Las bases sociales de la democracia, la conceptualización del problema

CAROLINA GARCÍA HERVÁS | Será útil comenzar clarificando algunos conceptos básicos. Usaré el término “democracia” en el sentido de Robert Dahl, comúnmente aceptado en las ciencias sociales (Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven: Yale University Press, 1975). Un régimen político puede ser llamado “democrático” (“poliárquico, en la terminología de Dahl) si satisface, en grado sustancial, tres criterios básicos: inclusividad, competitividad, e institucionalización de derechos civiles y políticos fundamentales. Inclusividad se refiere al hecho de que los cargos más importantes en las esferas de autoridad ejecutiva y legislativa son electivos, y la mayor proporción posible de miembros adultos de la comunidad política puede participar en esas elecciones; competitividad significa no sólo que las elecciones son competitivas, sino también, y esto es muy importante, que la oposición puede funcionar sin obstáculos entre elecciones; y finalmente los derechos civiles (debido proceso, asociación, práctica religiosa, libre expresión, etc.) y políticos (votar, ser candidato, etc.) básicos están institucionalizados cuando pueden ser efectivamente ejercidos, de nuevo, por la mayor proporción posible de los ciudadanos.

La calidad de una democracia puede fluctuar a lo largo de estas dimensiones, que son variables ordinales, si las autoridades son elegidas, si el sufragio es universal, si las elecciones son competitivas, si se permite la oposición a quienes ejercen el poder, si los derechos civiles y políticos pueden ser ejercidos por todos o solo por las élites, etc.

Los límites en cuestión pueden estar consagrados en leyes que determinan qué pueden hacer y qué no los gobernantes, o pueden estar basados en prácticas consideradas legítimas por todos los actores sociales y políticos importantes. En todo caso, estas leyes y prácticas están institucionalizadas cuando limitan efectivamente el poder de quienes ejercen el poder ejecutivo, o sea el presidente o primer ministro. Hay dos tipos polares a este respecto: las democracias republicana y plebiscitaria. El criterio subyacente es el grado en que el poder está concentrado en el ejecutivo. Una democracia republicana está basada en la separación de poderes, en el caso presidencialista, o en la subordinación del ejecutivo al parlamento, en el del régimen parlamentario. En este último, “subordinación” significa que el parlamento elige al primer ministro y al gabinete y, en principio, puede hacerlos cesar en sus cargos (mediante un voto de no confianza), si no está de acuerdo con sus políticas. En ambos tipos de diseño institucional, una democracia de alta calidad requiere también un poder judicial con poderes fuertes de revisión judicial. 

En cambio, una democracia plebiscitaria es un régimen en el cual el poder ejecutivo controla tanto el parlamento como el poder judicial. El caso extremo consistiría en asambleas legislativas y jueces que son sellos de goma del ejecutivo. Sin embargo, estos regímenes podrían todavía ser considerados democráticos, aunque de bajísima calidad, si satisfacen mínimamente los criterios de Dahl, presentados más arriba: elecciones competitivas y basadas en sufragio universal, partidos de oposición que funcionan efectivamente, y derechos civiles y políticos básicos ejercidos tanto por quienes apoyan como por quienes se oponen al gobierno. 

Todas las democracias relativamente antiguas de Europa occidental y América del Norte, incluyendo España, son republicanas, en el sentido en el que estamos usando el término. En Europa central y oriental, la situación es variable: Polonia y la Republica Checa son más republicanas, y Rusia más plebiscitaria. En América del Sur, Uruguay, Chile y Colombia son más republicanas, mientras que Venezuela es claramente plebiscitaria. Brasil y Argentina ocupan posiciones intermedias, Brasil más cercana al tipo republicano y Argentina al plebiscitario (3).

Debemos distinguir las democracias, cualquiera sea su calidad, de los regímenes no-democráticos que son superficialmente similares: lo que Steven Levitsky y Lucan Way (Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War, New York: Cambridge University Press, 2010), siguiendo a Juan Linz (Totalitarian and Authoritarian Regimes, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000) han llamado autoritarismos electivos, y lo que Larry Diamond (Developing Democracy: Toward Consolidation, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999) ha denominado pseudo-democracias. Ambos son formalmente democráticos, en el sentido de que tienen elecciones, parlamentos y poderes judiciales, y partidos de gobierno y de oposición. Sin embargo, en estos regímenes, la centralización del poder en manos del ejecutivo es muy alta, mucho mayor que en una democracia plebiscitaria, y los ocupantes del poder utilizan sistemáticamente las leyes, la justicia, y el poder del aparato del estado (agencias regulatorias, autoridades impositivas, etc.) contra sus opositores. En un régimen de autoritarismo electivo, queda algún grado de competitividad, de modo tal que una victoria opositora es por lo menos posible.  Por ejemplo: las elecciones pueden ser usualmente fraudulentas, pero de vez en cuando pueden ser ganadas por algún candidato opositor, los jueces comúnmente obedecen al ejecutivo, pero en algunos pocos casos fallan en contra del gobierno, etc. No existen incertidumbres de este tipo en una pseudo-democracia, que se ajusta al tipo ideal de régimen autoritario: el parlamento y el poder judicial son simplemente agencias de legitimación de políticas resueltas por el ejecutivo. En Europa, Bielorrusia es un caso claro de pseudo-democracia, como lo es Siria en el Medio Oriente. En América Latina, Venezuela se acerca al autoritarismo electivo.

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Carolina García Hervás

Carolina García Hervás (Linares, Jaén, 1985). Jurista y mediadora. Actualmente cursa el Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Burgos. Cuenta con experiencia laboral en países como Francia, Bélgica, Reino Unido y Estonia y ha participado en diversos programas europeos como la Beca Robert Schuman del Parlamento Europeo y el Servicio de Voluntariado Europeo. Actualmente dirige su propia Asociación sobre Derechos Humanos y redacta proyectos de cooperación internacional y desarrollo para diversas ONG's. Espera poder compartir con vosotros artículos de interés desde Debate 21.

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2 comentarios sobre “Las bases sociales de la democracia, la conceptualización del problema

  • el 25 Septiembre, 2016 a las 9:09 am
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    Muy buen desarrollo del concepto “democracia”. Tal vez lo que sería importante, en el campo de la teorización política, fuera un debate serio sobre la pertinencia o no de seguir considerando como tales a regímenes que simplemente cumplen nominalmente los preceptos de Dahl.
    Yo creo que unos criterios más exigentes respecto a los márgenes tolerables de los mismos contribuirían a hacer avanzar el concepto en sí mismo hacia un nivel mucho más ajustado a su sentido profundo.

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