El camino de Puigdemont

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Aunque Carles Puigdemont fue cesado como President de la Generalitat el 28 de octubre del año pasado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, es previsible que su reciente detención en Alemania ponga fin a una etapa. Esta última ha significado un notable salto cualitativo en la senda de arbitrariedad e ilegalidad en la que se ha embarcado la Generalitat de Cataluña antes incluso de su nombramiento.

Así, el mandato de Puigdemont nace de un 27S en el que se celebraron elecciones autonómicas calificándolas el Govern de plebiscitarias, concepción esta que no existe ni en nuestra Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En aquellas elecciones concurrieron en una lista electoral conjunta el partido del gobierno y el primer partido de la oposición, encabezados por Raúl Romeva pero presentando como candidato a un Artur Mas que elude rendir cuentas sobre su gestión.

Aunque aquel falso plebiscito se pierde, como se precipita en reconocer la CUP, el independentismo es incapaz de reconocer el fracaso. El Parlament aprueba, sin ni siquiera investir President y como primera medida, una declaración en la que se proclama que se inicia el proceso rupturista de desconexión con España. Tras un intento fallido de investidura de Artur Mas, el mismo anuncia que Puigdemont será investido con el voto favorable de la CUP y que esta quedará en términos prácticos integrada en JxS. ‘’Lo que no han dado las urnas se ha corregido mediante la negociación’’, reconoce.

Dos años y medio después, no debería ser discutido que el mandato de Puigdemont ha resultado un fracaso para Cataluña y para el proyecto político que encabezaba. Puigdemont tomó una Cataluña con plenas competencias y buen posicionamiento para negociar un nuevo encaje constitucional y ha dejado una Cataluña gobernada por Soraya Saénz de Santamaría, con unas instituciones desprestigiadas y una crisis social y económica que padeceremos décadas. El plan de Puigdemont ha situado al Govern y al Parlament en la más absoluta arbitrariedad y ha convertido unas instituciones de autogobierno históricas en un mero instrumento para su próximo acto de propaganda electoral.

El referéndum, gran evento de la legislatura, se anunció como un acto democrático que culminaría en una república independiente viable y reconocida internacionalmente. En su lugar, se trató de una consulta ilegal sin la más mínima garantía cuyo resultado fue rechazado por nuestros socios europeos. El Govern presentó entonces como válido el escrutinio de una jornada electoral con censo desconocido, urnas requisadas y sin órganos imparciales que velasen por la adecuación del procedimiento.

No obstante lo anterior, el error estratégico del Gobierno de España de regalar las violentas imágenes de cargas policiales para cerrar un número irrelevante de centros de votación insufló oxígeno al procés. No es que fueran las primeras cargas policiales que los catalanes, como el resto de europeos bajo gobiernos de cualquier color, sufrían durante protestas pacíficas. Pero sí es cierto que aquellas escenas, innecesarias habida cuenta de que el referéndum ya había sido anulado judicialmente, permiten al independentismo cambiar el eje de la discusión de independencia-unionismo a democracia-autoritarismo.

Aún con ello el Govern fue incapaz de rentabilizar adecuadamente tal éxito propagandístico, probablemente porque para sorpresa de muchos había ejecutado una tentativa de referéndum unilateral sin haber diseñado ex ante un plan de actuación posterior. Aunque el 1-O habría sido un magnífico acto de apertura de campaña electoral para unos comicios controlados por el Govern, la perversa dinámica de competición por la hegemonía del independentismo entre PDeCAT y ERC no permitió a Puigdemont convocarlos y sortear el artículo 155. Puigdemont deseó evitar una DUI sin hoja de ruta ni medios de viabilidad que generaría una estampida empresarial y dejaría la administración catalana en manos de Rajoy, pero el procés ya no lo permitía. Es posible que quienes jalearon en el transcurso de esas horas con las 155 monedas de plata también hoy consideren que la mejor opción eran aquellas fallidas elecciones autonómicas, pero no lo dirán. El procés no lo permite.

El resultado de las decisiones de Puigdemont es que Cataluña es hoy la Comunidad Autónoma con menos autonomía y buena parte de los líderes soberanistas están encarcelados o eluden la Justicia española en el extranjero. Estos costes, además, se han asumido sin beneficio alguno. ¿Por qué?

En primer lugar, porque Cataluña cuenta hoy con peores condiciones para negociar su encaje en la ordenación territorial española. También el Gobierno tiene menor margen de maniobra porque su potencial electorado ha visualizado lo ocurrido como un ataque a la unidad territorial y no asimilaría que el Gobierno cediese y los líderes soberanistas obtuviesen contrapartidas por su ataque.

Por otro lado, el caos que ha generado la dura respuesta del Estado frente al pulso de la Generalitat no ha ensanchado la base social del independentismo como se pretendía sino que su apoyo permanece estancado. Buena parte de los catalanes continúa sin querer formar parte del proyecto de país llamado España pero teme los sacrificios que una independencia no negociada conlleva.

En tercer término, el independentismo soporta las consecuencias judiciales de una auténtica rebelión armada cuando su intención probablemente no fue nunca ir más allá de un pseudo alzamiento institucional o propagandístico en el que, ciertamente, la bandera de España seguía ondeando el primer día de la República Catalana y su President no tenía más plan que apearse en un reservado de Girona con unos amigos.

La detención de Puigdemont en Alemania pone fin a la última fase de liderazgo simbólico en el que, bajo la autodenominación de Govern a l’exili, tenía como meta someter a tensión a las instituciones europeas y españolas para lograr una mejor situación procesal.

El independentismo asumió internamente hace meses que ha culminado sin éxito este embate a España, pero aún tiene por delante la complicada tarea de hacer públicamente pedagogía sobre ello. De nuevo, el procés no lo permite. Los tenues intentos de finalizar la etapa Puigdemont, que parte del PDeCAT y ERC han puesto en marcha, son vistos con recelo por un electorado que ha creído el relato procesista y observa tales tanteos como claudicaciones ante una España que ha vencido por la fuerza. Entre tanto han transcurrido ya tres meses desde las elecciones autonómicas convocadas por Moncloa y la teatralización de indignación por la aplicación del artículo 155 es cada día menos creíble. Encerrados en su – imposible- relato de restitución del Govern legítimo, PDeCAT y ERC no han sido capaces de plantear una candidatura que pueda ejercer plenamente las funciones de President y recuperar el autogobierno de Cataluña y han optado por agravar el conflicto político proponiendo a investigados por rebelión o sedición pero esquivando hábilmente nuevas responsabilidades penales. El equilibrio no se podrá mantener por mucho más tiempo, como advierte ya públicamente Mas.

El soberanismo no tiene a medio plazo más remedio que aceptar las consecuencias penales que sobrevendrán por sus actos e iniciar una vía legal recuperando el autogobierno aunque todavía sea un enigma el cómo llegar a tal punto sin frustrar a sus votantes. Esta posición coyuntural de debilidad de los partidos independentistas podría ser utilizada por el Gobierno español para tejer algunas complicidades de cara a un diálogo que resuelva la crisis territorial española.

Lamentablemente, los motivos para ser optimistas son escasos. Es cierto que el Partido Popular, que tradicionalmente ha visto en el conflicto territorial un motivo de cohesión de su electorado, ha observado como el estallido de la crisis con Cataluña ha impulsado a Ciudadanos como una alternativa de centro derecha viable en España y, paralelamente, ha precipitado a los populares catalanes a la irrelevancia más degradante. No obstante, el Gobierno se ha resistido a dar por perdida la puja electoral con Ciudadanos por el nacionalismo español, como atestiguan las declaraciones en campaña de Saénz de Santamaría atribuyendo a Mariano Rajoy el encarcelamiento de los líderes independentistas o el fallido intento de Íñigo Méndez de Vigo de permitir a los padres catalanes optar por la lengua de enseñanza de sus hijos. Ha sido un error de estrategia porque no ha hecho más que avivar un incendio a cuyo calor renacía Ciudadanos, que sin embargo no había encontrado su acomodo en la primera etapa de esta legislatura estatal.

La situación es endiablada porque, pese a todo, el Gobierno no puede invertir su discurso y encauzar un diálogo sobre competencias y financiación en el marco de legalidad a doce meses de elecciones europeas, autonómicas y municipales sin recibir un correctivo de su votante. Cualquier gesto que intente rebajar la tensión será observado por una parte de la derecha como una rendición frente al golpe y alimentará a su competidor. Como ocurrió en octubre con Puigdemont, la dinámica del procés tampoco deja opción a Mariano Rajoy.

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Javier Alemán Uris

Graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Asistente parlamentario en el Congreso de los Diputados.

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