El chavismo quiere una transacción electoral

Aparentemente, el juego está trancado. Ni gobierno ni oposición están dispuestos a dar marcha atrás, y la crisis venezolana sigue empeorando.

Desde hace un par de semanas que el gobierno venezolano cometió el “golpe judicial”, esto es, la adjudicación de competencias de la Asamblea Nacional por el Poder Judicial –controlado por el ejecutivo–. Por su parte, la oposición venezolana en conjunto decidió tomar la calle en rechazo a esta medida hasta que las reglas democráticas fueran restituidas. No hasta que sea revertida la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (lo cual sucedió parcialmente), sino que además tendrían que ser convocadas las elecciones regionales pospuestas desde el año pasado, que sean liberados todos los presos políticos y que la Asamblea Nacional recupere todas sus funciones, limitadas desde 2016 por el mismo TSJ.

El resultado es que la tensión social aumenta con cada hora que pasa, y desde cada lado del pasillo la retórica populista alimenta el resentimiento hacia su contraparte.

Entonces todos se miran a la cara y se preguntan ¿cuál es la solución? Pero no sólo los ciudadanos de a pie que tanto se ven afectados por la violencia que desemboca en cada manifestación gracias a la desmedida represión estatal, sino los mismos dirigentes políticos que poco a poco son consumidos por el temor de que la policía política de Maduro los capture y torture hasta que los haga “cantar”, como ha venido denunciando en los últimos días la Mesa de la Unidad. No es poca cosa que las órdenes de aprehensión se hayan multiplicado recientemente contra miembros de Primero Justicia, partido político que hasta hace pocos días se había posicionado como el más moderado de todos, y que entre todos los partidos opositores es el que más cuenta con representantes electos en el país.

Realmente no creo que alguien tenga la respuesta a esta pregunta, pero me parece importante revisar algunas alternativas y escenarios posibles sobre las acciones del gobierno y la oposición para estabilizar la situación.

Si algo tenemos claro casi todos los venezolanos, es que nuestros problemas los debemos resolver nosotros mismos. La presión de la OEA no pasa de ser un gesto amable con los demócratas, cuando no puede tomar acción concreta ante la crisis humanitaria de un pueblo vecino. Y mientras tanto, la xenofobia latinoamericana contra la emigración venezolana no nos brinda ningún tipo de esperanza de contar con un verdadero apoyo en la región.

La solución del conflicto venezolano está en las manos del gobierno chavista principalmente, pero también en las manos de la oposición política y la sociedad organizada. Sin embargo, debemos entender que no son dos, tres o cuatro actores los que están moviendo las piezas actualmente, sino muchos más que forman parte de cada macro-actor y que agudizan la complejidad del juego político. Aunque cabe destacar que cada sector se desenvuelve internamente de una manera muy diferente, pues “existe, de parte de los regímenes autoritarios una capacidad de aprendizaje y de aplicación de los principios identificados por la ciencia política (…) muy superior y más disciplinada que en el lado de las oposiciones democráticas” (Alarcón Deza).

El gobierno tiene de su lado el poder y muchos más recursos que cualquier actor opositor, por lo que le resulta más fácil controlar a cada miembro de su alianza por medio de tales beneficios.

En este sentido, el régimen de Maduro ha asumido una actitud cada vez más férrea e inflexible entendiendo las probables consecuencias de abandonar el poder. Acusaciones de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos actúan como un gran incentivo para ignorar no sólo los fundamentos de la Constitución, sino el creciente sufrimiento del pueblo venezolano.

Ahora bien, mucho se escucha de una posible (o necesaria) negociación entre gobierno y oposición, a fin de evitar una explosión social que nadie pueda controlar. Lo que no sería extraño pues ya ha sucedido en otras ocasiones. Pero en esta oportunidad, no parece ser el caso. La combinación entre un malestar popular acentuado y el cese de las posibilidades de cambio político por medio de elecciones, o a través del componente institucional, no permite ningún tipo de acuerdo posible a corto plazo, desde el punto de vista opositor. Aparte que debemos asumir la negativa rotunda del gobierno chavista a ceder cualquier espacio de poder, según  su modo de actuar en 18 años de gobierno.

“En este tipo de situaciones, caracterizada por la asimetría de poder entre las partes, la solución del conflicto no puede alcanzarse mediante el diálogo o por una mediación, que no es más que una negociación asistida, ya que la cooperación no es la mejor alternativa para al menos una de las partes” (Alarcón Deza)

Lo que no implica que el gobierno no esté interesado en “negociar” para desmovilizar a la ciudadanía. Ese interés resulta obvio en los discursos del oficialismo, pero también está claro que pretende sentarse a dialogar siendo árbitro de la conversación. Pues constantemente cambia las condiciones a su favor, encarcelando opositores para luego usarlos como piezas de intercambio, y repetir el ciclo aprovechándose de la impotencia de estos.

Asimismo, mientras el gobierno cometa acciones más ilegales o inconstitucionales, considera que mejores serán sus condiciones de negociación, así como sus posibilidades de perpetuarse en el poder. Pero que según mi parecer, no es más que un error, pues hoy día es casi imposible que la oposición caiga en su trampa, ya que después de tantos engaños y con más del 80% de los venezolanos en su contra, el gobierno carece de cualquier tipo de credibilidad y le toca enfrentar la furia de los manifestantes.

El problema persiste entonces en cuál puede ser el resultado de tales protestas si en principio, no se busca cambiar las condiciones de negociación.

El gobierno chavista, al igual que otros regímenes autoritarios, tiene sus fortalezas y debilidades, sólo que van mutando en el tiempo de acuerdo al contexto y sus posibilidades. En algún momento pensamos, por ejemplo, que el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos sería suficiente para que sufriera una derrota electoral. Pero conociendo su negligencia, corrupción o incapacidad para mantener un nivel de vida decente, el chavismo se preparó para desconocer bien sea el proceso electoral en sí mismo, o las competencias de los dirigentes electos mediante el control de los otros poderes del estado. Lo que ha significado la mayor dificultad de la Mesa de la Unidad, pues está basada en la competencia electoral para conseguir el poder y las herramientas para cambiar la realidad.

Cuando las elecciones quedan de lado, debemos fijarnos entonces en otros elementos que permiten el desenvolvimiento del poder ejecutivo, y claramente observamos dos grupos esenciales con importante influencia en él. Me refiero a miembros de niveles medios y altos de la cúpula política postchavista, y miembros medios y altos de las fuerzas armadas venezolanas.

Hasta cierto punto, estos individuos o grupos de individuos son ajenos a crímenes o violaciones de derechos humanos que se dictan desde el más alto nivel, pero cada día se les hace más difícil mantenerse al margen y deben compartir la responsabilidad. No obstante, considerando los altibajos del gobierno y la decreciente gobernabilidad, deben comprender que se hallan en la  posición más vulnerable de la pirámide y por ende, en cualquier momento pueden ser sacrificados para mantener a flote la revolución. Todo esto sumado al interés de muchos de ellos en seguir participando en la vida pública tras la probable caída del régimen, los puede convertir en grandes aliados para impulsar la transición.

De igual forma, las fuerzas militares y policiales de Venezuela se pueden encontrar en una situación parecida, aunque quizá más vulnerable aun, pues los crímenes de lesa humanidad no les da la oportunidad de trascender a la caída del régimen sino a una probable larga condena por culpa de una supuesta ideología que murió antes de nacer y que actualmente no tiene ningún basamento en la realidad del país.

Ambos grupos de actores son claves para mantener al gobierno en el poder, mientras no se realicen los respectivos eventos electorales. Y responsabilizar a cada grupo e individuo por las acciones que llevan a cabo, independientemente de quién dé la orden para hacerlo, los hará pensar dos veces en su conveniencia de seguir apoyando al régimen venezolano. Algo que, debo decir, se ha venido dando a cuentagotas al menos, como lo hicieron algunos partidos políticos señalando la identidad y responsabilidad de los magistrados que cometieron el “golpe judicial”.

Esto podría suceder fácilmente en las protestas de calle, donde sin falta ocurren hechos lamentables por parte de militares o policías contra manifestantes desarmados. Si se les garantizara una condena pública y penal por tales acciones, quizá las cosas cambiarían.

Ahora bien, el gobierno venezolano sabe esto, no estamos descubriendo el agua tibia. Y por si la represión, los arrestos y la desinformación que busca socavar la credibilidad de los dirigentes opositores no fuera suficiente, se comenta por los pasillos que muy pronto pretende convocar las elecciones regionales. O como dicen las malas lenguas, proponer una transacción electoral: abandonar la calle para contarnos en diciembre.

Lo que quizá le podría funcionar, pues supondría una luz al final del túnel lejos de esa temida explosión social que nadie quiere. Pero que tal vez, podría ser la última trampa para convencer a un pueblo de que vote por autoridades que no tendrán presupuesto, competencias o un país que  gobernar.

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Alejandro Yordi

Consultor estratégico en campañas políticas y comunicación corporativa. Licenciado en Letras y Especialista en Comunicación Política, Alejandro Yordi ha dedicado los últimos años a la planificación e implementación de estrategias de comunicación para campañas de gobierno y electorales en un contexto de cambios políticos abruptos y gran polarización.

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