Ayuntamientos: corrupción e insuficiencia financiera

Los Ayuntamientos, pese a que la legislación actual esté limitando su actuación, son la esencia de la democracia. Son pieza clave del bienestar ciudadano, son la herramienta más cercana a la sociedad, la cara más humana de la Administración. El rostro humanizado del Estado que, durante este período de crisis económica ha mostrado su lado más sensible. Las Entidades Locales han sido las que más medidas han puesto en marcha para intentar paliar la grave situación económica y social que atravesamos. Medidas anti desahucios, planes de solidaridad, reducción de peonadas, programas sociales para cubrir necesidades tan básicas como la luz y el agua, etc.

Sin embargo, esta mirada tan cercana y limpia esconde la sombra de la corrupción que durante las últimas décadas han protagonizado tantas y tan diversas administraciones locales. En este artículo quiero focalizar tres aspectos que, sin duda, han distorsionado la verdadera imagen de un ayuntamiento.

En primer lugar, la corrupción y la gravedad que supone ésta en los ayuntamientos. Más allá de lo que materialmente (refiriéndome a bienes y recursos públicos) podríamos encasillar como corrupción, el disvalor que representa la corrupción municipal es el ataque al prestigio de la Administración más cercana y sensible a la ciudadanía.

El protagonismo de los Ayuntamientos, con el reconocimiento de su poder y su autonomía, han hecho que la corrupción anide en la esfera pública local. Pese a administrar un pequeño porcentaje del gasto público estatal, los casos de corrupción son múltiples.  Y en razón de esa multiplicidad y el reparto competencial que confía a las administraciones locales algunos de los nichos más suculentos (urbanismo, licencias, obras públicas, etc.) hemos de exigir una absoluta integridad y lealtad a la ética pública; pero no sólo de los alcaldes y concejales, también de los funcionarios y empleados públicos.

Conscientes de que, durante años, un significativo número de los municipios españoles ha estado en manos de personas desconocedoras de lo conveniente, que complacientemente dejaban que la corrupción, el mal hacer y la indecencia se instalase en nuestros consistorios, nos urge ser intolerantes contra la corrupción. Este proceso de corrupción ha ido parejo a una desideologización de la sociedad y de los partidos políticos que era más rentable en términos económicos que sociales.

En segundo lugar, y aparejada a la anterior, nuestra descentralización administrativa y de gobierno, ha situado a los ayuntamientos en una insuficiencia financiera que ha imposibilitado el avance municipal a la capacidad que se debiera haber ejecutado. La actuación de los regidores públicos municipales se ha visto, por estas y otras razones, tan socavada que ha hecho que los ayuntamientos no asumiesen el papel que como administración más cercana le correspondía, tanto por su simbolismo como por su autonomía constitucionalmente reconocida.

En comparación con otras administraciones europeas del mismo ámbito, nuestros ayuntamientos gestionan un presupuesto considerablemente más bajo, que no asegura la autonomía financiera  de los ayuntamientos para poder llevar a cabo las políticas ciudadanas necesarias y garantizar los servicios prestacionales que le corresponden. A esta larga insuficiencia de la que adolece la Hacienda Local, hay que añadirle la regla del gasto que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impuso a los alcaldes para impedirles aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia que establece la Administración central.

Hecho que puede llevarnos de nuevo al vicioso círculo del “boom urbanístico”, vía a través de la cual los ayuntamientos pueden alcanzar una mayor recaudación, llegando a repetir los mismos errores que agravaron la crisis económica actual.

En tercer y último lugar, destaco la irresponsabilidad democrática y social mostrada respecto a los dos puntos anteriores por la ciudadanía, por todos nosotros, vecinos y vecinas de cada municipio. Las consecuencias de la frenética actividad llevada a cabo en las dos últimas décadas han sido toleradas sin ningún tipo de remordimiento colectivo. A nivel social, las consecuencias más destacables, el deterioro medioambiental y el sobreprecio de la vivienda, han sido obviadas y permitidas con la complacencia ciudadana, generando un entorno moral en el que ni siquiera somos capaces de mostrar solidaridad para con las próximas generaciones –tus hijos, lector-. A nivel político, los efectos tampoco son alentadores. Por un lado, sufrimos un déficit de institucionalidad en el que los ayuntamientos (por extensión cualquier otro órgano político o institución) ya no se perciben como valiosos, sino que generan desconfianza. Por otro lado, el cargo de funcionario o servidor público ha perdido el reconocimiento positivo del pueblo, convirtiéndose en una vocación poco deseada. La carrera política deja de convertirse en una vocación de servicio público para convertirse en un ámbito donde la corrupción ha dejado ver que pueden obtenerse beneficios personales muy rentables.

Esta anomia -en términos del sociólogo Durkheim- que disocia la moral de la sociedad ha provocado la ruptura del pacto intergeneracional y un déficit en la democracia que pone en riesgo la funcionalidad y el potencial papel de los ayuntamientos.

Por todo ello, debemos encarecidamente: situar a la política municipal como la más noble de todas las tareas, impidiendo cualquier práctica que ofenda a cualquier noción de la salvaguarda del interés público sobre la cual se edifica la democracia; reformar el Estado para que junto con el reparto competencial haya una descentralización real de los recursos que permita que los tres niveles de gobierno dispongan del mismo grado de cobertura de sus necesidades de gasto; y, hacer partícipes a los vecinos del asunto público. Echemos doble llave a lo pasado, y trabajemos por una conciencia política renovada, en la que se recupere el valor de lo público y del Estado.

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista, finalizando el grado de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en la educación, políticas de igualdad, fiscalidad y sistemas impositivos. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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2 comentarios sobre “Ayuntamientos: corrupción e insuficiencia financiera

  • el 14 diciembre, 2016 a las 7:47 pm
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    El problema de la corrupción en España es el poco precio que pagan los corruptos en las urnas cuando la población cree beneficiarse de ella a corto plazo o la pasa por alto. Como Marbella o tantas otras ciudades y pueblos de la costa del sol o la valenciana.

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  • el 20 diciembre, 2016 a las 4:22 pm
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    Por no hablar de los Ere, cursos de formación, Invercaria, Mercasevilla…

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