¿Funcionan las instituciones en Chile?

En las últimas semanas, hemos asistido a los episodios más críticos de la democracia reciente en Chile, debido al denominado “estallido social”, que ha impactado fuertemente en la gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera, impulsando un giro programático impensado, ante una crisis de gobernabilidad mayor. El presidente tomó de forma apresurada la decisión de un “estado de emergencia”, generando una resistencia masiva al toque de queda decretado, y a la presencia militar en las calles, exponiendo al contingente de las fuerzas armadas a una crisis “de orden público, y no de seguridad nacional”, como lo señaló el Contralor en la posterior reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). De esa forma, el presidente agotó prematuramente el respaldo de las fuerzas armadas a su manejo político de la crisis, debiendo retroceder en su iniciativa de decretar por segunda vez la figura de estado de excepción constitucional, y convocando contra reloj, a los partidos con representación parlamentaria al llamado “acuerdo por la paz”, que derivó en una declaración conjunta de oficialismo y oposición que abre la vía al fin de la constitución generada bajo el régimen militar (y reformada en algunos aspectos por el presidente Lagos), mediante una convocatoria a plebiscito de entrada, convención constitucional (mixta o ciudadana), y plebiscito de salida.

Dicho llamamiento al plebiscito refleja la mayor rectificación política de la Moneda, contra todas las posiciones previas de Chile Vamos a un proceso impulsado por la presidenta Michelle Bachelet, cuyo cronograma dejaba la responsabilidad sobre este tema, precisamente, al actual gobierno. Claramente, Bachelet quiso avanzar en lo urgente (reforma educacional, reforma tributaria, entre otros), dejando uno de los asuntos que condiciona la corrección de la violencia estructural que motiva la movilización social, para el final de su mandato, en un criterio tal vez estratégico, pero a todas luces ineficaz para corregir la exclusión social.

Pero la crisis más grave se ha vivido en las calles. Las innumerables acciones judiciales (462 al 21 de noviembre) por abusos a los DDHH, presentadas por el Instituto de Derechos, han generado una sensación que se acerca demasiado a la “guerra” que aludió el presidente en su desafortunada intervención en cadena nacional el 20 de octubre. Los episodios de violencia retransmitidos a través de redes sociales (que han funcionado como catalizador para la polarización política), han instado al gobierno a convocar a organizaciones internacionales para constatar las graves denuncias de violaciones de los DDHH (ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch), como una herramienta para asegurar un mínimo de legitimidad.

Ante dicha presión, el Gobierno se vio en la necesidad de retirar el Estado de emergencia, dejando con ello, a Carabineros de Chile como única entidad a cargo del orden público, en un escenario con millones de personas movilizadas a lo largo de todo el país. En estas circunstancias, la célebre frase de Ricardo Lagos, “las instituciones funcionan”, ha surgido como una especie de salvavidas del gobierno, señalando que “si bien han existido abusos, las instituciones han funcionado”, aludiendo directamente a órganos garantes de los derechos civiles, como INDH y los Tribunales de Justicia, además del ingreso de las delegaciones internacionales. Pero, ¿es suficiente con observar dicha actividad del INDH y las querellas ingresadas? Claramente no lo es, dado que uno de los motivos de la movilización social se resume en una sola palabra: Abusos.

Si al abuso de las entidades financieras, de los escándalos de corrupción transversales en instituciones públicas y privadas, además de las débiles políticas en salud, educación y vivienda; añadimos un manejo de crisis que ha derivado, en la práctica, en abusos a los DDHH (la crisis de los balines y la pérdida de visión de más de 250 chilenos en el último mes, han sido claramente catalogadas en esta figura, inclusive por el Ministro de Salud), el resultado es inequívoco, la crisis social y de seguridad está lejos de finalizar.

En este sentido, al analizar el funcionamiento de las instituciones claves del estado en esta crisis social, podemos al menos argüir que: 1) Las instituciones de gobierno (presidencia y congreso) tienen graves problemas de legitimidad, con bajos índices de aprobación, sumada a un descenso sostenido de participación electoral, afectando su capacidad para enfrentar una crisis social de esta magnitud. 2) Las instituciones de orden y seguridad también han visto afectada su legitimidad en sectores amplios de la población, derivada de los escándalos de corrupción, del torpe manejo político de la crisis, y de los casos de denuncia de violaciones a los DDHH, generando un cuestionamiento amplio de su labor, e inclusive una solicitud de reestructuración profunda de las policías del país. 3) Por su parte, las instituciones judiciales enfrentan hoy en día los efectos de la manifestación social y de los excesos cometidos en materia de orden público, ante lo cual su rol es crucial para dar viabilidad a una salida pacífica a la crisis, mediante la aplicación de condenas a personas que hayan cometido actos violentos en contra de la propiedad pública y/o privada, y de las violaciones a los derechos humanos.

Debido a lo anterior, será indispensable que, a efectos de reestablecer la relación estado-ciudadanía en un contexto crítico (e inclusive, con rasgos de refundación); el rol de las instituciones nos permita garantizar que el pacto social que emerge hoy, tendrá un componente esencial para la paz social: Justicia. Si bien se requiere un esfuerzo amplio del poder político para superar un contexto de crisis social mayor, la garantía más valiosa para resguardar aquello que claman todos los sectores sociales, la libertad, sólo se puede asegurar, en última instancia por el adecuado funcionamiento del poder judicial. El desafío es que, esto pueda ocurrir en plazos breves, que contribuyan a sostener la idea que, en un estado democrático, con o sin crisis social, ningún ciudadano esté por sobre la ley.

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David G. Miranda

David G. Miranda Es Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en procesos de internacionalización en el ámbito de la ciencias, tecnología e innovación. Posee un Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina (Política, Economía, Estado y Sociedad) en la Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo del Programa Alfa de la Comisión Europea y la participación de una quincena de universidades de ambos continentes. Ha participado en numerosos foros internacionales, entre los que destaca en el Congreso Mundial de Ciencia Política de la IPSA en Madrid (2012) y Poznán (2016), la Cumbre Académica CELAC –Unión Europea en Bruselas, las Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales. Asimismo, ha publicado parte de su producción científica en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, el Instituto de las Américas de Francia, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Libre de Bruselas, entre otros. Es Miembro de la International Political Science Association (IPSA), de la Asociación Chilena de Ciencia Política y del Foro Académico Permanente América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

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