La desigualdad no resuelta: a la espera de una política pública

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Recientemente el Observatorio Social de La Caixa publicaba un informe acerca de las necesidades sociales de España, en el cual se desgranaban las necesidades a las que se enfrentaba una familia española y las carencias o dificultades para satisfacerlas.

Pasados diez años desde que comenzará la crisis económica, la sociedad española -y europea- no se ha recuperado de la estocada mortal de la crisis económica y financiera que puso en entredicho las bases del Estado del Bienestar. Ya no sólo se trata de la persistencia de patrones de desigualdad que, pese a los intentos de erradicación por parte de las políticas sociales, persistían; sino de la creciente frustración de la sociedad ante un sistema que durante más de una década ha sido incapaz de contrarrestar esta trágica situación.

Según el informe mencionado, un 32,6% de las personas viven en hogares con ingresos inferiores al 75% del ingreso mediano, es decir, casi un tercio de las personas se encuentran expuestos a una vulnerabilidad económica severa. De otra forma, estas personas no ingresan en sus hogares lo suficiente como para evitar caer en una situación de pobreza. El porcentaje de ciudadanos en riesgo de pobreza a aumentado hasta el 21% en 2017.

Estos datos se agravan si atendemos a las perspectivas laborales del país. Un tercio de las personas viven en hogares cuyos ingresos son menos del 90% de sus necesidades subjetivas para llegar a fin de mes. Estos hogares -los que han presentan dificultades para “llegar a fin de mes”-, han aumentado durante los años centrales de la crisis, situándose ahora en un cuarto de la población. Así, este panorama se estanca o profundiza si atendemos al presente laboral. Con unas tasas de desempleo muy elevadas durante los años precedentes a 2018 ha mantenido a un gran número de ciudadanos fuera del mercado laboral durante largas temporadas, agravándose en ciertos grupos (por ejemplo, la mujer). Esto venía suponiendo una merma en los ingresos domésticos, como se indicaba arriba.

Consecuentemente a ello, los hogares españoles han tenido que salir adelante gracias al ahorro acumulado durante años anteriores a la crisis económica y como complemento las prestaciones sociales. El Observatorio de La Caixa pone de relieve también esta faceta, reflejándose que un 30% de la población desahorró durante el pasado año y hasta un 35% durante los años centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que un tercio de los ciudadanos, durante el 2017, han tenido que afrontar sus gastos a través de dinero ahorrado o mediante dinero prestado. Es decir, lo que ingresaban era insuficiente para hacer frente a sus necesidades.

El Informe ejemplifica pautas de comportamiento o privaciones que sufren las personas que se sitúan en estos porcentajes. Un 18,8% de las personas no pudieron gastarse durante el pasado año una pequeña cantidad semanal en ellos mismos; un 19,3% de las personas no podía permitirse participar en actividades de ocio o un 13,4% de los ciudadanos carecían de recursos para comer con sus amigos una vez al mes.

Ante esto, diez años después de la caída de Goldman Sachs y el estallido generalizado de la crisis económica, cabe el riesgo de que las frágiles condiciones ha venido sufriendo la ciudadanía se perpetúen. Frente a ello, los Estados tienen una responsabilidad política, humana y económica. El Estado del bienestar debe afrontar este grave problema a fin de evitar la exclusión de la sociedad de gran parte de la ciudadanía.

No obstante, resulta paradójico que, en los últimos años, los países se han vuelto más ricos (riqueza nacional) y, sin embargo, los gobiernos son más pobres (riqueza pública). Esto supone una mayor inoperancia por parte de los poderes públicos que ven reducidas sus capacidades para atajar los problemas a los que se enfrenta la sociedad.

No estamos ya sólo frente a unas grandes desigualdades que persisten diez años después, sino que existe una gran frustración política y social puesto que el sistema es incapaz de responder a este grave problema. Es imperioso que las políticas públicas de los próximos años se centren en atajar la desigualdad si lo que realmente se pretende es avanzar hacia una igualdad de oportunidades. Y más, cuando la desigualdad de la riqueza se ha venido acrecentando exponencialmente, tal y como contaban Kiko Llaneras y Jorge Galindo.

Quizás no entendamos que mientras exista una desigualdad de tal calado que impida a las rentas medias y bajas recuperar su poder adquisitivo que, durante estos años ha sido transferido a las rentas más altas, no podremos hablar propiamente dicho de una recuperación económica.

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho de los Sectores Regulados y Máster de Acceso a la Abogacía, en la actualidad. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en derecho público, fiscalidad, Estado del Bienestar y LatAm. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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