Educar a los menores en responsabilidades para no cometer delitos en el futuro

CAROLINA GARCÍA HERVÁS | Actualmente las sociedades democráticas occidentales se plantean una disyuntiva entre el llamado modelo de justicia y el denominado modelo educativo-responsabilizador. El primero, el modelo de justicia, surge a raíz de las críticas a los sistemas legales vigentes, que no preveían ningún tipo de garantía jurídica para los menores y cuya esencia es el otorgamiento del máximo poder discrecional a los jueces de menores. En relación con la justicia de menores, podemos resumir los principios básicos de este modelo en los siguientes:

  • El menor es responsable y ha de atenerse a las consecuencias de sus actos.
  • Hay una categoría de menores que han de ser apartados de la sociedad porque son peligrosos.
  • El proceso penal de un menor ha de reunir todas las garantías del proceso de un adulto.
  • La sanción que se imponga ha de estar en relación con el hecho cometido y ha de tener unos límites precisos.
  • Los menores sólo pueden ser juzgados por hechos tipificados como delitos en el código penal.

Este modelo es el predominante en la mayoría de los países europeos y responde a un deseo de protección de la sociedad y de castigo del culpable.

Por su parte, el modelo educativo-responsabilizador surge de la necesidad de configurar un derecho de menores, ajeno al Derecho penal. Este modelo se identifica con las necesidades evolutivas y socio-educativas del menor y se fundamenta en la necesaria exigencia de protegerle jurídicamente para asegurarle un derecho personal integral. De este planteamiento se deduce la necesidad de fijar un límite de edad excluyente de la responsabilidad penal, elaborar un proceso con garantías procesales de connotaciones básicamente diferentes de las jurídico-penales y formular un elenco de medidas que, de forma real y efectiva, consigan la integración social del menor. Y por último, este modelo educativo-responsabilizador respeta totalmente los derechos fundamentales específicos que se dirigen a complementar el proceso de socialización. Procesalmente se observan todas las garantías y derechos jurisdiccionales.

El modelo educativo-responsabilizador es el modelo establecido en la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad penal del Menor (LORPM) vigente en nuestro país. Se trata de un procedimiento de carácter sancionador-penal por la comisión de hechos calificados como delitos o faltas según el Código Penal o leyes penales especiales en el que el menor dispone de las garantías jurídicas de carácter penal y en el que la respuesta a la infracción cometida pretende tener una finalidad educativa (Vid. apartado I.6 de la Exposición de Motivos).

Por último hemos de hacer mención al modelo se las 4 d, de procedencia norteamericana, pues en los últimos años está siendo referente de las distintas reformas normativas que en los países más avanzados se están dando en la materia. Sus pilares básicos son:

  • Despenalización (descriminalización).
  • Desinstitucionalización (desinstitutionalization).
  • Proceso justo (due process) y
  • Desjudialización (diversión).

Lo que este modelo persigue, a grandes rasgos, es que el Derecho Penal solamente intervenga en aquellos delitos cometidos por los jóvenes, que sean verdaderamente graves e importantes, desde un criterio de prevención especial, que es el criterio rector en el campo de la delincuencia juvenil. Para ello se sigue un proceso secuencial. En primer lugar, evitar todo contacto de los menores con las instancias de control formal despenalizando una serie de delitos como serían los delitos de bagatela o de escasa gravedad. A continuación se trataría de evitar renunciar o suspender el proceso penal mediante la desjudicialización de esas infracciones. Por último, se pretende que si por la gravedad del hecho se hace necesario la incoación del proceso, éste debe ser realizado bajo el estricto cumplimiento de los derechos y garantías procesales, inherentes a toda persona (un proceso justo). Y, si en dicho procedimiento se hace necesaria la imposición de alguna medida o sanción, la medida privativa de libertad debe ser impuesta como último recurso y con la menor duración posible (desinstitucionalización).

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Carolina García Hervás

Carolina García Hervás (Linares, Jaén, 1985). Jurista y mediadora. Actualmente cursa el Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Burgos. Cuenta con experiencia laboral en países como Francia, Bélgica, Reino Unido y Estonia y ha participado en diversos programas europeos como la Beca Robert Schuman del Parlamento Europeo y el Servicio de Voluntariado Europeo. Actualmente dirige su propia Asociación sobre Derechos Humanos y redacta proyectos de cooperación internacional y desarrollo para diversas ONG's. Espera poder compartir con vosotros artículos de interés desde Debate 21.

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