Tasa tampón: un reclamo mundial que no termina de calar

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es un impuesto indirecto que se grava sobre el consumo de bienes y servicios. La realidad de este impuesto en cada país europeo obedece a una serie de criterios propios. Así, por ejemplo, en España existen tres tipos de IVA; mientras que en otros países como Alemania, solamente dos. La modalidad indirecta hace que sean las propias empresas productoras de los bienes quienes recauden dichos impuestos. A diferencia de otros, de naturaleza directa, que se aplican sobre la renta de los contribuyentes (como es el caso del IRPF español).

El IVA como tal, es un mecanismo exclusivo de los países de la Unión Europea. En el resto de países del globo existen otros impuestos que, con un funcionamiento similar, también gravan el consumo de bienes y servicios. Para establecer comparaciones entre ellos es importante tener en cuenta las especificaciones concretas de cada país.

Alrededor de estos impuestos, como al de la mayoría de los asuntos que conectan de manera directa con la política, suelen librarse polémicas con relativa frecuencia. Sobre todo en los países en lo que existen más de un tipo de impuesto, en los que- por ende- son comunes las subidas y bajadas. Más allá de esas demandas propias (y normalmente recurrentes) de cada país al respecto existen ciertos reclamos globales. La eliminación de la «tasa tampón» es uno de ellos.

¿Qué es la tasa tampón?

En los últimos años se ha acuñado el término «tasa tampón» para hacer referencia al tipo de impuesto (IVA en el caso europeo) que aplican los productos de higiene íntima femenina como tampones, compresas, etcétera. En España, estos productos están gravados con el IVA reducido, que corresponde al 10%; el mismo que aplican otros productos como el caviar. Hay tres casos particulares que no aplican dicha tasa: Canarias, Ceuta y Melilla. En las islas Canarias, los productos no presentan ningún impuesto desde 2017, cuando pasó del 3 al 0%. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los productos están gravados con un 7% de IPSI (equivalente al IVA).

Según las cifras de BioMed Research International, una mujer pasa 1.872 días con la regla a lo largo de su vida (con una estimación media de cuatro días por regla y 13 cada año). En España, se estima que el gasto medio de productos de higiene íntima durante la vida fértil de una mujer (con el impuesto actual) ronda los 3.000 euros. Por ese motivo, hace años que asociaciones como FACUA solicitan la bajada del impuesto al superreducido, el 4%, que grava productos considerados de primerísima necesidad como la comida, los medicamentos o los libros. Una solicitud que se ampara en la indispensabilidad de dichos artículos en la cotidianidad de toda mujer. Una demanda que, en los últimos años no solo emana de las asociaciones de consumidores. Son numerosas las iniciativas que inundan las redes sociales (y no solo ese submundo) con el fin de contribuir a poner fin a esta realidad «abusiva».

Una promesa que quedó en eso

La reducción del 10 al 4% en dichos productos fue una de las promesas del Ejecutivo actual a su llegada al Gobierno, al considerarla una «razón de discriminación hacia las mujeres». Una medida contemplada en los no aprobados Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 pero no en los de 2021, aprobados el pasado mes de diciembre. «No está incluida ni en subida ni en bajada. Es un año en el que hemos querido acompasar el crecimiento económico y necesitamos una financiación suficiente para blindar los servicios públicos» justificaba la ministra de Hacienda Mª Jesús Montero en la presentación de los PGE para 2021. «La bajada se llevará a cabo a lo largo de la legislatura».

Se estima que, la bajada del impuesto al 4%, supondría para el Gobierno dejar de recaudar aproximadamente 18 millones de euros anuales.

Una reclamo mundial

Fue a partir del año 2007 cuando la Unión Europea permitió a los países reducir sin ningún impedimento la tasa que aplican dichos productos hasta el mínimo estipulado (menor tipo de IVA de cada país). Desde entonces, muchos estados miembro como Alemania o Francia han optado por reducirla al mínimo; otros como Hungría, Suecia o evidentemente España, mantienen- de momento- los productos al mismo nivel de IVA que otros que no son de primera necesidad. En la actualidad, las cifras más altas, se encuentran en Hungría, con un 27%; Dinamarca, Croacia y Suecia con un 25% y Finlandia con un 24%.

En países no pertenecientes a la zona euro, no podemos hablar de IVA pero sí de un equivalente. En Estados Unidos, por ejemplo, este tiene un máximo establecido del 10%; sin embargo, los estados tienen plena libertad en la fijación de los impuestos. En Argentina, los productos presentan una tasa del 21%. En México, un 16%.

En la Unión Europea son más de la mitad de los países miembros los que aplican a estos productos un IVA que no se corresponde con el de los artículos de primer necesidad. A nivel internacional, ocurre lo mismo. Son más los países que no otorgan la categoría de primera necesidad que los que sí lo hacen.

La realidad está lejos de alcanzar el objetivo de decir adiós a la tasa tampón. Por lo menos a corto plazo. Hay determinados asuntos en los que, por algún motivo, la política parece transitar por una vía aun sin asfaltar. ¿Será que sobre este tema pesa todavía un tabú?

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Paula Ramos

Paula Ramos Barral (A Coruña, 2000) estudia Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinadora y redactora en Infoactualidad. Colabora en revistas como Jot Down o La Soga y en el podcast Telón y Cuenta Nueva con una sección sobre literatura. Es la fundadora y directora de Reportados, un canal de entrevistas y reportajes de cocción lenta.

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