La Economía Digital, una oportunidad para la fiscalidad europea

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En las últimas décadas, la riqueza mundial ha ido creciendo de forma continuada y, sin embargo, no todos los habitantes del planeta se han visto beneficiados de ello, ni siquiera todos aquellos que han contribuido con su esfuerzo a generar dicha riqueza. La revolución tecnológica ha posibilitado la creación de nuevos nichos de mercado, desarrollándose nuevas herramientas de creación de valor y generación de riqueza. No obstante, esa riqueza no se ha revertido en los que la han propiciado.

Durante este período de tiempo, el progreso tecnológico ha originado plataformas y entidades que vienen participando en el mercado compitiendo con las tradicionales empresas; adscribiéndose bajo el nombre de empresas de “economía colaborativa”. La velocidad de estos avances ha dejado atrás a los ordenamientos jurídicos que, urge que sean adaptados a las condiciones de mutabilidad social con el fin de garantizar las conquistas y proteger a los ciudadanos. En este aspecto, el desarrollo de grandes empresas digitales ha ocasionado una gran erosión en la base recaudatoria de las jurisdicciones tributarias europeas. Los sistemas tributarios tradicionales se han visto incapaces de gravar los beneficios que estas empresas obtienen en sus territorios debido a que los nexos imponibles no son capaces de someter estas nuevas formas de participación en el mercado. Por ello, desde la OCDE y la propia UE, han venido lanzándose propuestas para conseguir someter a tributación esta fuente de riqueza.

Siguiendo esta hoja de ruta, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez firmaban recientemente la Declaración de Madrid, por la que se apostaba -una vez más- por un desarrollo mayor de la Unión Económica y Monetaria. Dentro de los compromisos adoptados, es reseñable la meta de establecer a partir de 2021 un presupuesto para la Zona Euro, incluyendo entre los instrumentos para su consecución la creación de nuevas figuras impositivas.

Esta propuesta -que no resulta ser novedosa- puede materializarse en los dos próximos años, pudiendo atajar en el mismo acto otro de los temas más candentes en la actualidad europea y nacional de los Estados Miembro (EM): el gravamen de las actividades propias de la economía digital.

La Comisión Europea (CE), hace prácticamente dos años, presentó Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa en la que reconociendo la creación de riqueza que suponía este nuevo modelo de negocio, emplazaba a la UE en general a construir una fiscalidad adecuada a esta novedosa forma de negocio.

Así, frente al poder que representan las grandes industrias digitales, y como solución a la limitada capacidad de los gobiernos nacionales para imponer figuras impositivas que graven justamente su actividad, no parecería del todo descabellado que fuese la propia UE quien impulsara la creación de impuestos europeos para poner solución a la dificultad que supondría que cada Estado gravase a este tipo de plataformas y sociedades mercantiles, evitándose una indeseable fragmentación del Mercado Único. Una respuesta única entre los EM conllevaría un trato justo, competitivo y estable para estos nuevos espacios fiscales. Lo que a su vez supondría un avance a fin de evitar la distorsión de la competencia fiscal entre los EM.

En esta línea, la Comisión Europea presentó en marzo dos propuestas de Directivas para regular la fiscalidad del mercado digital. La primera, sobre la base del artículo 115 del TFUE, pretende redefinir el concepto de ‘establecimiento permanente’, a fin de gravar los beneficios allí donde el valor ha sido creado. En este sentido, la Comisión pretende que en el medio-largo plazo los ordenamientos nacionales introduzcan la ‘presencia digital significativa’ (Significant Digital Presence) como nuevo nexo imponible en el Impuesto sobre Sociedades (IS), valorando de esta forma la “huella digital” de un negocio en cada Estado miembro. Junto a esta propuesta, la CE recomienda[1] a los Estados miembro readaptar los convenios de doble imposición con terceros estados a esta directiva.

La segunda propuesta de directiva tiene una aplicación mucho más inminente y cuenta con el visto bueno de Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido[2]. La Comisión propone la implantación de un nuevo impuesto sobre los ingresos provenientes de: las actividades publicitarias online, la transmisión de datos recibidos de usuarios de la red o la explotación de plataformas digitales que favorezcan la interacción entre usuarios e intercambio de bienes y servicios. El tributo -que fija un tipo único del tres por ciento- únicamente tendría como sujetos pasivos las compañías que operen en la UE cuyo volumen de ingresos supere los 750 millones y además los ingresos por actividades digitales gravadas por este impuesto superen, en la UE, los 50 millones de euros. Así pues, este impuesto (Digital Services Tax, DST) se configura como un impuesto indirecto de recaudación nacional derivado de una acción armonizada europea, no recayendo sobre pymes y startups, a la par que se evita una fragmentación del mercado interior.

En la tendencia de desigual tributación en la UE, el gravamen de las rentas de sociedades representa, en media ponderada, de la UE alrededor del 6,3% de los ingresos impositivos totales y un 2,5% del PIB, aunque la comparativa individualizada entre Estados miembro resultar ser muy dispar; algo que se ha visto agravado por la crisis económica. Y, por si fuera poco, la capacidad recaudatoria de los Estados se ha visto muy erosionada debido a las prácticas de ingeniería fiscal de las compañías y grandes fortunas, así como las esquivas empresas de economía digital.

Por todo ello, hasta que exista una verdadera armonización del IS, la creación de un impuesto sobre el mercado digital de un tipo idéntico para toda la UE resulta ser una acertada decisión.  Si bien, en un mercado transfronterizo donde este tipo de empresas actúan mediante activos intangibles que exigen un ejercicio complejo de cuantificación y atribución de un beneficio y que, tiene perspectivas de aumentar aún más, pudiera ser ésta una oportunidad para crear un impuesto ajeno a las jurisdicciones nacionales, que estuviere afecto a la idea de Presupuesto común que se recoge en la ya mencionada Declaración de Madrid.

Esta idea ya se vio plasmada en el Informe del Grupo de alto nivel sobre recursos propios de la UE, publicado en diciembre de 2016, en el cual se incluyen propuestas fiscales con el fin de obtener nuevos recursos, entre las que destaca la creación impuestos sobre actividades financieras o sobre el mercado único digital.

Aproximadamente el 80 % del presupuesto de la UE se financia con las contribuciones nacionales basadas en el IVA y la RNB[3]. Si bien, aunque son una fuente estable de ingresos, mediante la creación de un impuesto de recaudación europea, la Unión tendría una fuente propia y directa de recaudación con la que nutrirse para llevar a cabo sus políticas. No obstante, este avance en Unión Fiscal no esta exento de dificultades, más si cabe por el recelo que levanta entre los Estados miembro la cesión de su soberanía fiscal y la necesaria configuración de una autoridad tributaria común. Aunque supondría un avance sin precedentes en el mercado interior, superando la propia armonización del IS que tras años de trabajo aún parece lejana.

Todo ello nos conduce hacia una profunda reflexión acerca de la consecución de un verdadero mercado interior, que es el fin último de la Estrategia Europa 2020. Mientras existan 28 (o 27) sistemas fiscales en la Unión Europea, el Mercado interior no será una realidad plena. Ante nosotros se abre un nuevo reto, una oportunidad de converger, de fortalecernos, la oportunidad de construir una verdadera fiscalidad europea. Dejemos atrás la hipótesis de la fiscalidad europea para evitar el resquebrajo del modelo social europeo. El compromiso firme del modelo de vida europeo requiere de una presión fiscal equilibrada, compartida y que permita el desarrollo pleno de las políticas europeístas. En mitad de esta fiebre de nacionalismos, demostremos una vez más que la abolición de fronteras y que el trabajo en común, son sinónimo de bienestar, de progreso, de Humanidad.


[1] Recomendación de la Comisión, de 21.3.2018, relativa a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa.

[2] G5 response to proposals of the European Commission on the taxation of the digital economy. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/Articles/2018-03-21-g5-digital-taxation.html

[3] Renta Nacional Bruta.

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho de los Sectores Regulados y Máster de Acceso a la Abogacía, en la actualidad. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en derecho público, fiscalidad, Estado del Bienestar y LatAm. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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