Crisis sanitaria y estado de alarma

Coronavirus Estado de alarmaAtravesamos una situación excepcional que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de nuestra sociedad e incluso los fundamentos de la globalización. Tras una década reconstruyendo la confianza dinamitada por la crisis financiera, la pandemia del coronavirus (Covid-19) ha evidenciado una nueva debilidad en el sistema.

Con el fin de hacer frente a los riesgos sanitarios, sociales y económicos que está desencadenando la propagación del coronavirus, los Estados Miembros de la Unión Europea han puesto en marcha un elenco de medidas de contención. En España, las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) han adoptado varias decisiones encaminadas a evitar la propagación del virus y la mitigación de sus riesgos. El Gobierno español, siguiendo la estela italiana, ha venido aprobando diversas medidas de índole presupuestaria y social: dotación de recursos al Sistema Nacional de Salud, financiación a las CCAA (recordemos que las competencias en sanidad están cedidas), ayudas a pymes, prestaciones en materia de seguridad social, etc. Sin embargo, ante la descontrolada propagación del coronavirus y el colapso sanitario al que se ve abocado el sistema público, el Gobierno ha anunciado una nueva medida extraordinaria: la declaración del estado de alarma.

Al igual que otros países de nuestro entorno como Alemania, nuestra Constitución recoge en su artículo 116 la excepción de la normalidad constitucional. Frente a situaciones de anormalidad, el Estado de Derecho prevé formas jurídicas para atajar la propia excepción. La Constitución legitima la respuesta del Estado para protegerse. A través de los estados de excepción (alarma, excepción y sitio), el Gobierno se arroga mayores facultades, con carácter temporal, para conseguir la pronta reanudación de la normalidad social y política.

Tal y como ha adelantado el Presidente del Gobierno en su declaración institucional de ayer, la situación generada por el coronavirus presenta la gravedad y trascendencia necesarias para declarar el estado de alarma. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LODES) regula los tres estados de excepción. Entre la diversidad de causas que dan lugar a la declaración del estado de alarma se encuentra las “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves” (artículo 4 LODES).

El estado de alarma será acordado por el Consejo de Ministros y entrará en vigor en el mismo momento en que se adopte, tras su publicación inmediata en el Boletín Oficial del Estado. Sus efectos tendrán vigencia máxima de quince días, si bien podrán prorrogarse mediante aprobación del Congreso de los Diputados.

Como se mencionaba anteriormente, la declaración del estado de alarma supone el fortalecimiento del poder del Presidente mediante la acumulación de competencias. Si bien, la vigencia de un estado excepcional no suspende la Constitución. Las medidas que se adopten han de ser las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. No obstante, su declaración no supondrá, de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución, la suspensión de los derechos y libertades fundamentales. Aunque sí puede suponer alguna limitación al ejercicio de estos derechos, siempre y cuando no impida su ejercicio.

Entre las medidas que pueden adoptarse se incluyen posibles limitaciones a la libertad de circulación, la requisición temporal de bienes, la limitación del uso de servicios y el racionamiento en el consumo de bienes de primera necesidad. Asimismo, la declaración del estado de alarma implica que las autoridades civiles, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los funcionarios y el personal al servicio de las Administraciones quedan bajo las órdenes directas de la autoridad competente. Además, la regulación del derecho de excepción contempla la posible suspensión en el ejercicio de sus cargos a los servidores públicos en caso de resistencia a cumplir órdenes.

La vigencia del estado de alarma y la característica excepcionalidad de las decisiones que se adopten no suspende la Constitución. De acuerdo con lo establecido en el artículo 116.6 CE, el ejercicio del poder continúa sometido al Derecho. Es decir, la declaración del estado de alarma no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. Además del control político que realice el Congreso de los Diputados, los órganos jurisdiccionales velarán por el cumplimiento de la Ley. Así, los tribunales se mantienen como guardianes de las libertades incluso en casos de anormalidad.

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho de los Sectores Regulados y Máster de Acceso a la Abogacía, en la actualidad. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en derecho público, fiscalidad, Estado del Bienestar y LatAm. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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