Paraísos fiscales, un reto pendiente de la globalización

Andorra, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Hong Kong, Irlanda, Bermudas, Islas Vírgenes, Islas Caimán, etc. Todos estos territorios tienen algo en común; son, junto a muchos otros, paraísos fiscales (tax havens). Todos conocemos, a grandes rasgos, lo que son los paraísos fiscales pero, ¿conocemos el alcance del daño que producen? El impacto económico y social que tienen las “jurisdicciones no cooperadoras” (eufemismo que usa la CE comúnmente para referirse a los paraísos fiscales) sobre los países de tributación ordinaria son extremadamente graves. Pero, por si fuera poco, esto se agrava cuando interrelacionamos este asunto con la crisis económica internacional que aún persiste. Asimismo, el crecimiento del número de paraísos fiscales y de la cifra astronómica de capital que controlan ha ido aumentando correlativamente a la libertad de movimiento, la  desregularización y la globalización.

Todos somos conscientes de que la globalización afecta a la soberanía de los Estados y lo aceptamos, si ello supone un bien mayor, un progreso para la Humanidad. Pero los paraísos fiscales, también afectan a dicha soberanía. De la mano de la globalización económica surgen ingentes complejidades fiscales que las grandes empresas tratan de sortear continuamente y, frente a las cuales, los Estados ven limitada su actuación, debido a la globalización y los mercados internacionales.

La actividad de los paraísos fiscales reside en dos ejes, la residencia y la fuente. En primer lugar, la residencia es el criterio utilizado mayoritariamente por las economías modernas. Se tienen en cuenta, según ello, los ingresos obtenidos en todo el mundo en razón de la residencia de su titular, indistintamente de la zona o territorio donde se hayan producido (dichos ingresos o riqueza). En segundo lugar, la fuente, según el cual únicamente se gravarán los ingresos generados a razón de la actividad llevada a cabo en un determinado territorio. Atendiendo a estos dos criterios, el sujeto que desee minorar sus impuestos, deberá trasladar su residencia a jurisdicciones donde la presión sea menor (en algunos casos incluso inexistente).

Tanto la evasión como el fraude se sitúan al margen de la ley, pero también existe una vía legal. Como nuestro compañero Marc Riera analizaba, la elusión es el aprovechamiento de los límites, vacíos legales o debilidades de los sistemas fiscales para pagar menos impuestos. Estas prácticas son perniciosas para los Estados, la economía y la confianza ciudadana en el progreso y la globalización.

En esta línea, mientras que la teoría económica moderna se basa en la transparencia, los paraísos fiscales tienden en sentido contrario, auspiciando la confidencialidad, la no cooperación y el secreto bancario. Las empresas y los contribuyentes privados que hacen uso de estos mecanismos traicionan la confianza social. La fuga de capitales reduce la capacidad de los Estados de financiar servicios públicos e infraestructuras, viéndose obligados a reducir el gasto público o aumentar la carga fiscal de los contribuyentes ordinarios. Así, los grandes capitales omiten sus obligaciones tributarias tras haber disfrutado de las condiciones que suelen ofrecer un Estado con alta tributación.

La existencia de estas jurisdicciones ha provocado una erosión de las bases fiscales del resto de países, lo que unido a la crisis económica internacional que aún persiste ha socavado los recursos necesarios para conseguir el bienestar y las garantías proteccionistas propias de estos países. Pero además, la existencia de paraísos fiscales impide la supervisión eficaz de los mercados financieros, agravando pues las posibilidades de crisis (una relación viciosa que continuará hasta que se erradique al primero). El capital se dirige hacia donde obtiene una mayor ventaja fiscal, dejando atrás los conceptos de rendimiento y la más eficiente asignación del capital.

Este hecho ahonda aún más en la necesaria reflexión de cómo combatir esta desleal actividad, requiriendo una mayor creatividad por parte de los Estados que sufren la sangrante evasión y fraude fiscal. Asimismo, debemos proteger a los países en vías de desarrollo frente a los Estados desarrollados con tributación ordinaria.

La Unión Europea debe asumir un papel protagonista y común a todos los Estados Miembro. El economista francés, Gabriel Zucman (La riqueza oculta de las Naciones) cifraba en 2.014 que el stock de patrimonio residente en offshore ascendía a 7,5 billones de dólares. El sesenta por ciento de los evasores provienen de EEUU y la UE, cifra que justifica de forma singular la obligación que tiene el proyecto europeo de resolver (o, al menos, minorar) este gran problema de injusticia fiscal internacional. En 2.012, un estudio encargado a Richard Murphy arrojaba una pérdida anual de ingresos de un billón de euros en el marco de la UE (Closing the European Tax Gap, estudio encargado por el Grupo Alianza de Progresistas y Socialdemócratas del PE).

Pese a ello, en la actualidad, la UE no tiene una posición clara acerca del asunto que nos trae: mientras que el Parlamento Europeo muestra una postura clara a favor de la transparencia y el espíritu del artículo 208 del Tratado de Lisboa, la Comisión y la mayoría de Estados Miembros se muestran reticentes, tanto que las propuestas aprobadas en la Directiva Anti blanqueo de 2014, se diluyen en sus trasposiciones nacionales, así como tampoco son favorables a crear un organismo fiscal intergubernamental. A lo que habría que sumar la propia existencia dentro de Europa de varios paraísos fiscales, como al comienzo mencionaba.

La globalización financiera ha sido exponencial y, desafortunadamente, no ha venido acompañada por un régimen internacional de gobierno y supervisión. La economía financiera ha adquirido una autonomía con respecto de la política que impide a los Estados presentar respuestas eficaces al problema que hoy traigo a colación, se requiere de una actuación conjunta y coordinada.

No es fácil, la solución requiere lo primero de voluntad política, pero también de firmeza, negociación y prudencia; pero sobre todo, por dar un gran paso, la Unión Fiscal Europea. Ese es el primer paso para poder comenzar a construir una justicia fiscal internacional. Luego, podremos posar nuestra atención en el entramado que rodea a las corporaciones de la City de Londres que se encuentra enfrascada en los problemas derivados del Brexit y en una reforma fiscal onshore que acompañe al ocaso del mundo extraterritorial.

No habrá verdadera globalización si continúan existiendo los paraísos fiscales; no habrá justicia social mientras la mayoría de la población acarree con la carga fiscal de una minoría incívica.

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista, finalizando el grado de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en la educación, políticas de igualdad, fiscalidad y sistemas impositivos. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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Un comentario sobre “Paraísos fiscales, un reto pendiente de la globalización

  • el 31 julio, 2017 a las 3:46 pm
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    El papel que juega Irlanda en cuestión de impuestos es una vergüenza. Pero la culpa la tiene la Unión Europea por permitirlo. Si existiese una armonización fiscal en condiciones, no estaríamos así. Luxemburgo es otro tanto de lo mismo.

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