necesidades sanitarias, pero no para satisfacer el conjunto de las necesidades de la población, de manera que el bien de la salud tiene que competir con otros bienes (como la educación, la defensa, las infraestructuras o la obtención de energía), con el fin de conseguir los recursos necesarios pero escasos. En ese caso, es necesario justificar moralmente la distribución final de los recursos.

Respecto a la primera razón, existe una especie de acuerdo generalizado y poco discutido sobre la imposibilidad de que los actuales sistemas sanitarios de los países ricos puedan atender al conjunto de las necesidades sanitarias de la población. Incluso se afirma que la situación se agravará con el envejecimiento progresivo de la población. No obstante, algunos autores como, por ejemplo, Smith, Frankel y Ebrahim han mostrado su escepticismo sobre esa hipótesis general. Apoyados en datos del National Health Service británico realmente disponibles, denuncian que existe poca evidencia empírica que indique el nivel de alarma actual. Los estudios sobre listas de espera y demandas de hospitalización no muestran un colapso del sistema, sino más bien una mala gestión de los recursos disponibles. Así, cuando las listas de espera de un tratamiento determinado son más largas en una parte del país, en otras son mucho más cortas, y cuando se gestiona de manera más eficaz la reducción de listas de espera especialmente problemáticas como las de extracción de cataratas o prótesis de cadera, se comprueba que las listas se reducen sin demasiados costes de oportunidad. Por otra parte, las estadísticas no muestran un incremento de la demanda de hospitalizaciones en los últimos años, sino, en algunas ocasiones, incluso un descenso. Al lado de estos datos, los análisis coste-beneficio a favor de la necesidad de racionamiento suelen considerar el coste de los medicamentos como una variable fija, sin cuestionar su adecuación real. Pero se sabe, por ejemplo, que el coste de un medicamento puede variar muchísimo en función del país donde se aplica. La razón de esta disparidad no es otra que el deseo de enriquecimiento de la industria farmacéutica, de manera que los costes para la sociedad de aceptar los enormes beneficios farmacéuticos son muy importantes. Según los autores citados, “si cada persona entre 45 y 74 años de edad en el Reino Unido con evidencia clínica de enfermedad coronaria fuera tratada con una estatina durante 5 años, se evitarían cerca de 22.000 muertes y numerosas intervenciones clínicas. Actualmente, los costes de las estatinas en el Reino Unido durante 5 años son de 1.600 millones de libras, pero la cifra caería a 228 millones de libras si el precio fuese como en la India.” (Smith, Frankel y Ebrahim, 2000). Si de verdad queremos hacer un debate sobre el racionamiento sanitario, tendríamos que empezar por cuestionarnos los astronómicos beneficios de la industria sanitaria. Así pues, inicialmente el racionamiento no sería tanto consecuencia de una escasez irremediable de recursos cuanto de una decisión política con una discutible legitimidad democrática.

Respecto a la segunda razón para racionar, estamos de nuevo ante una discusión ética y política y no solo económica. ¿Es realmente la salud un bien tan importante que estamos dispuestos a sacrificar el resto de necesidades si llega el caso? La respuesta es variable según los individuos y sobre todo su situación vital. En medio de una enfermedad grave, la mayoría de los enfermos parecemos dispuestos a intercambiar buena parte de nuestros recursos económicos por la atención sanitaria que precisamos, pero cuando disfrutamos de buena salud las cosas se ven sorprendentemente de otra manera. El hecho es que la sociedad, a pesar de dedicar una buena parte de sus recursos a la sanidad, procura también destinar suficientes recursos para satisfacer otras necesidades básicas. Nos deberíamos preguntar, no obstante, si esta tendencia continuaría siendo así si el racionamiento sanitario fuese mucho más acusado de lo que es actualmente, si la sociedad se sintiese realmente desprotegida sanitariamente, si creyese efectivamente roto el pacto implícito del estado del bienestar. Un filósofo racionalista como Descartes aseguraba, en el siglo XVII, que la salud era el bien humano más importante de todos, la condición de cualquier otro bien. En la actualidad, en cambio, pensamos que tal vez otros valores como la libertad personal son, en determinados momentos, incluso más importantes que la salud; de otra manera no podríamos entender la eutanasia o la tendencia de muchas personas a llevar estilos de vida poco o nada saludables. Ronald Dworkin (2003, cap. 8) cree que el valor real de la salud lo determina el ciudadano estándar cuando toma decisiones redistributivas sobre sus recursos iguales teniendo plenamente conciencia de los costes de oportunidad. Este filósofo norteamericano cree, por ejemplo, que un joven a punto de iniciar una vida familiar propia no invertiría en un seguro sanitario todos sus recursos, sino que también se reservaría una parte de su presupuesto para formación personal, educación de los hijos, vivienda, etcétera.

Tomar colectivamente como referencia las decisiones de este ciudadano medio facilitaría encontrar el equilibrio entre el deseo de protegerse contra la pérdida de salud y los riesgos que estamos dispuestos a asumir en el conjunto de una vida. En cualquier caso, determinar el valor final que la sociedad tiene que dar a la salud, dados los costes de oportunidad, es un asunto eminentemente moral y político, que requiere de un debate democrático serio.

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Carolina García Hervás

Carolina García Hervás (Linares, Jaén, 1985). Jurista y mediadora. Actualmente cursa el Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Burgos. Cuenta con experiencia laboral en países como Francia, Bélgica, Reino Unido y Estonia y ha participado en diversos programas europeos como la Beca Robert Schuman del Parlamento Europeo y el Servicio de Voluntariado Europeo. Actualmente dirige su propia Asociación sobre Derechos Humanos y redacta proyectos de cooperación internacional y desarrollo para diversas ONG's. Espera poder compartir con vosotros artículos de interés desde Debate 21.

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