¿Qué es la vigilancia política?

CAROLINA GARCÍA HERVÁS | Una función policial tradicional ha sido siempre la de recoger información sobre el cuerpo social a fin de informar al Estado. Esta vigilancia puede tomar varias formas, según el contexto social y la organización política del Estado (sobre todo si es democrático o totalitario). Por supuesto que la vigilancia del ciudadano y del entorno sociopolítico reconoce muchos menos límites “naturales” en un Estado totalitario, en el que el poder gubernamental no está enmarcado por reglas constitucionales, cartas o aún el simple riesgo de reemplazos periódicos que representa el sistema electoral democrático.

La recogida de información política tiene por objeto asegurar la perennidad de las instituciones estatales y la seguridad de sus representantes. Varios países llaman a esta función la “información de seguridad” o de “seguridad nacional”; otros, “vigilancia del territorio”. Se trata de recoger, analizar y distribuir informaciones, con el modelo de “alta policía” descrito más arriba, sobre posibles amenazas a la seguridad del Estado. Estas amenazas pueden provenir del exterior o del interior de las fronteras -distinción que se esfuma en la era de la información y de las redes internacionales de comunicación. Aquí, se trata de disponer de un máximo de información sobre un conjunto bastante amplio de objetivos, por ejemplo: los terroristas nacionales e internacionales, que podrían causar daños importantes y desestabilizar la nación; los espías industriales que minan las capacidades comerciales del país a favor de potencias extranjeras; los grupos subversivos que amenazan con debilitar las instituciones gubernamentales o pulverizar la paz social.

La recogida de información social apunta a organizar el Estado y a adaptar las políticas a la evolución de su contexto social, económico y geopolítico. La mayoría de los gobiernos disponen de agencias consagradas a la recogida y análisis de diversas estadísticas acerca de los intercambios comerciales, el empleo, el ingreso de los ciudadanos, entre otros temas, además, por supuesto, de llevar a cabo censos periódicos de población. Así también, todos los ministerios, secretarías, agencias gubernamentales y otras entidades oficiales recogen igualmente estadísticas relativas a sus actividades. Esto equivale a decir, por tanto, que el Estado dispone de una gran cantidad de información individual sobre los ciudadanos, así como sobre su entorno socio-económico. En ciertos países, hay leyes que prohíben el cruce de datos de estos inmensos conjuntos de información; en otros, está permitido en grados diversos. En el máximo de la integración, de la cual hablaremos enseguida, la creación de mega-bancos de datos que cruzan las informaciones de todas las fuentes disponibles permite saber aún más sobre los ciudadanos, individualmente o en grupo. En efecto, con la evolución de los modelos predictivos sociológicos y psicológicos y la capacidad de analizar rápidamente vastas sumas de información, el resultado de los análisis de tales bancos de datos representa mucho más que la suma de las informaciones que están inscritas en ellos.

Como vemos claramente, el potencial de abuso de todos esos tipos de vigilancia no tiene límites. Si bien la persecución de los terroristas, espías y subversivos es justificable y la necesidad del gobierno de conocer su entorno político es primordial; y la solidez de las infraestructuras, la paz social y la prosperidad para todos son por supuesto deseables, dado que la vigilancia no distingue por sí misma al “buen” ciudadano del “malo”, a la subversión de la disidencia, a las palabras de los actos, o a las contravenciones de los delitos, todas las actividades de todos los ciudadanos son su objeto.

Podemos representar la diferencia entre el totalitarismo y la democracia con un teorema relativamente simple, en lo que tiene que ver con la vigilancia: el totalitarismo busca un gobierno opaco y una sociedad transparente, mientras que la democracia busca un gobierno transparente y una sociedad civil opaca. De este modo, toda vigilancia llevada a cabo por el Estado, por su naturaleza, tiende al totalitarismo; y por lo tanto debe estar completamente encuadrada por reglas limitativas claras y rigurosas, así como por mecanismos eficaces de contra-vigilancia de las actividades gubernamentales. 

Hemos visto la amplitud de los poderes dados oficialmente a las instituciones y a los agentes del Estado. Sin embargo, no hay que olvidar que poderes aceptables, juzgados como legítimos por la sociedad civil, pueden ser malversados, o utilizados en momentos inoportunos, por individuos mal intencionados. Por lo tanto, es necesario también desplazar o despedir inmediatamente a todo agente del Estado que abuse de sus poderes en materia de vigilancia.

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Carolina García Hervás

Carolina García Hervás (Linares, Jaén, 1985). Jurista y mediadora. Actualmente cursa el Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Burgos. Cuenta con experiencia laboral en países como Francia, Bélgica, Reino Unido y Estonia y ha participado en diversos programas europeos como la Beca Robert Schuman del Parlamento Europeo y el Servicio de Voluntariado Europeo. Actualmente dirige su propia Asociación sobre Derechos Humanos y redacta proyectos de cooperación internacional y desarrollo para diversas ONG's. Espera poder compartir con vosotros artículos de interés desde Debate 21.

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