Identidades cívicas contemporáneas: cultura política y participación en España

La decisión de un Estado a la hora de modelar cómo se van a elegir, ordenar y regir sus instituciones es una de las más importantes que se pueden tomar en democracia. El sistema que se escoja será la base de toda su sociedad, de sus formas de comportamiento, y por supuesto, de su propia cultura política.

En este punto, podemos diferenciar dos tipos de ciudadanos, dependiendo de este último factor. Por un lado, existe la posibilidad de que, en países donde la cultura política de la población sea más escasa, encontraremos a un núcleo duro de personas que «se dejan hacer» por la organización impuesta, y sea el sistema el que se vaya modificando desde arriba, para acabar impregnando a la base social. En otras palabras, no importa si el Estado antes se organizaba de forma participativa y se cambia hacia un formato más representativo, o viceversa; serán los gobernantes quienes propicien esta situación, y la ciudadanía la que la acepte.

Sin embargo, también pueden intercambiarse los papeles, lo cual es más probable en el caso de que ese grueso de habitantes tenga una conciencia cívica y política mayor. Entonces, el cambio será propiciado de abajo a arriba, siendo la base popular, descontenta con el sistema que impere en ese momento, quien encienda la chispa mediante métodos más o menos moderados —desde expresar las problemáticas a través de redes sociales, hasta movilizaciones populares de mayor calado—. La llamada de atención será entonces hacia las clases gobernantes, quienes deberán comprender que han de cambiar el paradigma de elección y organización institucional.

En cualquiera de los dos casos, el factor diferenciador, o al menos uno de los más importantes, será la cultura política de la población, unido también, aunque de menor manera, a la tolerancia del Estado en cuanto a las acciones que se puedan tomar desde las calles. Añadimos la puntualización a esta segunda variable ya que, dependiendo de lo autoritario de un gobierno concreto, los cambios podrán ser más o menos sencillos.

Tomando como ejemplo un régimen más duro, una transición que podríamos llamar «descendente» —de arriba hacia abajo/del mandatario hacia el pueblo—, será en principio más fácil para quien la provoca, por lo despótico de quien ostenta el poder —aunque hay opciones de que la reforma que se quiera hacer sea tan mal vista o tan perjudicial que incluso una población sumisa acabe rebelándose—. Sin embargo, un cambio «ascendente» —de abajo hacia arriba/del pueblo hacia el mandatario— se sucederá muy probablemente mediante una revuelta civil, lo cual implicará enfrentamientos fuertes entre ambos bandos. Este último caso supondría también el probable derrocamiento del gobernante, ya que este tipo de sistema más tiránico suele ir asociado a su persona.

Aunque, como hemos establecido, existe mayor probabilidad de una u otra transformación en el formato de poder establecido dependiendo de la cultura democrática de cada sociedad concreta, es cierto que este paradigma no es inmutable ni exacto. Por ello, puede suceder que, en un Estado poco movilizado, el pueblo se alce en cierto momento, movido por una razón puntual.

Esta serie de ideas entroncan directamente con la reflexión que el politólogo Pablo Simón desarrolla en su libro El Príncipe Moderno en cuanto a los referéndums populares —una de las máximas expresiones de participación— en los sistemas democráticos. Simón habla, al igual que lo desarrollado anteriormente, de que la participación de una sociedad en cuanto a la toma de decisiones en asuntos de Estado puede darse de dos formas: de arriba hacia abajo y de abajo a arriba. El primero suele ser un plebiscito, en el que es el líder quien convoca a la población para saber su postura sobre una cuestión concreta. Este tipo de referéndums suelen realizarse con el objetivo de que quien ostenta el poder logre reforzarlo —además convencer a sus socios de coalición, de tenerlos—, o también a la hora de romper un bloqueo institucional. Sin embargo, pueden suponer un gran peligro para el gobernante, pues es usual que se ponga la condición —tácita o directa— de que, si se pierde la votación, ha de dimitir, como pasó con Charles De Gaulle en 1969.

Por otro lado, Simón expone que las consultas «ascendentes» —bastante comunes en las democracias británica, estadounidense o suiza—, tienen la meta de materializar en ley iniciativas populares. En ambos casos, podemos extrapolar esta tesis a las ideas que planteábamos en párrafos anteriores, admitiendo por tanto que, ya sea en un sistema más autoritario, o bien en democracia —nos ceñiremos a este ámbito a partir de ahora—, se aprecia gran diferencia entre las capacidades políticas de la parte de la sociedad que ostenta el poder con respecto a la parte que se somete a él. No obstante, es necesario tener en cuenta que la participación de algunos individuos depende en muchos casos de su propia cultura política, no ya solo a nivel global sino también personal.

Sistema representativo vs directo: España como caso de estudio

A partir de estos planteamientos, nos centramos en el ejemplo más claro al que podemos acceder, y no es otro que el caso de España. Aunque nuestro Estado actual se basa en una democracia plena que entendemos como representativa, también podemos encontrar procedimientos puramente de participación directa, por lo que identificamos el parlamentarismo español como un auténtico crisol de procesos de organización política.

En primer lugar, el Artículo 23.1 de la Constitución Española recoge la posibilidad de que la población dentro de nuestras fronteras pueda ejercer su soberanía sin intermediarios: «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, DIRECTAMENTE o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». Estas manifestaciones participativas van a formularse fundamentalmente por tres instrumentos que también recoge la CE, en sus artículos 87 (iniciativa legislativa popular), 92 (referéndum) y 140 (régimen de concejo abierto).

En otras palabras, en nuestro país, aunque lo consideremos como representativo en su base, existen gran cantidad de ocasiones en las cuales el individuo puede ejercer directamente su propio poder a través de los mecanismos ya regulados, sin necesitar intermediario político. No obstante, actualmente existen posturas encontradas a la hora de tratar este tema, pues ciertos sectores de la sociedad española opinan que no es efectivo el tipo de organización vigente, y que hemos de decidirnos, o bien por la representación pura —lo que supondría un cierto inmovilismo popular—, o bien por un sistema totalmente directo —para lo cual sería necesario un brutal cambio de la conciencia colectiva y significaría una reforma constitucional sin precedentes—.

El deseo de separar los diferentes modelos de participación política no debería ser tan radical, ya que los niveles de democracia en una determinada región no dependen completamente de la existencia de mecanismos propios del sistema directo, sino del efectivo funcionamiento de las garantías representativas. Por ello, no resulta adecuado contraponer ambos tipos de organización estatal de forma dicotómica y obligar a la elección de uno u otro, sino que son, de hecho, compatibles.

En este sentido, el politólogo y ex diplomático de las Naciones Unidas, Gerardo Martínez Solanas llega a afirmar en su libro Gobierno del pueblo que «la democracia representativa implica en parte fomentar las vías y los medios para convertir a los ciudadanos y sus grupos en agentes políticos directos, al margen, pero junto a la acción política de los partidos». Esta argumentación pretende evidenciar las diferencias entre el sistema representativo y el directo, ya que en el primero no solo se otorga el protagonismo a los ciudadanos, sino que otros sujetos, como son los partidos, intervienen también en dicho régimen, haciendo que la implementación de iniciativas directas al total de una democracia de representación la haga más completa.

Otro punto fundamental a la hora de tratar esta contraposición de sistemas es, por supuesto, los argumentos a favor y en contra de cada uno. La crítica más extendida hacia la elección de representantes es, precisamente, la falta de una representación real que defienden algunos colectivos (el famoso «¡Que no nos representan!», popularizado durante el 15M).  Es muy cierto que no existe ni existirá nunca un partido político que aúne al 100% todas las ideas y necesidades de un grupo o un ciudadano concreto. Sin embargo, se aprecian dos opciones a partir de aquí.

Por un lado, que cada representante comenzase a adecuarse a absolutamente todas las peticiones de cada persona en particular, por lo cual nacerían miles de formaciones paralelas que se presentarían a elecciones con diferencias ínfimas, suponiendo esto que, a la larga, hubiese un partido por cada votante, algo que condenaría al sistema al caos parlamentario y a la ineficiencia de las instituciones.

Por otro, encontramos la posibilidad de que sean esos electores los que se adapten a las políticas de cada formación política. Nunca unas siglas van a defender todo lo que propugna cada individuo, pero, como ya hemos expuesto, esto es imposible en la práctica. Por tanto, lo más sencillo sería exactamente eso, que el particular rebaje sus expectativas a la hora de acudir a las urnas, y decida muchas veces en función de cuál de los representantes pueden acercarse más a sus preferencias o a sus necesidades en el momento de acudir a las urnas. Sin embargo, también se aprecia en multitud de ocasiones que el tipo de voto no sale motivado solo por dichas razones, sino que es posible que se emita un voto por descarte —no me gusta ninguno, así que elijo al menos malo—, por castigo —al elegir a la opción opuesta a la que se escogió en los comicios anteriores— o incluso puede influir el factor del miedo y hacer que se vote por simple contraposición de ideas —no se bien qué me gusta, pero sí sé lo que no me gusta—.

Para explicar esta última preferencia, el ejemplo más claro que se encuentra es el del voto en contra de Vox. La polarización entre los dos puntos ideológicos contrarios hizo que, en las elecciones de 2019, principalmente el PSOE pudiese erigir una identidad —asociada a sus ideales— que se mostrase como la diametralmente opuesta a la de la formación de Abascal. Así, como se vio tras los resultados, existió un flujo importante de voto que no escogió a Pedro Sánchez por verdadera afinidad, sino por rechazo a lo que representa la ultraderecha. Además, resultaba más sencillo, en el marco estratégico, acudir a esa cultura política de la izquierda española de lucha contra el franquismo, ayudando a crear un tipo de campaña mucho más emocional, que moviese un voto útil de «frente antifascista». Era más importante frenar a Vox que si se comulgaba totalmente o no con el programa de los socialistas.

Finalmente, a la vista de los resultados reales de los comicios, es plausible concluir que la política de partidos y la representación ciudadana, aunque pueda dividirse esta en multitud de variables respecto al voto, es efectiva en cuanto al sistema que mantiene. Nuestra organización política estatal permite, en muchos casos, aunar la opinión y las posturas de mayor cantidad de ciudadanos que si se concurriese a comicios generales con un esquema totalmente directo, pues en ese caso, multitud de preferencias se habrían diluido en un mar de miles de formaciones independientes.

La representación ha de ser, por tanto, vista no como un mal que no permite que se oigan todas las voces de la población, sino que, mediante la buena utilización de los mecanismos parlamentarios, es posible reunir esas voces en bloques, los cuales logran distinguirse y tener la fuerza imprescindible en los escenarios donde es posible hacer efectivas las necesidades de cada una de ellas.

The following two tabs change content below.

Marcos H. de la Morena

Marcos H. de la Morena (Toledo, 1996). Grado en Periodismo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Tras pasar por diferentes medios de carácter nacional, como la Cadena SER o el diario Expansión, actualmente es analista para varias publicaciones digitales, y dirige el Máster en Periodismo Político de la Universidad Tech. Sus principales líneas de investigación se centran en los sistemas de pactos entre partidos y los efectos de los gobiernos de coalición.

Marcos H. de la Morena

Marcos H. de la Morena (Toledo, 1996). Grado en Periodismo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Tras pasar por diferentes medios de carácter nacional, como la Cadena SER o el diario Expansión, actualmente es analista para varias publicaciones digitales, y dirige el Máster en Periodismo Político de la Universidad Tech. Sus principales líneas de investigación se centran en los sistemas de pactos entre partidos y los efectos de los gobiernos de coalición.

Deja un comentario