El futuro de los rohingyas tras el golpe de Estado en Myanmar

Refugiados rohinyas en el campo de refugiados de Kutupalong (Bangladesh) / Fuente: ACNUR

Discriminada y tildada de “apátrida” en un país de mayoría budista, la minoría musulmana observa con especial inquietud el desarrollo de unos acontecimientos que pueden volverle a colocar en el punto de mira del Ejército birmano.

La imagen se hizo viral inmediatamente. A primera hora de la mañana, Khing Hnin Wai, una profesora de aerobic, realizó su particular clase en la rotonda del Loto Real, cerca del Parlamento, desconociendo absolutamente lo que esa misma mañana le depararía a su país, Myanmar. Una vez que empezó a grabar sus ejercicios para un concurso de fitness, un convoy compuesto de 12 vehículos militares apareció detrás de ella directos hacia el Parlamento birmano con un único propósito: detener a la líder del país Aung San Suu Kyi junto con otros de sus ministros, tomar el poder y declarar el estado de emergencia en todo el país.

Así fue tal y como sucedió. Aupados por la sensación de “fraude” en torno a las pasadas elecciones del 8 de noviembre -aunque la Comisión Electoral lo desmiente- tras la holgada victoria del partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en ingles), que obtuvo el 83% de los 476 escaños del Parlamento, los militares detuvieron el pasado 1 de febrero a la Premio Nobel de la Paz junto con el presidente del país, Win Myint, y otros cargos del partido.

Tras este acto, todo se desencadenó rápidamente. Cortaron la conexión a Internet y los servicios de comunicación, las condenas al golpe de estado se replicaron por parte de casi toda la comunidad internacional a excepción de Tailandia y China, los cuales despacharon el acto describiéndolo como un “asunto interno y personal” de Myanmar, y Estados Unidos amenazó con imponer sanciones al país surasiático si los militares no abandonaban el poder y liberaban a “todos los activistas y oficiales”.

“La situación ahora mismo es de cierta clama, con una cierta tensión, pero podía haber sido peor. Está habiendo manifestaciones en Yangón (contra el golpe), pero no hay indicios de grandes manifestaciones en el resto del país. Yangón es una ciudad rebelde, sobre todo en el pasado. Todo está a la expectativa de lo que pueda pasar”, explica Daniel Gomà, profesor de la Universidad de Cantabria y conocedor del país, quien confiesa además de que le llegaron rumores acerca de lo que se estaba fraguando. “Me llegó de manera indirecta. A finales de enero me dijeron que se iba a producir porque estaban preparando uno. Pero no lo veía venir, no lo creía”.

Por otro lado, la comunidad musulmana rohingya observaba con gran preocupación el desenlace del golpe ante el temor que podía a significar para ellos que aquellos responsables de cometer un genocidio y limpieza étnica contra esta minoría en agosto de 2017 -como reconoció la ONU- tomaran por completo el control del país. Gomà es consciente de ello. “Si el escenario ya estaba muy mal, ahora puede ir a peor. Los rohingyas no ganan ni con unos ni con otros. Aunque no compartieran los métodos, la idea de echarlos (a los rohingyas) era compartida por todo el país, empezando por Suu Kyi y sus votantes”, asegura.

Apátridas en su propia tierra

Sin nacionalidad, sin ciudadanía, sin derecho a voto ni a participar en las elecciones…prácticamente, los rohingyas son una minoría sin derechos en Myanmar. Y es que a pesar de ser tan solo el 4% de la población total -1 millón de un país de 54 millones de habitantes-, el sentimiento anti-rohingya está “muy extendido en todo el país”, tal y como señala Marta Nuevo Falguera, analista de Asia-Pacífico. “El odio a los rohingyas viene de muy lejos, siempre ha habido mucha animadversión hacia esta minoría por temas étnicos o religiosos. Desde el Gobierno de la Junta Militar (1962-2011) no han vivido bien. Es una minoría que estaba relegada a poblaciones pequeñas, olvidadas y controladas. Nunca lo han tenido fácil.”

El nombramiento de Aung Sann Suu Kyi parecía iniciar una larga pero ansiada senda hacia la transición democrática del país cuando el Tatmadaw, la Junta Militar, decidió ceder parte del poder a un gobierno civil y redactar una nueva Constitución para el país ante el aislamiento internacional y la crisis económica. No obstante, los cambios introducidos fueron más bien tibios e impedían que se pudieran realizar reformas profundas y de gran calado. Por ejemplo, se reservaron un 25% de los escaños en el Parlamento, así como los ministerios de Defensa, Interior y Fronteras.

De este modo, el advenimiento de Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991, fue bien recibida por la comunidad internacional al considerarla la persona adecuada para dirigir el país de facto -la Constitución prohíbe que un birmano casado con un extranjero sea presidente del país- hacia una etapa progresista y con avances en materia democrática y de derechos humanos. El genocidio y la limpieza étnica contra los rohingyas en agosto de 2017 por parte del Ejército derribó de un plumazo la imagen idílica de Suu Kyi a nivel internacional.

“Desde que entró en el Gobierno a Suu Kyi se le ha recriminado que tenga el Premio Nobel de la Paz y permitiera el genocidio. Ella dijo que no son ciudadanos birmanos y que no hubo genocidio. Se niega todo”, apostilla Nuevo Falguera.

Pero la animadversión hacia esta minoría no tiene su origen en la etapa de Suu Kyi, como bien señala Nuevo Falguera. Desde el golpe de Estado perpetrado por los militares en 1962, los rohingyas han sufrido desde entonces discriminación, persecución y hostigamiento por parte de las autoridades birmanas al no reconocerlos como ciudadanos del país, sino como inmigrantes bengalíes que se asentaron en el país tras la colonización británica (1823). Debido a esto, tanto los rohingyas como otras minorías musulmanas han encarado numerosos obstáculos en el acceso a la educación, sanidad, viajes, empleo e incluso para poder casarse desde la independencia de Myanmar (1948).

“Después de la independencia de Birmania se debatió que pueblos debían ser considerados birmanos. Básicamente la idea era que todas las minorías que estaban en manos de los británicos, todos esos debían ser pueblos originarios de Birmania, salvo los rohingyas, que fueron aquellos que llegaron a mediados del siglo XIX tras la conquista de Birmania, por la colonización británica”, sostiene Gomà. Una discriminación que ha ido acompañada de múltiples episodios de tensión y violencia entre esta minoría y las comunidades budistas -mayoritarias en el país- en el estado de Rakhine, donde se concentra el grueso de la población rohingya.

Grupos étnicos en Myanmar / Fuente: Al Jazeera.

El punto de no retorno tuvo lugar en mayo de 2012, cuando supuestamente tres musulmanes violaron a una mujer en Rakhine. La respuesta a este ataque una semana después fue virulenta: una turba local indignada asaltó un autobús y mató a 10 hombres considerados musulmanes. A partir de entonces, la violencia se desencadenó, y el sentimiento ‘anti-rohingya’ se incrementó entre la población, lo que ocasionó diversas oleadas de refugiados y desplazados a causa de los ataques, encarcelaciones y discriminación por parte del Ejército y de las tensiones con la población.

Esta espiral de violencia y segregación tuvo su punto culmen en septiembre de 2017, cuando más de 700.000 rohingyas -la mayoría mujeres y niños- huyeron del país a causa de los ataques del Ejército después de que el Gobierno birmano culpara a esta minoría del asesinato de 12 oficiales en un ataque a una comisaría de policía en agosto de ese mismo año. El resultado de esta campaña a finales de septiembre de 2017 fue dramática: Quema de casas y poblados, asesinatos, torturas, acusaciones de abusos sexuales por parte de soldados birmanos, un éxodo masivo de personas hacia la vecina Bangladesh y decenas de miles de desplazados internos. Para marzo de 2019, el número ascendía ya a más de 900.000 personas hacinadas en los principales campamentos de refugiados: Cox´s Bazaar, uno de los más grandes del mundo.

La condena y repulsa de la comunidad internacional no tardó en llegar ante este episodio. Naciones Unidas calificó el acto como un “ejemplo de genocidio” y “limpieza étnica”, y se dispusieron todos los medios al alcance para realizar una investigación exhaustiva del caso y buscar a los responsables. De este modo, y tres años después de la barbarie, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) instó a Myanmar a que tomara las medidas pertinentes para proteger a la población rohingya e “impedir la destrucción de pruebas”, después de que Gambia presentara una causa en diciembre de 2019 acusando a Naypyidaw de haber incumplido sus obligaciones en relación con la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948). La defensa de Suu Kyi, en representación de Myanmar en el juicio en La Haya, era de esperar tal y como indicó Nuevo Falguera: negó que hubiera intenciones genocidas contra los rohingyas y alegó que se trataba de un “conflicto interno de lucha contra el terrorismo en su país”. A pesar de que admitió que pudieron cometerse crímenes de guerra contra la minoría, acusó a la población refugiada en Bangladesh y a las ONGs que les ayudan de “exagerar” los hechos y “acusar sin pruebas” a Myanmar.

Entre la inquietud y la incertidumbre

Una semana después del golpe, el pesimismo parece haberse instalado en la mente de los rohingyas. A pesar de los sentimientos contrapuestos en los primeros días entre los que se alegran por la detención de Suu Kyi al culparla como “responsable” del genocidio y de “no hacer nada” para evitarlo, y los que se oponen flagrantemente al golpe de Estado, la sensación general en la comunidad es de “miedo” y “preocupación” ante los acontecimientos, y va a suponer un reto aún más mayúsculo el regreso a sus hogares. Más aún cuando Myanmar y Bangladesh acordaron en 2018 un pacto de repatriación que ahora corre el riesgo de congelarse con los militares de nuevo en el poder. Un acuerdo que, según organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, era “ilegal y prematura” por el recuerdo aún muy presente de la violencia cometida contra los rohingyas por parte de Myanmar.

“(Bangladesh) mira con preocupación esta situación porque con el golpe de Estado puede venir una nueva oleada de refugiados tanto rohingya como de opositores al régimen. Los campos de refugiados en Cox´s Bazaar están a reventa, e incluso han llevado a algunos refugiados rohingyas a una isla deshabitada en la costa de Bangladesh, y ya hubo revuelo cuando los primeros refugiados llegaron a esa isla porque es bastante frecuente que haya inundaciones en épocas de monzón, y no es un lugar seguro para que viva tanta gente.”

Esa isla a la que hace mención Nuevo Falguera es la de Bhasan Char, en la Bahía de Bengala, y desde diciembre, mes en el que se inició el proceso de traslado de refugiados a esa isla, ya han sido ubicadas alrededor de 6.700 personas a pesar de las advertencias de organizaciones humanitarias por el riesgo de tormentas e inundaciones.

A todo esto se le unió, además, la pandemia del coronavirus en una región hacinada y empobrecida.

Bangladesh está trasladando refugiados rohingyas a la isla de Bashar Chan / Fuente: DW.

Bangladesh, aun así, se resiste a que se rompa el acuerdo. Tras el golpe de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores bangladeshí, Abulkalam Abdul Momen, declaró que “el proceso constitucional y democrático debe ser respetado en Myanmar” y, por lo tanto, el proceso para la repatriación de los refugiados rohingyas “debe continuar”.

De igual modo se ha pronunciado la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), de la que Myanmar es miembro, respecto al golpe en el país. En un escueto comunicado, la organización apeló al “diálogo, reconciliación y retorno a la normalidad” para recuperar la estabilidad política en el país.

“Es una organización que se rige por el hecho de que cada país se gobierne por sí solo. Puede elevar la voz, pero le interesan más los acuerdos económicos y comerciales. Los derechos humanos se respetan hasta que conviene. Hay que entender que el concepto de democracia allí no es el mismo que en Occidente”, arguye Gomà.

En la misma línea se expresa Nuevo Falguera: “Si la ASEAN lleva tantos años funcionando es porque sigue el mismo patrón de China de no interferir en asuntos internos de cada país. No es como la Unión Europea. Van más por temas económicos, cooperación o intercambio cultural que de otros asuntos que incumben a un solo país.”

A pesar de ello, el desarrollo de los acontecimientos en Myanmar preocupa en el sudeste asiático, sobre todo por la repercusión que puede tener en la región. Así pues, el pasado 5 de febrero los presidentes de Indonesia y Malasia se reunieron para tratar no solo el “retroceso” de la democracia en Myanmar, sino también por el impacto que pueda ocasionar en la crisis de refugiados rohingyas.

Llegados a este punto, el panorama no parece muy alentador para los rohingyas. “Si el escenario es malo, ahora es peor. Es posible que los militares utilicen el caso rohingya para apuntalar un nacionalismo más fuerte. Tienen el futuro muy negro, están solos”, señala Gomà. Para Nuevo Falguera, en cambio, la situación no cambia mucho respecto a cuando estaba Suu Kyi, pero si comparte el temor de que con la Junta Militar en el poder la agresividad y violencia contra los rohingyas se intensifique. “El futuro de los rohingyas es bastante incierto. Está lejos de Myanmar, y no pinta muy bien”, afirma.

En cuanto al papel que pueda desempeñar la comunidad internacional en el conflicto, Nuevo Falguera asegura que este puede ser “más bien escaso”, y advierte que las sanciones que se apliquen por parte de Occidente “no van a hacer más que empeorar la situación, sobre todo para aquellas organizaciones, tanto birmanas como internacionales, que están operando para ayudar a los rohingyas”.

Así pues, todo queda a la espera de lo que ocurra tras el fin del estado de emergencia y la convocatoria de nuevas elecciones en 2022.

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Miguel Rivas

Miguel Rivas. Graduado en Periodismo por la Universidad de Málaga. Máster en Periodismo Internacional por la Universidad Blanquerna-Ramon Lull (Barcelona). Pasión por la política internacional, interés en Asia.

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