Fiscalía europea, hacia un derecho penal supranacional

“La unidad de Europa no es una fantasía, es la realidad misma”.

En los albores del milenio actual, la Unión Europea presentaba una incipiente propuesta de derecho penal europeo que, esta pasada semana ha dado un paso más hacia su materialización. Este nuevo avance en materia legislativa no es sino la implantación del conocido Corpus Iuris que pretende dar un paso más hacia la consolidación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) comunitario.

Han sido veinte los Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, República Checa y Rumanía) que en el seno del Consejo de la UE, han adoptado el Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea. Este órgano, que ya venía recogido en el Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE), se encargará de investigar, procesar y llevar ante la justicia a los autores de delitos contra los intereses financieros de la Unión. La Fiscalía funcionará como organismo único en todos los Estados miembros participantes. Será una “entidad altamente especializada e independiente, implantada en paralelo a las instituciones y servicios de la UE existentes” y que contará con oficinas descentralizadas dirigidas por fiscales delegados europeos a la vez que ejercen como fiscales nacionales.

Con este hito, que se materializará en los próximos años, se ahonda en la cooperación penal judicial que el Tratado de la Unión Europea ya mencionaba y, que sin embargo, se prevé complejo de aplicar.

Así, ante esta cuestión, que en todo caso es positiva y aplaudida, al menos entre los que nos sentimos europeístas, no está exenta de dificultades. La primera de ellas no es sino una certeza básica del Derecho Penal: el ius puniendi, la facultad de sancionar o penar, que corresponde con exclusiva al Estado. A partir de esta premisa, aseveraríamos que la UE no posee ninguna competencia en materia penal ni competencia para enjuiciar delitos penales supranacionales, ya que son jurisdicción de cada Estado.

Al mismo tiempo, la creación del órgano fiscal conlleva la apremiante necesidad de armonizar los derechos penales nacionales, tanto a nivel de penas y de tipos como de aspectos generales. Asemejar sanciones/penas y los tipos delictivos para que, independientemente de la nacionalidad del sujeto, pueda ser condenado a razón del derecho penal comunitario, necesita de una voluntad efectiva de estos veinte estados. La  vía más influyente del derecho de la UE sobre el derecho penal de los Estados Miembro (en adelante, EM) es la que se produce a través de la armonización del derecho penal nacional mediante directivas de la UE. Aunque si bien, todo el proceso de ‘europeización’ que con la multitud de reglamentos y directivas han sufrido los Ordenamientos jurídicos nacionales de los EM este nuevo paso será más mecánico. Y más, con la vía abierta por el TFUE en el marco de las siguientes propuestas: terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada (art. 83) y la lucha contra la delincuencia grave que tenga una dimensión transfronteriza (art. 86.4). Y, también deberemos pensar en si deseamos una simple armonización o realmente una unificación.

Igual de importante será la necesidad de atender a los principios básicos del Derecho Penal; entre ellos, el principio de legalidad o el de tipicidad. Respecto a este último, debemos decir que el anteriormente mencionado Corpus Iuris recogía escasamente algunos tipos penales (defraudación, blanqueo, malversación, etc.) y, algunos más, en la conocida obra dirigida por Klaus Tiedemann “Eurodelitos”. En la actualidad, los tipos penales han ido cambiando y sus penas son distintas, así como también las distintas circunstancias modificativas o la autoría. Asimismo, otras ideas expuestas en esta referente obra deben tenerse en cuenta a la hora de armonizar el derecho penal de los EM de la Unión, como el concepto de territorialidad europea. Este rasgo de supranacionalidad introduce elementos transformadores del Derecho Penal modificando así la noción del ius puniendi (antes comentada) como materia exclusiva de los Estados sobre sus territorios y, reforzando el carácter federal del proyecto europeo. Se convierte así en un ejemplo más y, francamente positivo, en materia de avances jurídicos frente al ‘soft law’ predominante en el marco de la globalización.

En esta línea, cabe decir que el Consejo de la UE ha establecido un campo de actuación muy limitado, al solo encomendar a la Fiscalía Europea la persecución de delitos económico-financieros que afecten al interés de la Unión Europea. Esta decisión debemos entenderla en la línea que se ha venido criticando desde distintas esferas europeas respecto al desequilibrio de integración que sufre el proyecto comunitario, muy avanzado en materia económica y financiera, y más lento en lo referente a unión política. Hubiera sido una ocasión extraordinaria para incluir –y/o reforzar la protección-  otros bienes jurídicos comunitarios como puede ser el medioambiente, derechos de los trabajadores o defensa de los consumidores. Para otra ocasión quedará, pero quizás sería aconsejable embarcarnos en la armonización de la protección de estos bienes, también fundamentales para los ciudadanos de la UE, mientras el barco siga en el puerto.  No nos quedemos únicamente en el marco económico como demuestra la exigencia política a los parlamentos nacionales de proteger los bienes jurídicos comunitarios – por ejemplo, las distintas directivas sobre el blanqueo de capitales- siendo entonces los EM quienes realizan la codificación punitiva de las acciones delictivas contra dichos bienes y no, un verdadero código europeo.

Si el mundo está tendiendo hacia una cada vez mayor globalización, deberemos construir un ordenamiento europeo pleno, no parcial, coherente, no incongruente; un sistema consecuente con esa universalización de derechos que respalda la idea de Europa.

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista, finalizando el grado de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en la educación, políticas de igualdad, fiscalidad y sistemas impositivos. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

2 comentarios sobre “Fiscalía europea, hacia un derecho penal supranacional

  • el 30 octubre, 2017 a las 8:56 pm
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    Muy interesante, Antonio, gracias. Es esperanzador entre tanto desencantamiento de las bondades de la Unión Europea. El camino es atravesar fronteras y conocer al otro, dialogar con el otro y, he aquí el reto del homo en el siglo XXI, armonizar con el otro.

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  • el 7 noviembre, 2017 a las 9:43 pm
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    Muchas gracias Sotosauco. Realmente, estos avances son esperanzadores respecto a otras políticas de la UE algo más cuestionables y, sin duda, criticables. Espero poder seguir escribiendo sobre progresos en estos temas. ¡Saludos!

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