¿Hacia un Estado de Bienestar europeo?

Los Estados del Bienestar en Europa se construyeron, en su forma actual, después de la Segunda Guerra Mundial; encaminados todos en una misma dirección, pero con matices tradicionales propios de cada nación. Al amparo de la conciliación entre democracia y capitalismo,  se producía un generalizado crecimiento e inversión, al mismo tiempo que se iba reduciendo, significativamente, la desigualdad (pobreza, desempleo, asistencia sanitaria inadecuada, etc.). A pesar de la considerable diversidad de los valores fundamentales de los respectivos sistemas nacionales de bienestar social en Europa, muchas normas son comunes en todo el continente.

En este ascenso nos situamos en 1991, donde el porcentaje medio del gasto social en términos de Producto Interior Bruto en la Comunidad Europea, era de un 26% (Países Bajos el más alto, con un 32,4 %; fuente EUROSTAT). Paralelamente, durante la década de los ochenta, M. Thatcher realiza, en Reino Unido, el mayor ataque al gasto social; recordemos privatización, reconversiones, emisión pública de acciones de las empresas industriales, abandono de determinados servicios sociales, etc. (el calificativo “parásito” hacia la población que accedía a las prestaciones sociales). Tras ello, a finales de siglo y con la venida del XX, el Norte y Europa continental viraron hacia la perspectiva inglesa de reducción del gasto. Sin embargo, todas estas transformaciones (España no fue ajena, recordemos las reconversiones en las dos últimas décadas del XX), han quedado obsoletas debido a la rápida evolución de los países y sus economías. La globalización, la libre circulación, la deslocalización y el ‘trastorno’ demográfico han incidido muy significativamente en la estructura del gasto social.

Desde su puesta en marcha, el Estado del Bienestar ha pasado de pensiones y asistencia sanitaria a cubrir espacios más amplios y a alcanzar un mayor número de beneficiarios. Sin embargo, debe continuar adaptándose a la sociedad y a la economía si quiere perdurar; han surgido nuevas necesidades, nuevos escenarios que el básico sistema de seguros y transferencias sociales no puede afrontar con satisfacción.

Antes del estallido de la crisis, la inversión social se estaba convirtiendo en el pilar fundamental del nuevo paradigma normativo de los Estados Miembro (EM), así como a nivel comunitario (Agenda 2020), pero con el acaecimiento de la crisis hemos podido comprobar su gran vulnerabilidad. Hemos asistido a un repliegue del Estado del Bienestar. En lugar de actuar para un fortalecimiento, a través de la adaptación a las nuevas exigencias, los Ejecutivos han virado hacia una reducción drástica, dejando a ciudadanos ajenos a ciertas prestaciones ya consolidadas (recordemos los índices de pobreza o el número de familias bajo el umbral de la pobreza, en nuestro país). Si bien, resulta innegable ocultar que el Estado del Bienestar amortiguó los efectos más duros de la caída del mercado y el hundimiento de las economías. Las reducciones presupuestarias destinadas a estas partidas se han venido justificando bajo el lema de la austeridad y, en ocasiones, tildados de despilfarros. Incluso los países socialdemócratas, de corte universalista, están abandonando dicho modelo hacia una mayor selectividad de las políticas sociales, con criterios más estrictos y mayor grado de privatización. Esta endeble justificación no nos hace sino reafirmarnos en la necesidad de visualizar el gasto social como una inversión. Debemos cambiar nuestra perspectiva, expulsar de nuestro vocabulario político el término “gasto social” si queremos blindar el Estado del Bienestar. El sistema social debe abandonar la percepción económica de ‘gasto a fondo perdido’ para adoptar una postura de ‘inversión social’.

Para comprender las dimensiones del objeto, debemos tener presente que (i) la Unión Europea representa el 7% de la población mundial y (ii) su participación en el PIB mundial (2014) fue del 24%, mientras que  el gasto social representó el 40% de su gasto.

Puestos en situación, tenemos que replantearnos la continuidad de la sociedad del bienestar. El cambio en los sistemas de trabajo, la cuestión demográfica (la carga económica recae sobre un número menor de trabajadores mientras que el número de beneficiarios aumenta), la deslocalización, etc., hacen tambalear los pilares del sistema tal y como lo conocemos. Debemos mostrarnos preocupantes por el futuro inminente del pilar social. En el seno de su supervivencia se encuentra el futuro del significado de ser europeo.  Los Estados del Bienestar tienen que adaptarse a los nuevos riesgos sociales que resultan de la naturaleza cambiante de las economías europeas, especialmente la evolución de los modelos productivos. Tendrán que utilizar los recursos de manera más eficiente y aprovechar al máximo los avances tecnológicos relevantes.

Asimismo, debemos advertir las diferencias entre los Estados del Bienestar nacionales de cada EM, que son abundantes: desde el modelo alemán de prestaciones basado en la cobertura de tipo ocupacional hasta el modelo nórdico, de prestaciones universales y más garantistas.

La armonización de la European Welfare Society debe venir de una homogeneización promovida por los EM en sus propios sistemas de protección social, bajo las recomendaciones de la Unión Europea. La imposición de un determinado régimen en el conjunto de los 28 (27) resulta, cuanto menos, complejo, pero una aproximación de las condiciones mínimas y universales para los ciudadanos de todos los Estados Miembro, supondría un paso agigantado en la construcción de la ciudadanía europea, fortaleciéndose de este modo la dimensión social de la UE, plasmada en la Agenda de Lisboa y que hace unas semanas la Comisión Europea relanzaba con la presentación del (European Pillar of Social Rights). La armonización de los Estados del Bienestar nacionales es un reto complejo, paulatino y no falto de obstáculos. Sin embargo, si conseguimos ligarlo al proceso de integración económica, monetaria y fiscal podremos visualizar pequeñas convergencias entre los Estados Miembro (EM).

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista, finalizando el grado de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en la educación, políticas de igualdad, fiscalidad y sistemas impositivos. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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Un comentario sobre “¿Hacia un Estado de Bienestar europeo?

  • el 9 mayo, 2017 a las 2:20 pm
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    Y si un día sí, y otro también se producen asaltos masivos a la valla de Melilla (hoy lo han conseguido 100 más, como en una ginkana) y con la inacción del Estado, (o incluso la acción, yendo a recogerlos) pues qué podemos decir del Estado del Bienestar…. ¿Qué el bienestar es sólo para los políticos y capitalistas del sistema?

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