Un pacto de buenas intenciones

JORGE ALEXANDRE GONZÁLEZ | El pacto anticorrupción firmado por el Partido Popular y Ciudadanos el pasado 19 de agosto con el cual se inician las negociaciones entre ambas formaciones para la formación de Gobierno aproxima una hoja de ruta en cuanto a determinadas medidas relacionadas con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción que los segundos han puesto como condiciones inexcusables para dar su apoyo a los primeros en el debate de investidura que está por venir. Y aunque, sin duda, es un pacto de buenas intenciones, creo que merece una lectura crítica de su -escaso, apenas dos páginas- contenido.

Hernando-Girauta

La primera condición impuesta, la separación de cargos públicos imputados por corrupción política, visto el tenor literal del acuerdo, puede alcanzarse tanto desde un punto de vista de voluntad política como desde una perspectiva de reforma legislativa. Así, aunque ninguna ley prohíbe expresamente que los cargos políticos en situación de investigados (antigua figura de ‘imputado’ y que convendría que hubiesen nombrado correctamente en el acuerdo) puedan ocupar un cargo público o ser elegibles para el mismo, bastaría la voluntad de no incluirlos en listas electorales o cesarlos si lo son por designación, para dar cumplimiento a dicha exigencia. Quedarían en todo caso fuera de esa situación aquellos cargos que son declarados investigados en un procedimiento penal tras la obtención del cargo público representativo (diputado, senador, concejal…) pues, como es conocido, el partido político no tiene potestad para cesarlos en estos casos.

Desde una más recomendable perspectiva de reforma legislativa, podría promoverse una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) a fin de introducir la figura de la suspensión provisional de empleo o cargo público. Esta medida fue defendida por primera vez en la X Legislatura por el Grupo Parlamentario de UPYD que propuso la introducción de un artículo 519 bis en la LECrim, con escaso éxito por cierto, y en la que se pretendía incluir una suspensión provisional genérica de empleo o cargo público como una medida cautelar más de las disponibles a aplicar por el juez o magistrado instructor en un procedimiento penal, al menos en los casos en los que la permanencia de los sujetos investigados en su empleo o cargo público pudiera frustrar las expectativas del procedimiento. Esta medida, vía reforma de la LECrim, lejos de ser algo extraño en nuestro ordenamiento, sería análoga a la que ya tienen funcionarios o miembros del Poder Judicial en sus respectivas normas propias de funcionamiento (art. 98 del Estatuto Básico del Empleado Público y art. 383 de la LOPJ).

En realidad, lo más relevante de este punto primero es la amplitud con la que se encuentra redactado, permitiendo tanto su cumplimiento por la vía de los hechos (voluntad política de apartar a los investigados por corrupción) como por la vía de una futura reforma legislativa -con efectos generales para todos los políticos, independientemente de su color- como creo que sería lo más conveniente de cara a caminar por la mejor vía para la regeneración democrática. Como punto para apoyar mi visión añadiría además el hecho -importante- de que en España no existen delitos de corrupción como tales, siendo por tanto esta condición ampliamente interpretable: ¿cualquier delito contra la Administración Pública es un delito de corrupción? o acaso ¿un delito cometido antes de desempeñar un cargo público cuando se estaba en la empresa privada, por ejemplo un fraude para obtener subvenciones o un delito contra la hacienda pública, es delito de corrupción y debe inhabilitar al sujeto si la investigación se produce cuando ocupa un cargo obtenido posteriormente a los hechos? Estas situaciones, lejos de ser ejemplos de laboratorio, son reales, y conllevan discusiones que serían perfectamente evitables si la ley recogiese exactamente las condiciones y consecuencias para la suspensión provisional de cargos públicos en caso de investigaciones criminales. Quién no ha oído recientemente excusar determinados delitos contra la Administración Pública tachándolos como delitos de “ámbito privado” o delitos derivados de “errores administrativos” y por tanto que “nada tienen que ver con la corrupción”. Mejor sería, por tanto, no dejar la interpretación a los eventualmente afectados.

Respecto de las reformas referentes a la eliminación de aforamientos (punto 2º) y la Ley Electoral (punto 3º), en este caso no dejan lugar a la interpretación y sólo son posibles en su plenitud mediante la reforma de nuestro ordenamiento jurídico, si bien tal reforma debería alcanzar a nuestra Carta Magna, lo que en definitiva supone que dichas condiciones no dependen -en exclusiva- de los dos partidos que han suscrito el acuerdo, pues por mera aritmética parlamentaria resulta inexcusable la colaboración del PSOE -o de Podemos- en dichas reformas para su aprobación definitiva. En Derecho civil esto se conoce como una condición casual (art. 1.115 CC), es decir, aquella que produce que independientemente de la voluntad de las partes para cumplir sus obligaciones, éstos dependan de un tercero ajeno a la relación, que en definitiva tiene en su poder la capacidad de frustrar el acuerdo o realizarlo. En nuestro caso, a pesar de la buena fe con la que se establece el pacto, es de imposible cumplimiento por la mera voluntad de PP y Ciudadanos si no son capaces de contar con la contribución de PSOE o Podemos. En las mismas circunstancias me atrevería a situar la limitación de mandatos (punto 5º del acuerdo), pues el artículo 68.5 de la Constitución señala claramente que “son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”, siendo la Ley Electoral la que realiza un catálogo más o menos amplio de los inelegibles en su artículo 6 -normalmente por ocupar otro alto cargo del Estado o por estar judicialmente inhabilitado-, y en cuyo tenor se me antoja constitucionalmente discutible introducir la limitación de mandatos, siendo lo correcto, por tanto, hacerlo por vía de la reforma constitucional. Además, sobre este último aspecto (aunque igualmente se podría señalar sobre los aforamientos), el acuerdo suscrito adolece de previsión respecto del sinfín de réplicas autonómicas de la legislación nacional y que contribuyen, al menos en la misma medida, al desapego ciudadano hacia la política: ¿se añadiría limitación de mandatos a Presidentes de las CCAA, de Diputaciones o a los Alcaldes?, ¿se prohibirían expresamente los aforamientos autonómicos por mandato constitucional? Son preguntas cuya respuesta no nos ofrece el pacto alcanzado, y que no resultan baladí, pues no tendría sentido eliminar los aforamientos de diputados y senadores nacionales, pero que en cambio los diputados autonómicos siguiesen manteniendo dichas prerrogativas, e igualmente me costaría defender el razonamiento por el cual el cargo de Presidente del Gobierno debería verse limitado a dos mandatos, mientras que el de Presidente de una Comunidad Autónoma pudiese prolongarse durante 20 o 30 o 40 años.

El punto 4º del acuerdo, referido a la eliminación de indultos a condenados por corrupción, según su tenor literal, y a diferencia del punto relativo a la separación de cargos investigados, no parece dejar lugar a dudas y exige la reforma de la vigente Ley del Indulto. Si bien la reforma legislativa se antoja de procedimiento ordinario y no debería deparar mayores problemas, el interrogante se suscita nuevamente a la hora de determinar qué delitos deben ser considerados como delitos de corrupción y cómo se introducirían en el texto de la Ley. Y abriendo un debate mayor, también convendría analizar si la necesidad (¿el clamor ciudadano?) de instaurar la prohibición de los indultos para los delitos de corrupción es de magnitud tal como para merecer esa previsión legal ‘extra’ en comparación con otros delitos que pueden ser considerados en el imaginario colectivo como mucho más graves: ¿por qué no prohibir también el indulto para delitos relativos a la violencia de género o el terrorismo? Unido a ello, resulta patente el descenso en la concesión de indultos por parte del Gobierno en los últimos años, así como los casos en los que dichos indultos han trascendido a la opinión pública por estar vinculados a la corrupción política, lo que es sin duda una buena noticia, siendo a su vez un claro ejemplo de que en ocasiones basta la voluntad política para cumplir algunas de las exigencias ciudadanas.

Indultómetro

Finalmente, respecto sobre la comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP (punto 6º del acuerdo) se puede señalar en realidad como una medida menor del acuerdo, principalmente debido a que para poner en marcha la misma, según el Reglamento del Congreso de los Diputados, la suma de PSOE, Podemos y Ciudadanos sería más que suficiente, independientemente de la voluntad de sumarse o no del PP, e independientemente de la cuestionable legitimidad de las conclusiones que se pueden alcanzar en este tipo de comisiones, especialmente cuando versan sobre asuntos ya judicializados en el orden penal. No sorprenderé a nadie si señalo lo irrelevantes que resultan estas comisiones políticas, que no se guían por criterios de justicia sino de matemática parlamentaria, cuyas conclusiones no tienen consecuencia alguna (algunos autores señalan que se depuran responsabilidades políticas, observación con la que nuevamente discrepo, pues esas llamadas responsabilidades políticas les corresponde depurar a los ciudadanos en las urnas) y que son especialmente irrelevantes cuando los asuntos ya se encuentran judicializados, por no decir que pueden interferir con Derechos fundamentales de personas investigadas o con el secreto de las actuaciones judiciales entre otras cuestiones.

En resumen, el pacto suscrito está -sin duda- plagado de buenas intenciones, pero difícilmente llegaría al aprobado desde un punto de vista de propuesta legislativa seria, tanto por sus ausencias, como por la dependencia para su cumplimiento de terceros actores que no lo han suscrito. Además, como ha sido señalado reiteradamente estos días, se olvida de un elemento esencial para la regeneración democrática como es la efectiva separación de poderes y el método de elección del Consejo General del Poder Judicial. Se entiende, visto todo lo anterior, las dudas y críticas que algunos sectores han mostrado públicamente desde que se ha conocido el texto definitivo del acuerdo y que bien podrían haberse evitado en gran medida tratando de hilar más fino en la redacción de cada propuesta y priorizando unas medidas sobre otras. Por ello, y simplemente en mi opinión, estamos ante una mala carta de buenas intenciones.

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Jorge Alexandre González (Madrid, 1985), es Doctor cum laude en Derecho por la UCM, así como Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos y Máster en Derecho Público. Experto en Compliance por la UC3M y la UPF, ha centrado su carrera en los ámbitos del Derecho penal y constitucional. Abogado de profesión, ha sido colaborador honorífico del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UCM y fue Secretario General de Grupo en el Congreso durante la X Legislatura.

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