Del imperio de la ley a la ley del imperio

ANTONIO GUTIÉRREZ | Conocidas son las bases sobre las que se sustenta el Estado de Derecho actual: la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), la garantía de derechos y libertades fundamentales, el principio de legalidad y, por último y nuestro tema de hoy, el imperio de la ley.        

El imperio de la ley constituye el pilar fundamental del Estado de Derecho desde sus orígenes hasta el actual Estado social y democrático de Derecho. Por Ley, en palabras de Elías Díaz, debemos entender la formalmente creada por el órgano de representación popular, como expresión de la voluntad general. En torno a esta concepción de la idea de Ley, Díaz unía implícitamente el carácter democrático al Estado de Derecho, una exigibilidad incuestionable para distinguir entre el imperio de la ley y la ley del imperio. Entiéndase por tanto que la democracia trasciende más allá del cambio pacífico y sistemático de quienes ejercen el poder ejecutivo sino que también permite la institucionalización jurídica de los principios y valores políticos democráticos.

Así pues, si la ley no es expresión de la voluntad general representada en los órganos legislativos, sino que procede de una voluntad individual, privada, no podremos aceptarlo como Estado de Derecho; es decir, no todo “imperio de la ley” es Estado de Derecho. Por tanto, podemos afirmar que no toda legalidad es deseable, aunque sea efectiva.

El Estado de Derecho se expresa y realiza en la norma legal, pero también en el funcionamiento efectivo de las instituciones, así como en la cultura y las prácticas políticas de los actores del mismo (incluida la ciudadanía). Cuando el poder ejecutivo actúa fuera del ideal regulativo al que el imperio de la ley le somete, abusando de su posición hablamos de la ley del imperio, el uso de la ley en un provecho particular o desviado del interés general. No han sido pocas las veces que el poder político, los ejecutivos, ha querido aprovecharse de este precepto en aras de la defensa de un orden o una actuación no democrática. Este uso alejado de la ética y del carácter democrático que Díaz indivisiblemente atribuía al imperio de la ley, conduce a una legalidad autoritaria y alejada del resto de exigencias en las que se asienta el Estado de Derecho, desembocando en un poder ejecutivo que actúa de forma incontrolada; hecho que hoy en día, continúa en cuestión.

Corre el riesgo de que el abuso y desvirtuación de la fórmula “imperio de la ley” acabe por institucionalizarse y se legalicen métodos de gobierno más que criticables desde la óptica de la legitimidad democrática del Estado de Derecho.  Para frenar dicho peligro es preciso fortalecer nuestro sistema judicial y las demás instituciones del Estado que juegan un rol decisivo en el control del poder, es preciso reconocer al imperio de la ley como un poder verdadero y tal poder democrático que sustente y asegure el correcto y legítimo uso de la fuerza que monopoliza el Estado y que parece definirlo.

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista, finalizando el grado de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en la educación, políticas de igualdad, fiscalidad y sistemas impositivos. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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2 comentarios sobre “Del imperio de la ley a la ley del imperio

  • el 20 Agosto, 2016 a las 2:02 pm
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    Antonio, podrías exponer ejemplos concretos en los que el poder ejecutivo se ha “aprovechado de este precepto en aras de la defensa de un orden o una actuación no democrática”?
    Qué opinas sobre la calidad de nuestra democracia?
    Fuerte abrazo!

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    • el 22 Agosto, 2016 a las 10:35 pm
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      Buenas Sergio, por ejemplo podría contarte el conflicto que se suscitó con la extradición de J.L. Ochoa en la época de Felipe González, entre Ejecutivo y poder Judicial, en el que el enfado (hasta público) del Pte. llega a cambiar la ley con el fin de que la decisión acerca de las extradiciones recaiga en el Gobierno, y no como hasta el momento, en la Justicia. Igualmente, podrían mencionarse las situaciones sobre el control de la Fiscalía o, yendo un poco más allá, los asiduos hechos que se dan en lo referente a casos de corrupción que tildo en ocasiones de sospechosos. Incluso en el terreno internacional, véase el caso de Maduro en Venezuela, valiéndose del control que ejerce en los tres poderes, incluso en judicial.

      Respecto a la calidad de nuestra democracia, habría que hacer matices. Refiriéndonos a los partidos políticos, creo que es baja en comparación con las formaciones de nuestros vecinos europeos. Aunque en los últimos años hemos avanzado en transparencia y acceso público, aún queda mucho por recorrer, sobre todo a la hora de rendir cuentas sobre el grado de compromiso de nuestros dirigentes. Si ponemos el foco bajo las instituciones del Estado, mi percepción (y en general, de la sociedad) es más alentadora. Las instituciones y la Administración goza de una opinión pública positiva. Creo que las instituciones públicas son bastante más accesibles, transparentes y gozan de una mayor aprobación y legitimidad entre la sociedad, como podemos comprobar en los distintos estudios sobre calidad democrática y otros como el CIS.

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