Paraísos fiscales (II): La insuficiencia de la ‘blacklist’

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El pasado martes día cinco, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) aprobó dos listas sobre paraísos fiscales en aras de la consecución de una gobernanza fiscal, cuanto menos justa. En este ejercicio de búsqueda de justicia tributaria y social, que el Consejo y la Comisión Europea puso en marcha el pasado febrero con el fin de desincentivar y evitar las prácticas llevadas a cabo por personas –físicas y jurídicas- que tienen como fin único y principal el evitar que las distintas administraciones tributarias de donde sean residentes fiscales les aplique el correcto gravamen, ha tenido como primera cumbre la publicación de sendos listados de jurisdicciones no cooperadoras.

Tal y como recogía en mi anterior artículo (Paraísos fiscales, un reto pendiente de la globalización), el profundo problema que plantean los paraísos fiscales (tax havens) no puede atajarse a nivel nacional, sino que requiere de una determinación y unos medios supranacionales, de la voluntad política suficiente para ‘llegar hasta el fin’. En esta línea, la Unión Europea ha dado un tímido paso hacia la consecución de estos fines. Con la publicación de la lista de las 17 jurisdicciones no cooperadoras la UE pretende, en palabras del Comisario Pierre Moscovici, “intensificar la presión sobre dichos países con el fin de cambiar su manera de actuar y establecer sanciones sobre las que continúen con dichas prácticas”. Esta medida, como anunciaban distintos ministros de Finanzas tras la aprobación de los documentos, debe ir acompañada de un compromiso riguroso por parte de los Estados Miembros, con el fin de que las diecisiete jurisdicciones se comprometan y actúen de acuerdo a las recomendaciones y exigencias de transparencia que desde la Unión Europea se impongan.

En esta primera lista, acuñada como ‘lista negra’ –cuyos miembros son: Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palaos, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos- podemos visualizar centros muy importantes de evasión y fraude en atención al volumen de capitales que las estimaciones de organismos como Oxfam o el economista Gabriel Zucman les atribuyen. Sin embargo, este ambicioso documento, deja atrás muchos otros paraísos fiscales, como Bermudas o algunos tan cercanos con Suiza. Lugares tan conocidos por sus prácticas de lavado de dinero y mecanismos de elusión fiscal, como pueden ser los territorios asociados a Reino Unido o nuestros vecinos como Luxemburgo y Malta, han quedado fuera de esta estrategia de desprestigio y señalamiento internacional que ha puesto en marcha la UE.

El primer paso para que la estrategia que la Unión Europea enarbola funcione es ser decisivos en la lucha contra los paraísos fiscales, si cedemos ante estoques de estos territorios nunca podremos acabar con ellos. Y, para ello, es urgentemente necesario adoptar una postura común en nuestro seno, aprovechar la salida de Reino Unido para revertir las aceptadas excepciones de sus territorios de ultramar y territorios no autónomos (Jersey, Man, Bahamas, Caimán…), muchos de los cuales funcionan como paraísos fiscales, así como adoptar las medidas necesarias para que Luxemburgo y Malta introduzcan los cambios necesarios para asemejar sus sistemas tributarios a los del resto de Estados Miembro. ¿Qué sentido tiene la estrategia de la UE si mantenemos dentro de nuestro proyecto otras jurisdicciones con prácticas similares? Recordemos como Malta[1]  ha sido señalada por distintos informes e investigaciones europeas debido a sus prácticas de ingeniería fiscal. E igual ocurre con Luxemburgo (recordemos el LuxiLeaks de 2.014), territorio reiteradamente criticado por sus actuaciones desleales para con sus colegas europeos que, llegaron a cifrarse en 300 millones de euros en un informe elaborado por los Verdes europeos a través de datos del Banco Internacional de Pagos.

Una vez que hayamos podido actuar con una voluntad única, sin divergencias internas que impliquen laxitud para con ciertas jurisdicciones, podremos plantar cara al mundo extraterritorial, responsable de las dificultades de la supervisión de los mercados financieros –con lo que ello conlleva: crisis, deslocalización de capitales, etc.- y la diezma de los erarios públicos, base de todo Estado del Bienestar. Por tanto, es fundamental acabar con estos resquicios dentro de nuestro continente, sino que también por una política de mano de hierro, que no deje duda sobre la actitud que la Unión ha adoptado sobre este problema.

Suiza es otra de las grandes ausencias. ¿De verdad la UE pretende llevar a cabo su política antifraude, anti paraísos fiscales, sin introducir la más antigua jurisdicción confidencial del continente? El secreto bancario, insignia de los cantones suizos, tiene unas raíces tan profundas en la historia de este pequeño país que se remontan a varios siglos. Aunque el próximo uno de enero oficialmente Suiza abandona esta práctica tras el acuerdo que alcanzó con el resto de miembros de la OCDE sobre intercambio de información, la opacidad se mantiene bajo distintos aspectos. Según un estudio de la consultora Boston Consulting Group[2] Suiza es el mayor centro offshore del mundo. Sus entidades financieras albergan un cuarto del dinero offshore a escala global y, sus servicios bancarios representan el diez por ciento de su Producto Interior Bruto.

Paralelamente a esta ‘lista negra’, los ministros de finanzas hacían lo mismo con otra lista denominada ‘lista gris’, algo más extensa que abarca las siguientes jurisdicciones no cooperadoras: Albania, Andorra, Armenia, Aruba, Belice, Bermuda, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Cabo Verde, Islas Caimán, Islas Cook, Curazao, Islas Feroe, Fiyi, Macedonia, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, Isla de Man, Jamaica, Jersey, Jordania, Liechtenstein, Malasia y Labuan, Maldivas,  Mauricio, Montenegro, Marruecos, Nauru, Nueva Caledonia, Niue, Perú, Omán, Qatar,  San Vicente y las Granadinas, San Marino, Seychelles, Suiza, Serbia, Suazilandia, Taiwán, Tailandia, Turquía, Uruguay y Vanuatu. Para estos, la Unión ha establecido una serie de estándares a los que deben encaminarse las reformas tributarias; sin embargo, todo queda en un compromiso abstracto –que de no cumplirse, se encuadrarían en la ‘lista negra’- sin un horizonte temporal claro en el que adaptarse a los estándares exigidos.

En conclusión, aunque positiva la estrategia emprendida por la UE, debe reforzarse aún más en los próximos meses y ser tajantes con los tax havens, internos y externos al proyecto común. Mientras persista una actitud que no sea la de combatir los paraísos fiscales hasta su desaparición, mientras tanto, estaremos perdiendo. En ese momento, entenderemos que la economía necesita de justicia, y la justicia necesita de una economía transparente.


[1] Hasta 2.015, Malta fue considerada paraíso fiscal por España.

[2] Global Wealth 2016: Navigating the New Client Landscape. Download here: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial-institutions-consumer-insight-global-wealth-2016/#chapter1

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista, finalizando el grado de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en la educación, políticas de igualdad, fiscalidad y sistemas impositivos. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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