Inmigración: ¿amenaza u oportunidad?

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Durante estas últimas semanas los “saltos” a las vallas de Ceuta y Melilla, o la llegada de personas en pateras o barcos de salvamento -en el mejor de los casos-, hacían detonar una ola de críticas hacía la inmigración. Algunas de ellas con razón, pero otras muchas con no tanta; dejándonos llevar por las emociones.

La inmigración es todo un desafío. El gran inconveniente de esta problemática lo encontramos en los países de origen, cuyas instituciones son evidencias de Estado fallido. Si no son los mismos gobernantes quienes ejercen la violencia y represión contra su propio pueblo, serán las mafias, guerrillas o grupos terroristas quienes se ocupen de someter a los civiles.

Ante nuestros ojos tenemos una de las peores crisis migratorias desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en Europa, donde nuestra sociedad se caracteriza por su solidaridad, tenemos la obligación moral y ética de darle respuesta. Pero, eso sí, a nivel comunitario. Necesitamos una respuesta equitativa y pactada entre los socios europeos. Es un problema global que precisa de una contestación también conjunta. Individualizar el problema, como algo interno de Italia, España, Grecia o Malta sería un grave error. La irresponsabilidad en esta materia lo convierte en un fructífero caladero para los populismos -sea cual sea su color-.

Asimismo, déjenme que nos centremos en la perspectiva económica. No es un debate nuevo ni muchísimo menos, pero hace unas semanas el nuevo presidente del PP, Pablo Casado -discípulo de la dinastía aznarista y artífice del nuevo giro a la derecha de los populares-, decía en referencia a la inmigración: “No es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible para el Estado de Bienestar”. Hablemos un poco más de esta afirmación.

Cierto es que España es el segundo país de la Unión Europea por número de residentes extranjeros, y que la población inmigrante en el país asciende a los 5,9 millones de personas, aproximadamente un 12,8% del total. Sin embargo, ¿la inmigración es perjudicial para la economía? ¿El mercado laboral se resiente con la entrada de nueva mano de obra? ¿Es sostenible este nivel de población extranjera para nuestro Sistema del Bienestar?

El FMI parece tenerlo claro, estima que España necesitaría casi el doble de población inmigrante para el año 2050 si quiere mantener su actual nivel de vida. Indaguemos más sobre la inferencia del volumen de inmigrantes y el nivel de bienestar del país.

En un reciente estudio de d’Albis, Boubtane y Coulibaly (2018)[1] se analiza el impacto de los flujos migratorios entre 1985 y 2015 sobre los principales indicadores económicos de 15 países europeos[2]. Gracias a este trabajo podemos decir que, a lo largo de los años siguientes a un aumento de un punto en el flujo migratorio neto, el impacto sobre los indicadores es significativamente positivo. El PIB per cápita del país hospedero se incrementaría en 0,32% en los dos años posteriores. El desempleo disminuiría en 0,14 puntos porcentuales, y la balanza fiscal también mejoraría en 0,11 puntos porcentuales por cada punto que aumente el flujo migratorio neto del país. Pero el impacto de este aumento migratorio se prolongaría durante un periodo medio de 10 años, hasta llegar de nuevo a su senda estacionaria.

Recibir a un refugiado, por ejemplo, supone un evidente coste de dinero público en el momento inmediato, pero esto se revertiría al elevarse posteriormente la recaudación impositiva. Si bien es cierto que el impacto al que concluye el estudio no es excesivamente grande, si que debemos tener en consideración que, en un nivel agregado, el empuje económico podría ser mucho mayor. Asimismo, el análisis nos sirve para negar categóricamente que la inmigración pudiera llevar consigo un efecto negativo para la economía del país que la recibe.

Por otra parte, el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Luigi Minale, se ha centrado en estudiar la oleada de refugiados de 2015. Y aunque reconoce que aún es pronto para valorar su impacto, solo aquel año solicitaron asilo más 1,5 millones de personas en Europa, y según él, no habría indicios de que la economía europea se haya resentido tras tal aluvión.

A pesar de que más de la mitad de la población española cree que los inmigrantes perjudican el acceso de los nativos a las prestaciones y servicios sociales, Moreno y Bruquetas (2011)[3] indicaron que, mientras que los inmigrantes suponían ese año un 12% de la población, solo un 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales se dirigieron a este conjunto.

En base a este mismo estudio, se calcula que la alta tasa de actividad de los inmigrantes retrasaría cinco años la entrada en déficit del sistema de la Seguridad Social. Y es que el aumento del flujo migratorio durante la primera década en España habría sido el responsable del 50% del superávit de las finanzas públicas que se experimentó en esos años. De hecho, las cifras del Ministerio de Trabajo dan prueba de que existe una relación positiva entre el volumen de los cotizantes extranjeros y el fondo de reserva de la Seguridad Social.

David Card de la Universidad de California en Berkeley, enfocado en el estudio del mercado laboral, los salarios y la inmigración decía: “En los últimos 30 años, la gente con menos ingresos de muchos países occidentales no ha visto aumentar sus salarios. Muchos ven en el crecimiento plano de sus ingresos un resultado de la inmigración. Quieren pensar que, si hubiera menos personas en el país, cada una tendría más ingresos. Esta idea de que un aumento de la población nos hace a todos más pobres es una vieja idea malthusiana“. De hecho, a muchos economistas les preocupa justo lo contrario, que un crecimiento de la población lento o negativo acabe rebajando el nivel de ingresos per cápita. Y en esta línea, las políticas antiinmigración serían doblemente contraproducentes.

No podemos negar que la entrada de inmigrantes de forma desigual y desorganizada podría afectar negativamente y suponer importantes desafíos para las instituciones. La concentración de la presión migratoria en determinadas zonas puede llegar a desajustar la distribución de recursos fiscales, lo que deterioraría los programas sociales. En cambio, si se pudiera llevar a cabo de forma escalonada y juntamente con políticas de integración eficaces, los beneficios para la economía del país serían mucho mayores.

En conclusión, podríamos entender que la entrada de inmigrantes en un corto y medio plazo es valedora de aumentos en el empleo y, por consiguiente, en las cotizaciones. Lo que permitiría, a su vez, mejora de las pensiones y de la Seguridad Social. Además, se demuestra que ayuda a disminuir el envejecimiento demográfico, e incluso, de forma indirecta, podría corregir la despoblación que sufren algunas zonas del país.

Sin embargo, a pesar de las motivaciones económicas encontradas, el pilar principal de nuestra decisión a mantener una política más propensa a los “brazos abiertos” se debería centrar en los argumentos morales, sobre todo, en el caso de los refugiados, que su principal causa es huir de la barbarie y la persecución.

El problema y desafío político que puede suponer los aumentos de los flujos migratorios podrían menguar, o incluso, desaparecer si conseguimos deshacernos de los clichés y pasamos a entender la inmigración como una oportunidad, en vez de una amenaza o una carga. Necesitamos más inmigrantes, son garantía de futuro.


[1] D’ALBIS, H., BOUBTANE, E. y COULIBALY, D. “Macroeconomic evidence suggests thath asylum seekers are not a burden for Western European countries”. Science Advances. 2018. Nº4.

[2] Por medio de un modelo de panel vectorial autoregresivo -VAR, en inglés-, muestra una estimación dinámica en el corto y medio de los efectos de los shocks de las inmigraciones sobre la economía del país receptor.

[3] MORENO, F. y BRUQUETAS, M. “La inmigración en España”. Inmigración y Estado del Bienestar en España. 2011. Vól.31 Colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa. Madrid.

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Marc Riera

Marc Riera Félix (Mahón, 1996) es economista por la Universidad Carlos III de Madrid. Enfocado en el campo de las finanzas, la macroeconomía, y la integración europea. Cursa actualmente el Máster en Auditoría de Cuentas en CUNEF-CEU. Es cofundador de Estudiantes por Europa y milita en distintas asociaciones y fundaciones. Ha colaborado de varios medios de comunicación.

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