Luz al final del 2020

El 2020 llega a su fin y el júbilo se extiende en las portadas de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿La razón? El inicio de la vacunación contra la COVID-19. Tras casi un año de incertidumbre y parálisis, el descubrimiento de la vacuna ha supuesto todo un acontecimiento científico, social y político a escala mundial.

Hagamos un breve recorrido por los principales asuntos que han marcado la agenda este 2020.

COVID-19 y Estado de Alarma

La pandemia ha marcado por completo el año político de nuestro país. El 13 de marzo, el presidente del Gobierno comparecía para anunciar la declaración del estado de alarma en todo el país (Real Decreto 463/2020).

Diez años después de la situación de “catástrofe” y “calamidad pública de enorme magnitud” (RD 1673/2010) que ocasionó la huelga de controladores aéreos, el Gobierno vuelve a recurrir al empleo de este instrumento jurídico para hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes. Es la propia dicción del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981 la que disipa cualquier duda acerca de la oportunidad del empleo de tan excepcional instrumento jurídico, que responde a la evidente emergencia de la pandemia. Como señala Muñoz Machado “siendo excepcional la situación que se combate, también ha de serlo la legislación que se aplica”[1]. Cuestión aparte es la discusión doctrinal sobre el alcance de las restricciones adoptadas al amparo del estado de alarma sobre derechos fundamentales -que, como señaló la STC 83/2016 “no permite la suspensión de ningún derecho fundamental”- (a este respecto, véase Presno Linera o Arroyo Gil, entre otros).

Tras el decaimiento del primer estado de alarma, en el que el Estado centralizó la potestad decisoria, las comunidades autónomas (CCAA) asumieron la gestión de la ‘desescalada’. Así, durante meses hemos asistido a un ‘baile’ de competencias y responsabilidades entre Estado y CCAA, en el que hemos encontrado cuestiones legales de profundo alcance jurídico-constitucional como la “escandalosa” limitación del derecho de sufragio en las elecciones gallegas y vascas o la resiliencia de nuestro ‘estado de las autonomías’ y sus relaciones de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones.

De esta forma, el 2020 llega a su fin con el tercer estado de alarma vigente (RD 956/2020) para dar cobertura a los ‘estados de alarma “territorializados”’ (Boix Palop), al mismo tiempo que se distribuyen las primeras vacunas.

Trabajo legislativo y PGE

Sin perjuicio de la ardua e incierta tarea gubernativa y legislativa de lidiar con la crisis de la COVID-19, el escenario político nos ha dejado una intensa actividad legislativa. Un nuevo régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la regulación del teletrabajo, ‘otra’ ley de Educación, la Ley de Eutanasia y, por supuesto, los Presupuestos Generales del Estado 2021, marcados por los fondos europeos de recuperación, y orientados hacia la transición energética, la economía verde y la digitalización. Así, la luz verde de Congreso y Senado a estos últimos ponen fin a la anómala situación de prórroga que veníamos experimentando desde 2018.

En materia económica, también hay que destacar la aprobación del Sandbox español (Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero), que abre un ‘espacio de pruebas’ para las innovaciones financieras. Bajo un esquema ley-protocolo, el sandbox está llamado a promover las iniciativas Fintech y los nuevos modelos de negocio conforme un régimen de garantías y protección de los participantes y bajo la supervisión de la autoridad correspondiente (BdE, CNMC o DGSyFP). De hecho, este último mes, el Tesoro ha anunciado el plazo de presentación de solicitudes.

En este campo, también es preciso destacar la aprobación de dos impuestos, el de transacciones financieras (ITF o mal llamada ‘tasa’ Tobin) y el impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD). El primero comenzó a corporizarse en la UE hace casi diez años. Sin embargo, la falta de unanimidad impidió la aprobación a nivel comunitario. Y el segundo -sobre el que hablamos con mayor profundidad aquí y aquí-, pretende ajustar un sistema fiscal obsoleto a la Economía Digital. No obstante, su aprobación por los Parlamentos nacionales (como es el caso de España o Francia) refleja el fracaso del multilateralismo; al menos hasta el momento, ya que la derrota electoral de Trump abre una nueva oportunidad para alcanzar un acuerdo en el seno de la OCDE.

Juventud

Junto con las desoladoras cifras de víctimas que se ha cobrado la pandemia, especialmente entre la población de mayor edad, hay otro grupo poblacional que se está viendo fuertemente golpeado por las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19: los jóvenes.

Como señalan A. Aumaitre y J. Galindo “la generación que nació entre 1985 y 1995 está teniendo el dudoso privilegio de ser la única en el último siglo que pasará por dos Grandes Recesiones en su periodo de formación e incorporación al mercado laboral”.

En torno a diez millones de españoles (18-35 años; datos INE, 2019) se enfrentan a una realidad socioeconómica muy frágil. Las crisis de 2008 y 2009-2010 dejaron un panorama de precariedad e inestabilidad laboral, salarios bajos…que frustró las expectativas vitales de multitud de jóvenes. Una década después, esta frágil situación lejos de mejorar se ve golpeada por una crisis de consecuencias aún imprevisibles.

Por si fuera poco, desde los poderes públicos no se atisba una política definida para hacer frente a las demandas de una generación que, pese a su hipercualificación y a sus competencias digitales (‘nativos digitales’) no logra asentarse en el mercado laboral.

Unión Europea

En el marco supranacional, el 2020 también ha dejado hitos que marcarán el año que comienza.

En la Unión Europea, la pandemia ha propiciado una suerte de integración política acelerada. La aprobación del marco financiero plurianual (MFF) y el fondo Next Generation EU (NGEU) hace escasos días comporta un avance sin precedentes en la constitución de la UE. Un total de 1,8 billones de euros para la reconstrucción de una Europa que aspira a ser más ecológica, digital y resiliente (para mayor profundidad sobre las cifras del NGEU, ver este artículo de Enrique Feás). A lo que hay que añadir otra victoria del europeísmo, la condicionalidad de los fondos al respeto del Estado de Derecho. “Así, los valores regresan al lugar de donde nunca debieron irse: a convertirse en el espejo en el que la Unión Europea debiera mirarse cada día, en cada política, en cada partida presupuestaria, en cada directiva, en cada reglamento, en cada acuerdo internacional que suscriba” (Elisa Uría).

Por otro lado, la UE también ha trabajado en la definición de su “autonomía estratégica“. El auge continuado de China, la postura de Trump frente a sus socios tradicionales y el multilateralismo y las tensiones en sus fronteras han llevado a la Unión Europea a repensar su postura en la política exterior. En palabras de J. Borrell, la UE debe “ver el mundo con sus propias lentes y actuar en defensa de sus valores e intereses” (La doctrina Sinatra, Política Exterior).

Asimismo, la Unión Europea ha establecido la base de su soberanía tecnológica. Para lo cual, la Comisión Europea ha presentado, entre otros, la Estrategia Europea de Datos y las propuestas legislativas para el mercado digital europeo (la Digital Services Act y la Digital Markets Act).

A todo ello hay que sumar el acuerdo a contrarreloj del Brexit. Un acuerdo aséptico, sin adjetivos que abre la puerta a una nueva etapa, con numerosas incógnitas aún por resolver.

Fuera del Viejo Continente, dos son los principales acontecimientos. Uno, la victoria de Biden en las elecciones estadounidenses por más de siete millones de votos (más aquí y aquí). Y dos, la firma tras 8 años de negociaciones del Agreement-Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), que supone una señal indiscutible del creciente proceso de integración regional asiático.

Nadie duda de que el año 2020 va a quedar marcado en la memoria colectiva como un año histórico. Pero pese al sombrío panorama que nos deja el coronavirus, numerosos son los hitos que han arrojado luz y esperanza hacia el futuro más inmediato. Nos aventuramos a un nuevo año en el que los europeos nos enfrentaremos a múltiples e interconectados desafíos. Un futuro más verde, más digital y en el que debemos prestar especial atención a Asia.


[1] El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, Núm. 86-87, marzo-abril 2020.

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Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho de los Sectores Regulados y Máster de Acceso a la Abogacía, en la actualidad. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en derecho público, fiscalidad, Estado del Bienestar y LatAm. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Guijarro (Baena, 1996) es jurista por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho de los Sectores Regulados y Máster de Acceso a la Abogacía, en la actualidad. Cofundador de Estudiantes por Europa (ExE) y S. Gral. de European Law Student Association UC3M. Interesado en derecho público, fiscalidad, Estado del Bienestar y LatAm. Sumergido en todo lo relativo a la integración europea y el derecho comunitario. Colaborador ocasional en diferentes medios como contertulio o articulista.

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