¿Reforma policial en Chile? Una mirada al vecindario

Hasta el año 2017, Carabineros de Chile resultaba ser una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía. Se creía fuertemente que, a diferencia de otros países de América Latina, en nuestro país la policía era una institución integrada por auténticos servidores públicos, abocados a las tareas propiamente policiales, con ingresos similares al promedio de la población, y bajos niveles de corrupción.

No obstante, a raíz de los recientes acontecimientos y de los escándalos de corrupción, el funcionamiento orgánico y las actuaciones de Carabineros de Chile han sido materia de debate nacional e internacional, en medio de fuertes críticas por parte de la ciudadanía e instituciones internacionales (ONU, Amnesty International, HRW, entre otras), a propósito de los casos de fraude y de las numerosas denuncias por abuso policial, casos de derechos humanos, y uso desmedido de la fuerza.

Y es que, el denominado “estallido social” del 18-O nos ha develado que, al contrario de la percepción popular, la situación de nuestra fuerza policial no era tan distante del panorama en el resto del continente, donde podemos apreciar algunas experiencias previas de modernización, como es el caso de Colombia o Perú. Si bien cada proceso de reforma respondió a una realidad-país diferente, los detonantes tenían elementos comunes: políticos, corrupción, aumento delictivo o a una suma de ellos-, tal como lo describen José María Rico y Laura Chinchilla (ex -presidenta de Costa Rica) en su libro “Las reformas policiales en América Latina: situación, problemas y perspectivas”. Al realizar el contraste con nuestra realidad local, es inevitable constatar las similitudes: “dependencia política; militarización; deficiencias en compilación y análisis de información, deficiencias en el reclutamiento, selección y formación; carrera policial insuficiente; efectivos insuficientes; carencia de recursos financieros, materiales y tecnológicos; bajos sueldos y difíciles condiciones de trabajo; deficiencias disciplinarias y de mecanismos de control; ausencia generalizada de mecanismos transparentes de rendición de cuentas, además de casos graves de violaciones a los derechos humanos”. A ello, debemos sumar una percepción negativa del control de la delincuencia y una falta de confianza que, finalmente se traducen en el análisis de posibilidades de decisión política por parte del poder ejecutivo: una es la incorporación de fuerzas militares para el orden público (visible en el proyecto de ley de protección de infraestructura crítica), o el fortalecimiento improvisado del cuerpo policial, impactando en las relaciones entre la comunidad y sus fuerzas de orden. Ambas posibilidades se encuentran latentes hoy en nuestro país, aunque con la incertidumbre de su alcance y posibles consecuencias.

A partir del debate en esta materia, es posible señalar ciertos consensos mínimos en torno a todo proceso de modernización policial. El primero dice relación con la necesidad de contar con instituciones desmilitarizadas, con una clara dependencia del poder civil y no-deliberantes en su actuar (Art. 101, Constitución de la República), con el objeto de lograr recuperar la confianza de la ciudadanía en las policías. Dicho poder civil debe ser capaz, en la práctica,  de controlar su actuación mediante la definición de lineamientos de trabajo, conforme al marco jurídico, pudiendo el cuerpo policial tomar decisiones operativas a fin de dar cumplimiento a las instrucciones de las autoridades civiles. Desde esta óptica, adquiere sentido la facultad de las autoridades civiles de remover a los altos mandos de las policías, como una forma de ejercer control respecto de actuaciones erradas o contrarias a la legislación, en una práctica esencial de control entre poderes, que ha resultado, a lo menos, dificultosa.

Por su parte, que las policías sean no-deliberantes implica que tanto en su proceso de formación, como en su actuar, deben tener un estricto apego al ordenamiento jurídico, rechazando cualquier atisbo de ideología política, para cumplir sus labores en forma profesional, y neutral. Su objetivo no debe ser otro que resguardar de forma efectiva el orden público, como elemento sustancial para la convivencia en una república democrática (véase Art. 4°, Constitución de la República). Sin  duda, los desafíos para alcanzar estos ideales de reforma, si bien son mayores, abordarlos es hoy una tarea imprescindible para restablecer la relación estado-ciudadanía, acompañada a una agenda de reformas sociales más ambiciosa que permita alcanzar la paz social, extraviada desde aquel viernes 18 de octubre, a más de 30 años de recuperar la democracia.

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David G. Miranda

David G. Miranda Es Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en procesos de internacionalización en el ámbito de la ciencias, tecnología e innovación. Posee un Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina (Política, Economía, Estado y Sociedad) en la Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo del Programa Alfa de la Comisión Europea y la participación de una quincena de universidades de ambos continentes. Ha participado en numerosos foros internacionales, entre los que destaca en el Congreso Mundial de Ciencia Política de la IPSA en Madrid (2012) y Poznán (2016), la Cumbre Académica CELAC –Unión Europea en Bruselas, las Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales. Asimismo, ha publicado parte de su producción científica en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, el Instituto de las Américas de Francia, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Libre de Bruselas, entre otros. Es Miembro de la International Political Science Association (IPSA), de la Asociación Chilena de Ciencia Política y del Foro Académico Permanente América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

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