La Tesis de Sánchez: a vueltas con los límites del derecho a la información

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Recientemente, hablaba con una compañera sobre el revuelo que ha causado el Caso Máster (Cifuentes, Casado y Montón) y la tesis doctoral del Presidente del Gobierno. Y no es, sino desazón lo que nos producía. En primer lugar, por el daño irreparable hacia la Universidad pública y, en segundo lugar, por cómo se ha gestionado por los medios de comunicación.

El artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a difundir libremente información veraz. Éste derecho es innegociable en una sociedad democrática, es un principio ideológico de todo Estado democrático y de Derecho. Sin embargo, este derecho no es absoluto, tiene límites, los recogidos en el párrafo cuarto del mencionado artículo. Y, por ello, la compleja interrelación entre el derecho a la información frente a otros derechos como la intimidad, el honor o la propia imagen han venido generando controversia entre juristas y otros profesionales afectados. Y, de nuevo, esta discusión puede volver a plantearse con respecto a los referidos casos que centran el debate político.

Nadie se cuestiona que necesitamos una prensa libre; es el último reducto de la libertad de expresión, pero ello no faculta a los que lo ejercen para hacer un mal uso de tan sagrado derecho. El periodismo es, de acuerdo con García Márquez, “el mejor oficio del mundo”, el contrapeso frente a los poderes establecidos. El periodismo, los medios de comunicación, tienen la privilegiada fuerza de redefinir la sociedad. Tienen una función social de un calado inimaginable.

Sin embargo, ésta poderosa función debe ejercerse con una responsabilidad y rigor extremos. Empezando por el ‘caso Cifuentes’, no puede sino parecerme lamentable que los medios de comunicación se hicieran eco del vídeo que, estratégicamente se filtró a la prensa. Entrar en ese sucio juego, sacando a la luz imágenes que, para nada merecían relevancia pública, no supuso sino una prueba del servilismo de ciertos medios de comunicación. Frente al derecho a la información, se erigen otros derechos de esfera privada que, pese a que la doctrina reconoce que se recortan cuando se tratan de personajes públicos, no quedan desvanecidos por completo. ¿Qué necesidad había de atacar la dignidad de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Somos conscientes de los daños que causan en su persona y su familia sacar a la luz esa “información”? ¿De verdad entra dentro del espíritu de la norma y, por tanto, amparado por la misma, la difusión de imágenes como esas? En este sentido, el Tribunal Constitucional (TC) ha reiterado que la información publicada debe ser veraz y, también, que las opiniones a las que sirve de soporte no sean injuriosas o vejatorias (STC 297/2000).

Dicho vídeo debió eliminarse, conforme a la Ley, puesto que la persona afectada y con interés legítimo (Eroski)  por el hurto (que en aquella época no era ni delito, se calificaba como falta), no denunció los hechos.

Más recientemente, derivado el absurdo síndrome de la ‘titulitis’ que sufre nuestro país, algunos políticos -pero afortunadamente no todos-, han engrosado sus currículums para resultar más atractivos o competentes a su electorado. Así pues, en estos últimos días, hemos asistido a un espectáculo político sin precedentes. Después de los diversos escándalos referidos al Instituto de Derecho Público de la URJC, que tan perjudiciales han sido para la Educación Pública, se ha pretendido rizar el rizo y sospechar de la tesis del actual Presidente del Gobierno. Esta sospecha no es criticable, lo que sí resulta cuestionable es la forma en que se ha tratado este asunto que, como ha quedado demostrado, no tenía fundamento alguno. La maquinaria política puesta en marcha a fin de demostrar si la tesis doctoral de Pedro Sánchez era o no suya, si contenía plagios, etc. ha llegado a límites que, como ciudadano, me parecen ridículos. Recuerdo con claridad la portada de un medio de comunicación de tirada nacional que, en su portada afirmaba tener acceso a la tesis del Presidente afirmando que contenía altos porcentajes de plagio. Otros tantos, fueron más comedidos, pero también cayeron en el error de dar cuerpo a rumores y teorías, y sin embargo, ninguno, aportó pruebas que corroborasen esas teorías. Eso no es información veraz, es dar pábulo a rumores sin pruebas. Acusar, dañar el honor de personas sin prueba alguna. En el ejercicio del Derecho, hay un principio, el ‘onus probandi’ o la carga de la prueba, que significa que quien alega algo tiene que probarlo, demostrar que tal cosa ha sido así. Parece ser que, en este otro aspecto de la vida, no importa probar lo que a los cuatro vientos se difunde. Sobre este aspecto, reflexionaba cierta vez Julian Assange con una comparativa muy sencilla: “no se puede publicar un documento sobre física sin los datos completos y los resultados experimentales, y esto debería ser la norma en periodismo.”

Con el acceso libre a su tesis doctoral, el Presidente del Gobierno ha contenido las dudas y críticas que estaban erosionando la positiva percepción que había conseguido en sus 100 primeros días de gobierno. Con su publicación digital, atajó las insinuaciones y juicios que ciertos medios ponían en portada. Con ello, ha quedado demostrado que, en España también hay medios que publican fake news, y que también hay políticos que, aunque en Bruselas se ‘rasguen las vestiduras’ contra la posverdad, las noticias falsas y las injerencias, en España propician su difusión. Basta con haber estado atentos a los perfiles en redes sociales de algunos de ellos.

Ante el derecho a la información, cómo  se ha mencionado, existen delimitaciones que la jurisprudencia ha venido marcando. En este sentido, la jurisprudencia constitucional nos recordaba en la STC 192/1999 que, “la veracidad no va dirigida tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, transmiten como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones, sin comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente, aunque su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado” (STC 320/1994, fundamento jurídico 3º)”.

De igual modo se pronunciaba más recientemente, en la Sentencia 139/2007 (“La exigencia constitucional de veracidad, predicada de la información que se emite y recibe, guarda relación con el deber del informador de emplear una adecuada diligencia en la comprobación de la veracidad de la noticia, de manera que lo transmitido como tal no sean simples rumores, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, sino que se trate de una información contrastada “según los cánones de la profesionalidad”) que exige que el periodista emplee una adecuada diligencia, un rigor profesional que le permita cerciorarse de que lo que difunde resulta ser cierto. Es más, cuando de la información que se difunde se produzca un descrédito de la persona sobre la que se informa, éste rigor profesional, esta diligencia debe reforzarse.

En la actualidad, como recoge el profesor Eduardo Fco. Rodríguez[1] (UC3M), la jurisprudencia constitucional parece decantarse por la primacía de la libertad de expresión y la libertad de información frente al derecho al honor. Lo cual no es óbice para admitir que el Tribunal Constitucional no ha establecido una línea jurisprudencial clara, formando una casuística compleja que atiende a las particularidades de cada caso.

Hilando con lo anterior, resulta interesante comparar las resoluciones del caso Otegui y del caso de la quema del retrato de los Reyes en Girona. Por un lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Otegui c. España reconoció que los hechos realizados por Arnaldo Otegui estaban amparados por el derecho a la libertad de expresión (teniendo en cuenta su condición de representante político y la actualidad del debate político al que se refería). Por otro lado, en el caso de la quema de retratos, el Constitucional no dejaba lugar a dudas sobre los hechos delictivos que, además de quedar a extramuros de la libertad de expresión, venían a condenarse por la especial protección que el legislador otorgó a la Corona.

En conclusión, en la mayoría de casos bien es cierto que el TC ampara y protege a los periodistas en el ejercicio de su profesión, siempre y cuando estemos ante una información veraz y contrastada. Lo que en este caso pudiera ponerse en cuestión si el Presidente del Gobierno acaba por interponer las acciones legales anunciadas. Y, pese a que existan casos tan flagrantes como éste, los  periodistas que lo protagonizan son una mínima parte del gran gremio periodístico de este país. Afortunadamente, contamos con un considerable número de periodistas con rigor y profesionalidad, que contrastan, que hacen de su trabajo un arte, que hacen gala de su más profundo respeto hacia el servicio público que ejercen.


[1] Rodríguez Gómez, E. F., El Tribunal Constitucional y el conflicto entre la libertad de información y los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen: revisión jurisprudencial. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Vol. 20, 2014.

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho de los Sectores Regulados y Máster de Acceso a la Abogacía, en la actualidad. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en derecho público, fiscalidad, Estado del Bienestar y LatAm. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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