El “timing” de Bachelet

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A pocos días de finalizar el gobierno de Michelle Bachelet, resulta imprescindible hacer una derivada más en el análisis de lo que fue su gobierno, uno de los más transformadores, sin duda, en Chile desde 1990. El que fuera el gobierno de una coalición renovada, la Nueva Mayoría, formada por los partidos de la antigua Concertación, además de la incorporación del Partido Comunista, y una naciente bancada estudiantil, donde además de Camila Vallejo y Karol Cariola (ambas PC), se añadían los nacientes liderazgos de Gabriel Boric y Giorgio Jackson (éste último protegido por una competencia electoral ausente en el emblemático distrito 10 de la cámara baja), nos daba hace 5 años la esperanza de ver el nacimiento de una política diferente, y de una voluntad de reparación de la desigualdad estructural consolidada por el modelo neoliberal heredado de la dictadura, bajo el mandato divino del Consenso de Washington.

El fin de la democracia protegida aparecía en el horizonte con la irrupción del PC en el Congreso, y la agenda de gobierno, además de los nacientes liderazgos estudiantiles, nos hacían pensar en una nueva política, configurada sobre la base de cuatro ejes programáticos claros que dejarían en el pasado el Chile de la Concertación: Reforma Educacional, Reforma Tributaria, Fin al Binominal y Nueva Constitución; las llamadas reformas estructurales, que irían acompañadas de otras acciones como la aprobación de la Ley de Aborto en tres causales, o la Ley de Acuerdo de Unión Civil, configurando de esta forma la imagen de un Chile más plural, e igualitario.

La presidenta optó por un camino legislativo arduo, la llamada “ingeniería jurídica” aludida por Sergio Bitar (resistido por amplios sectores de la izquierda), para llevar a cabo tan titánica empresa, se tornó algo escabrosa, y por momentos poco práctica a efectos de consolidar el triunfo de un nuevo ideario político que buscaba asemejarse, o al menos acercarse al modelo de estado de bienestar europeo, en su momento de mayor decadencia producto de la crisis económica, misma crisis que impactaba en el ritmo de crecimiento de un país como Chile, muy dependiente del comercio exterior y de la demanda de bienes primarios.

Se gestó así una agenda gubernamental que fue golpeada sistemáticamente por el establishment local. El primer hito refundador, el nuevo trato con el empresariado, la Reforma Tributaria, que otorgaría los recursos necesarios para una Nueva Educación Pública, fue abatido comunicacionalmente con el surgimiento del Caso SQM, y posteriormente con el Caso Caval, involucrando al hijo y la nuera de la presidenta, socavando toda la credibilidad que daba sustento a la idea de un nuevo pacto social para combatir la desigualdad. Tal fue el impacto de ambos golpes comunicacionales, que cayó la primera línea del gobierno, el llamado G9, liderado por el entonces Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Pero Bachelet no se dejó abatir, sin sacrificar a su hijo, Sebastián Dávalos, apelando a que “las instituciones funcionan”, continuó con su gesta reformadora, avanzando en la discusión sobre la Reforma Educacional, bajo la batuta de un ministro muy poco experimentado en lides educacionales: Nicolás Eyzaguirre, quien intentó dialogar con cada estamento sin generar un consenso necesario, o al menos una claridad conceptual sobre lo que debía llegar a ser la educación en nuestro país, hasta mediados de 2015, casi medio período de gobierno, costándole entre otras cosas, el fin de la alianza con el movimiento de Revolución Democrática que estaba ya formando el Frente Amplio, una nueva oposición desde la izquierda. Definió entonces la presidenta que necesitaba un cambio en tan estratégica cartera, incorporando a Adriana Delpiano, quien tomó el desafío y fue alcanzando importantes hitos en la gestión política y técnica de las reformas en educación, sin abandonar la idea de “ingeniería jurídica” de Bitar, sustentada en decenas de pequeñas reformas, nuevas leyes y articulados, que iban a finalizar con grandes proyectos como la Ley de Educación Superior que, finalizado el mandato, quedó en manos del Tribunal Constitucional.

En la segunda mitad de su mandato,  en medio de una ardua batalla comunicacional, la presidencia alcanza logros importantes para el país, finaliza con el Sistema Binominal (ideado nada menos que por Jaime Guzmán), y reemplaza éste por nuevo Sistema Electoral, pero el descrédito de los partidos a raíz de su financiamiento ilegal, le quita brillo a dicho hito democrático, ya que el nuevo sistema aumenta el número de parlamentarios (aplicando la criticada Ley D´Hondt), en un país donde el parlamento no es precisamente una institución que goce de gran credibilidad, sino más bien a la inversa, más aun luego de los centenares de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de campañas políticas, problema que enfrentó a la presidencia nuevamente a una crisis de probidad, viéndose obligada a reformar la Ley de Partidos Políticos, otorgando un modelo de financiamiento público, pero el daño ya estaba hecho.

No obstante, el programa de gobierno seguía en pie, como si de La Esmeralda se tratase, el barco se hundía (con todas las encuestas en contra) pero no se había perdido aún la esperanza, aún quedaba la madre de todas las batallas, la Nueva Constitución, demanda que se había diluido en el descrédito de la coalición gobernante ante sus impresentables vínculos con la derecha, y una economía estancada que era presa de la desaceleración causada por el entorno externo, así como por una clase empresarial “taimada” ante un escenario de incertidumbre legislativa. Difícil tarea levantar una Constitución en un escenario de esa naturaleza. El espíritu republicano de la ciudadanía había dado paso al escepticismo más agudo, dejando poco espacio a las grandes causas. Así, Michelle finalizó su gobierno entregando un proyecto de carta fundamental con posterioridad a la elección presidencial perdida por Alejandro Guillier, lastrando cualquier tipo de legitimidad democrática para un hito tan importante como es reformar la estructura orgánica del estado y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Así, los grandes logros del gobierno de Bachelet fueron quedando en una nebulosa política y comunicacional, la Gratuidad en la Educación, el fin al Binominal, la Reforma Tributaria, y finalmente la tan ansiada Nueva Constitución fueron ingresando a la arena política en momentos, al menos, poco estratégicos. Todo ello, sin mencionar la divergencia legislativa en términos de “timing” respecto de las elecciones municipales, primarias y presidenciales.

Cabe entonces preguntarse sobre la pertinencia de la gestión de las políticas públicas respecto del sistema social de gobernanza que las hace viables, y respecto de la lucha natural del juego político, donde existen múltiples factores asociados al sentido de oportunidad y estrategia política. Si el proyecto de la Nueva Mayoría encabezado por Michelle Bachelet quería realizar transformaciones profundas, ¿era prudente aplazar la Nueva Constitución? ¿Por qué dejarlo para el último minuto, al igual que el cierre del penal de Punta Peuco?.

El timing de un gobierno también nos habla de una intención política, no solamente de su capacidad de gestión, el timing nos da una carta de navegación, un destino que intenta ser manifiesto a través los pasillos de las instituciones que son muy sensibles a las fuerzas que en ellas interactúan. En este caso, el timing de Bachelet, y por ende de la Nueva Mayoría, nos habla mucho más, de un sentido de oportunidad para acceder al poder, y de paso escribir la historia, aunque nos habla bastante menos de la convicción profunda por cambiarla.

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David G. Miranda

David G. Miranda Es Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en procesos de internacionalización en el ámbito de la ciencias, tecnología e innovación. Posee un Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina (Política, Economía, Estado y Sociedad) en la Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo del Programa Alfa de la Comisión Europea y la participación de una quincena de universidades de ambos continentes. Ha participado en numerosos foros internacionales, entre los que destaca en el Congreso Mundial de Ciencia Política de la IPSA en Madrid (2012) y Poznán (2016), la Cumbre Académica CELAC –Unión Europea en Bruselas, las Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales. Asimismo, ha publicado parte de su producción científica en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, el Instituto de las Américas de Francia, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Libre de Bruselas, entre otros. Es Miembro de la International Political Science Association (IPSA), de la Asociación Chilena de Ciencia Política y del Foro Académico Permanente América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

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