¿Cómo se financian los entes locales?

La CE reconoce a las Corporaciones Locales (CCLL) “autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”, lo que se reitera para los Municipios en el artículo 140, y para las provincias en el artículo 141.2.CE. Esta autonomía se refleja en el reconocimiento de poder financiero a estos Entes territoriales, o lo que es igual, poder en materia de ingresos y de gastos públicos que se recoge en el art. 142 CE al afirmar que “las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidades autónomas”,y que se  plasma en el denominado principio de suficiencia financiera.

Las CCLL tienen  absoluta libertad para decidir el destino  de los gastos públicos que se generen en el ejercicio de sus competencias lo que, como ha señalado el propio Tribunal Constitucional refiriéndose a las Diputaciones Provinciales (trasladable a los Municipios) en la STC 27/1987,  supone una autonomía presupuestaria que se concreta  en el reconocimiento de las facultades  para elaborar y aprobar sus presupuestos bajo su exclusiva responsabilidad.

Precisamente para hacer frente al gasto público que realizan en su ámbito competencial que, por cierto, acaba de ordenarse en la reciente reforma local llevada a cabo por la Ley  27/2013, de 27 de diciembre, con el fin de clarificar las competencias de estos Entes territoriales, evitar la asunción de competencias impropias y  garantizar que la delegación de competencias se acompaña de financiación suficiente,  la CE dispone que se nutren de sus propios tributos que  “podrán establecer y exigir  de acuerdo con la Constitución y las leyes” (133.2 CE),  y de la participación en los del Estado y las CCAA.

No obstante, la necesidad de cumplir con el principio de reserva de ley que afecta a los tributos locales (133.2.CE) da lugar a que ante la ausencia de poder legislativo de estos Entes territoriales, sólo puedan establecer tributos o decidir sobre la regulación de sus elementos esenciales si cuentan con una habilitación explícita de una ley, que para cumplir este principio debe predeterminar dentro de límites precisos las características estructurales de dichos tributos.

Esta Ley es en la actualidad el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHHLL), norma de referencia con la que el Estado desarrolla el poder financiero de las CCLL, tanto en el ámbito de sus gastos como en el de sus ingresos, sin perjuicio de la existencia de regímenes forales del País Vasco y Navarra.

 Y a este respecto, el artículo 2.1.del TRLRHHLL, recoge la enumeración de los recursos de las Haciendas Locales, mencionando concretamente los siguientes:

 –  los ingresos patrimoniales y demás de derecho privado,

 – los tributos propios (tasas, impuestos y contribuciones especiales y recargos sobre tributos de las CCAA u otras Entidades locales)

 – las participación en tributos del Estado y de las CCAA,

 – las subvenciones,

 – los recursos percibidos en concepto de precios públicos,

 – el producto de las operaciones de crédito,

 – el producto de las multas y sanciones,

 – y las demás prestaciones de derecho público.

 

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Carolina García Hervás

Carolina García Hervás (Linares, Jaén, 1985). Jurista y mediadora. Actualmente cursa el Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Burgos. Cuenta con experiencia laboral en países como Francia, Bélgica, Reino Unido y Estonia y ha participado en diversos programas europeos como la Beca Robert Schuman del Parlamento Europeo y el Servicio de Voluntariado Europeo. Actualmente dirige su propia Asociación sobre Derechos Humanos y redacta proyectos de cooperación internacional y desarrollo para diversas ONG's. Espera poder compartir con vosotros artículos de interés desde Debate 21.

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