Moción de censura: alianza contra la corrupción

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El 31 de enero de 2013 el diario El País publicó una contabilidad oculta cuya elaboración atribuía a quien fue tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y que vino en recibir la denominación de ‘’los papeles de Bárcenas’’. Aquello marcó un antes y un después en la política española, no solo porque pretendía ser una prueba gráfica de la financiación en negro del partido que sustentaba al Gobierno, sino porque en ella se registraban pagos a quien encabeza el propio Gobierno.

El 14 de julio de ese mismo año la credibilidad del presidente recibió un nuevo golpe demoledor del que no se ha recuperado: el diario El Mundo difundió los mensajes de texto que Mariano Rajoy intercambiaba con Bárcenas. Quedaba acreditado que el presidente del Gobierno apoyaba al entonces imputado y hoy condenado traspasando cualquier línea ética: ‘’Hacemos lo que podemos’’. ¿Quiénes? ¿Qué hacían? No solo eso, sino que las capturas revelaban que el presidente del Gobierno, después de que España conociese que su tesorero tenía decenas de millones de euros no declarados en Suiza, remitió a su compañero el siguiente mensaje: ‘’Luis, lo entiendo, se fuerte’’.

El entonces líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió formalmente la dimisión de Rajoy y forzó con el amago de una moción de censura una comparecencia monográfica en agosto que tuvo lugar, por cuestiones logísticas, en el Senado. Ya entonces se advirtió por el conjunto de la oposición los graves riesgos que para la salud democrática de nuestro país entrañaba que el Gobierno no asumiese responsabilidades políticas y que España digiriese los escándalos de corrupción. Se habló del peligro de ‘‘berlusconización’’ de la política española.

Lo cierto es que el espectáculo se naturalizó. El infotainment encontró otras historias más rentables que contar y la mayoría absoluta de la que gozaba aquel Partido Popular, lograda sobre el desconcierto de la crisis económica, impidió provocar algún tipo de consecuencia práctica.

Hasta tal punto fue así que Rajoy revalidó la victoria electoral en 2015. Se dejó por el camino 63 escaños (un tercio de sus votantes), mayor desgaste del sufrido por el PSOE en 2011 tras la gestión de la crisis económica. El PP conservó la primera posición electoral, pero había quedado en minoría y el Congreso por primera vez en nuestra reciente historia democrática podía otorgar su confianza a un candidato que no representaba al grupo parlamentario mayoritario en el Congreso. Sin embargo, los intereses partidistas primaron y la formulación de una alternativa que reuniese una mayoría simple del Congreso fue bloqueada. Fue un punto de inflexión porque las votaciones de investidura de Pedro Sánchez en marzo de 2016 no solo eran un modo de provocar un cambio en el Gobierno sino también de censurar el periodo anterior.

No fue posible y hoy España sigue acusando las consecuencias de aquella incapacidad. Nos vemos abocados ahora a una moción de censura que, en realidad, supone una disyuntiva entre un candidato limpio que convoque elecciones o un presidente que chapotea en la ciénaga de la corrupción y cuyo proyecto político se limita al atrincheramiento en Moncloa mientras nuestras instituciones se degradan. Es cierto, que al ser una moción constructiva, Sánchez necesariamente debe recabar la confianza del Congreso, pero negársela es al mismo tiempo revalidarla en Rajoy.

La moción de censura viene motivada por la acreditación por la Justicia de que el Partido Popular se ha financiado durante al menos dos décadas con dinero negro que registraba una contabilidad extraoficial que no era verificada por el Tribunal de Cuentas. Ello tiene múltiples implicaciones, no siempre obvias o fácilmente reconocibles.

En primer lugar, conlleva una alteración fraudulenta de la libre competencia a la hora de contratar con las Administraciones Públicas. Al favorecerse ilegalmente la contratación pública con ciertas empresas, se ha dañado a otras que competían sin posibilidades de éxito. El segundo punto es el sobrecoste de los contratos públicos para extraer un beneficio ilícito, financiándose como es obvio tal inflación con las arcas públicas. De ahí se obtiene, efectivamente y en tercer término, un enriquecimiento personal de dirigentes políticos y también empresariales. La contabilidad opaca supone, en cuarto lugar, la incapacidad de los organismos de control de ejercer sus funciones de vigilancia y ello se traduce, por último, en una campaña electoral desigual en la que el Partido Popular concurría dopado y con posibilidades mayores de éxito que el resto. Libre competencia, desviación de recursos públicos, beneficio ilícito a componentes de auténticas organizaciones criminales y perversión de la competencia electoral. No es poco.

Como reflexión tangencial sería bueno destacar que España es una democracia plena y, como tal, disfruta de un Estado de Derecho que se impone a todos por igual. Es el partido que sostiene al ejecutivo el que es condenado mientras sigue en curso su procesamiento en otra causa por obstrucción a la Justicia, pero también son sus máximos dirigentes (presidentes autonómicos, ministros, tesoreros) quienes hoy rinden cuentas con la sociedad ante los Tribunales.

En cualquier caso, nos enfrentamos nuevamente a un contexto en el que los intereses partidistas pueden imposibilitar cerrar la etapa Rajoy y abrir una nueva que pase por unas elecciones recuperada la normalidad institucional. Hay quien puede tener la tentación de que Rajoy se abrase lentamente al calor de cada escándalo de corrupción para así poder dar cobijo a su electorado desencantado. Siendo eso legítimo, no lo es pretender que suceda a costa de cuestionar la credibilidad de nuestro Estado por delante.

El ciclo político actual está finalizado. España no tiene un Gobierno pendiente de los grandes retos a los que tendremos que enfrentarnos: la recuperación económica de las personas más castigadas por el empobrecimiento, el diálogo y consenso con los territorios del Estado, la reflexión sobre nuestras instituciones y cómo pueden prestar un servicio más transparente y eficaz a la ciudadanía, por mencionar algunos. No existe así justificación alguna para permitir a Rajoy continuar durante dos años más y que periódicamente la Justicia ponga en duda la honestidad de nuestro Consejo de Ministros.

Sería un gran error no tener la suficiente altura de miras y ligar a la credibilidad de Rajoy la de nuestro Estado. Si la mayoría parlamentaria da por liquidada la legislatura y considera que el Gobierno ha agotado su crédito político, ¿por qué no hacer efectivas estas valoraciones y sacar adelante la moción de censura?

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Javier Alemán Uris

Graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Asistente parlamentario en el Congreso de los Diputados.

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